En febrero aproveché este espacio para reflexionar sobre la necesidad de analizar y fortalecer la reforma judicial; ahora, dos meses después, considero que vale la pena volver a pensar el tema. Al final del día, lo que está en juego son los derechos de las personas y la manera de hacer justicia en México. Además, todo apunta a que –salvo que haya una decisión distinta– el próximo año habría nuevas elecciones judiciales, lo que nos exige aprovechar cada margen institucional disponible para corregir y afinar el modelo vigente.

Sostengo que la reforma judicial surgió como respuesta a un problema real de legitimidad, pues durante años, una parte importante de la ciudadanía percibió a los tribunales como espacios opacos e inaccesibles. La elección popular abrió una ruta inédita para atender esa distancia, un paso que merece reconocerse y consolidarse mediante ajustes responsables. Además, la experiencia acumulada durante los primeros meses de implementación nos ofrece elementos suficientes para emprender una nueva etapa de consolidación.

Un primer eje de mejora debe centrarse en simplificar la oferta electoral, ya que boletas saturadas con decenas de nombres vuelven más compleja la decisión y diluyen la posibilidad de un voto ciudadano verdaderamente informado. Reducir el número de candidaturas por plaza mediante filtros técnicos claros, reglas uniformes entre comités de selección y la eliminación de mecanismos aleatorios de definición permitiría simplificar el proceso.

Un segundo aspecto se relaciona con los tiempos y condiciones de campaña. Una oferta electoral más ordenada también facilitaría campañas que efectivamente permitan dar a conocer a la ciudadanía sus opciones de voto. Así, con menos candidaturas y perfiles previamente evaluados, el periodo de difusión podría concentrarse en contrastar trayectorias, especialidades, propuestas y visiones.

Un tercer punto corresponde a la preparación técnica de quienes aspiren a juzgar, pues la legitimidad democrática y la capacidad jurídica pueden y deben avanzar juntas. Por ello, resulta pertinente considerar evaluaciones nacionales objetivas para personas aspirantes a juezas, magistradas y ministras.

Atender las áreas de oportunidad de la reforma judicial debe entenderse como parte de la responsabilidad institucional, tanto del Poder Judicial como del resto del sistema estatal. Si el propósito original fue mejorar la impartición de justicia en México, entonces revisar su funcionamiento y atender sus puntos perfectibles forma parte del mismo compromiso. La justicia impacta la vida cotidiana de millones de personas, por lo que la reforma judicial debe asumirse como una tarea permanente de construcción democrática y mejora institucional.

Ana María Ibarra Olguín*

*Magistrada de Circuito. Licenciada, maestra y doctora en derecho

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