Según el Banco de España, la deuda pública española es de algo más de 1 billón de euros. El 97.1 por ciento del producto interno bruto (PIB), es decir, de toda la riqueza nacional. La deuda se ha triplicado desde que empezó la crisis: en 2007 era un 36 por ciento del PIB y hoy es casi el ciento por ciento. Una deuda que es impagable, una deuda que es imprescindible auditar y reestructurar.
En el Reino de España, los intereses de la deuda a pagar en 2015 sobrepasan los 35 mil millones de euros: casi una quinta parte de lo que se ingresará por impuestos. De reducirse los intereses de la deuda pública, los países de la eurozona, España incluida, tendrían presupuestos con superávit. Dicho de otro modo, si los gobiernos hubieran sido financiados por el Banco Central Europeo (BCE) al interés con el que generosamente financia a la banca privada, la deuda pública europea sería mínima. Y es que la utilización de la deuda no es técnica inocente, neutral ni imparcial. Los bancos han destinado el dinero barato del BCE para pagar los créditos con los que alimentaron la burbuja inmobiliaria y para comprar deuda pública con la que obtienen beneficios a costa del erario.
Que la deuda sea impagable hace imprescindibles moratorias, reestructuraciones, suspensiones y quitas. Medidas normales en el capitalismo, como lo fueron en el feudalismo y antes. En la Babilonia de Hammurabi, hace 4 mil años, hubo una treintena de reestructuraciones de deuda, incluidas cuatro anulaciones.
Pero no hay que ir tan lejos para comprobar que reestructuraciones y quitas de deuda son actuaciones frecuentes. Por el Acuerdo de Londres de 1953, 25 países acreedores aceptaron anular un 62 por ciento de la deuda externa alemana. Reducción que fue clave para la rápida recuperación y posterior desarrollo de la República Federal Alemana. Reinhart y Trebesch nos ofrecen algunos datos históricos sobre otras reestructuraciones de deuda cercanas; las amplias reducciones de deuda pública de Francia o Italia tras la conflagración mundial del 52 por ciento y 36 por ciento, respectivamente, con relación a su PIB de 1934. La deuda fue condonada en su mayor parte, olvidada, y, tras la reestructuración, mejoraron las condiciones económicas y ambos países crecieron.
La reestructuración o anulación de deuda pública es voluntad política, no cuestión técnica. Como también es voluntad política decidir a quién beneficia una reestructuración de la deuda. ¿A la ciudadanía? ¿A la minoría que detenta el poder económico? La deuda pública se utilizó en la década de 1990 para obligar a América Latina a aplicar políticas neoliberales. El mecanismo era sencillo: para lograr préstamos del Banco Mundial había que cumplir las condiciones que imponía el Fondo Monetario Internacional (FMI), que eran ajustes estructurales (despidos masivos y patente de corso para el capital), privatizar todo lo público y rebajar salarios. Chantaje puro y duro.
Desde hace 3 décadas es política neoliberal aumentar el endeudamiento de la mayoría de países para controlarlos o incidir en sus políticas. En la vieja Europa la deuda ha aumentado extraordinariamente por los tratados de Maastricht y Lisboa que prohíben al Banco Central Europeo prestar directamente a los gobiernos, pero no a los bancos privados. Con la caída de ingresos del Estado, por las rebajas de impuestos a los que más poseen y más ganan, los gobiernos recurren a la banca privada que compra sus bonos de deuda a interés más alto. Es el mecanismo de aumento de la deuda pública en Europa y de control que cierra así el círculo del uso torticero de la deuda.
uesto que el modo clásico de producción flaquea desde hace décadas para obtener los beneficios que pretendía la clase dominante, la deuda pública se ha convertido, en manos del poder económico y de sus gendarmes (FMI, BCE, Comisión Europea…), no sólo en mecanismo de control político sino también en medio para conseguir esos anhelados beneficios, en modo de acumulación de capital. Como también lo son la austeridad fiscal por trasvase de rentas de las clases populares a las elites, la corrupción (apropiación ilegal directa del contenido de las arcas públicas) y la especulación financiera desaforada. Si la deuda pública es hoy un medio de acumulación, es un modo de explotación y de dominio.
Por todo ello, hacer frente a la deuda, auditarla, reestructurarla y reducirla, pensando sobre todo en la gente, es obligatorio para defender los derechos de la mayoría, para empezar a cambiar las cosas y construir otro mundo posible más decente.
Xavier Caño Tamayo*/Centro de Colaboraciones Solidarias
*Periodista y escritor
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Contralínea 414 / del 30 de Noviembre al 06 de Diciembre del 2014
