Segunda parte / Primera Parte

La pérdida de soberanía a consecuencia de la reforma energética ha colocado en el centro del debate a dos proyectos de nación diametralmente opuestos: por un lado, se encuentran los que buscan justificar la entrega de nuestros recursos naturales como los hidrocarburos, el agua, el aire y la minería a los intereses extranjeros aliados con el capital doméstico; y, por el otro, los que invocan su defensa para utilizarlos como motor del desarrollo integral de nuestra economía en beneficio del pueblo, tal y como lo plantearon en su momento presidentes nacionalistas de la talla de Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos, artífices de la Expropiación Petrolera y la nacionalización de la industria eléctrica.

Con la reforma energética que impuso el Ejecutivo a un Poder Legislativo inconsciente y sumiso, y que seguramente avalará el Poder Judicial, cambia el proyecto de país para las actuales y futuras generaciones. Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dejan de ser empresas paraestatales, propiedad de todos los mexicanos, para convertirse en empresas productivas del Estado y quedar en manos de la clase política en turno, que sigue negándose a retomar nuestra memoria, donde se ha registrado, como inalterable axioma, que las multinacionales jamás traerán beneficios a la población.

Las leyes secundarias de la reforma energética, aprobadas en el Congreso de la Unión, explican en su fundamento teórico, y por sí solas, las razones antinacionalistas del porqué, tanto panistas como priístas, y sus partidos comparsas, han sido y serán incapaces de sostener un debate de cara a la nación para explicar, palmo a palmo, a los mexicanos sobre la innegable entrega que se tiene proyectada hacer del patrimonio y la infraestructura petrolera y eléctrica que le costó a la nación levantar en décadas de trabajo, así como la repartición del territorio nacional para ser explotado al gusto y los intereses de las empresas trasnacionales, poniendo en duda los supuestos beneficios a los ingresos fiscales y la reducción a los precios de la electricidad y los combustibles en bien de la población.

A confesión de parte, no son necesarias más pruebas sobre el verdadero origen de las reformas en materia energética, dictadas al pie de la letra por organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Veamos parte del diagnóstico elaborado por la OCDE sobre el que se basó la propuesta del Ejecutivo, que en su exposición de motivos expuso:

“La reconceptualización del papel del gobierno federal en las empresas productivas del Estado implica que aquél deje de ser su ‘administrador principal’ y se asuma como propietario. Esta distinción no es menor. Las mejores prácticas internacionales incluyendo los Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE y las Directrices de la OCDE sobre el Gobierno Corporativo de las Empresas Públicas, recomienda que las funciones de propietario estén claramente definidas y delimitadas, de manera que el gobierno, como dueño, no se entrometa en la operación cotidiana de la empresa y ésta tome sus decisiones de manera autónoma y con base en lógicas empresariales de negocio, alejada de presiones políticas coyunturales.

 “La distinción de las funciones de propietario es una práctica comúnmente aceptada en los marcos regulatorios de empresas del sector privado (por ejemplo, en la Ley del Mercado de Valores) por lo que si se busca acercar a las empresas estatales mexicanas a un marco de regulación y actuación más próximos al sector privado, deben tomarse las mejores experiencias y prácticas que coadyuven a tal propósito.

 “El que se retire el gobierno federal de la administración de las empresas, no implica en modo alguno que éste no pueda designar a algunos funcionarios dentro de los consejos de administración” (sic).

El aniquilamiento de las funciones pública y social del Estado en el sector energético, como se aprecia con lo anteriormente expuesto, no fue siquiera resultado de una propuesta emanada del actual gabinete o de acuerdos políticos entre los diversos partidos, sino impuesta desde el exterior por los analistas de organismos internacionales en función no de los intereses nacionales y de las mayorías sino de las grandes multinacionales. ¿Actuar al margen de los intereses nacionales no es acaso una traición a la patria?

Concitemos algo de lo expuesto por el expresidente Adolfo López Mateos en su Sexto Informe de Gobierno del 1 de septiembre de 1964, para demostrar el abismo que existe entre la visión nacionalista de país y la neoliberal. Dijo entonces el ejemplar mandatario:

 “El carácter de mi gobierno queda definido en el espíritu de las leyes expedidas en el periodo. La acción legislativa ha sido intensa e invariablemente inspirada en el interés nacional por los principios de la justicia social.

“Promovimos la reforma de los artículos 27, 42, 48, 52, 54, 63, 107 y 123 de la Constitución [Política de los Estados Unidos Mexicanos], para proveer a la nacionalización de los recursos eléctricos; a la declaración del dominio de la nación sobre la plataforma continental, los zócalos submarinos y el espacio aéreo; a establecer con la suplencia de la deficiencia de la queja en materia agraria, mayores garantías a ejidos y núcleos de población en los juicios de amparo; a la designación de diputados de partido con la misma categoría e iguales derechos y obligaciones que los de elección directa; a hacer efectiva la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresas; a dar nuevas bases a la fijación de salarios mínimos; a incorporar constitucionalmente los derechos de los trabajadores al servicio del Estado y a robustecer otras diversas garantías del derecho obrero.

 “Entre las leyes promulgadas cabe recordar la reglamentaria del Artículo 27 constitucional en materia de aprovechamiento de recursos minerales; la que adiciona el artículo 58 del Código Agrario y deroga la Federal de Colonización y la que creó la Comisión Nacional de Colonización; la reglamentaria del párrafo segundo del Artículo 131 constitucional en materia de control sobre comercio internacional con relación a los recursos económicos del país; la que incorpora al Régimen del Seguro Social Obligatorio a los productores de caña de azúcar y a sus trabajadores; la Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y la que crea el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los propios trabajadores; la de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas” (sic).

Como se aprecia, le memoria histórica no miente, sobre todo porque gobiernos nacionalistas como el de López Mateos acrisolaron en nuestra economía y el bienestar de la población los resultados del “milagro estabilizador”, que permitió al país tener un crecimiento sostenido del 6 por ciento del producto interno bruto; ahora, con los modelos neoliberales no hemos llegado siquiera a la mitad. Es inobjetable que las leyes emitidas antaño realmente buscaban un beneficio a la población; por eso, los hoy ofertadores del país rehúyen debatir al respecto.

Al fundar Pemex y la CFE y nacionalizar la industria eléctrica, tanto Cárdenas como López Mateos tuvieron presente la soberanía de la nación sobre sus recursos energéticos y la visión de utilizarlos como palanca del desarrollo de la economía y en beneficio de su población. Ahora, con el anuncio de la liberación del precio de la gasolina, el gas doméstico y la electricidad, según las reglas del mercado entre la oferta y la demanda, las tarifas jamás tenderán a bajar, pues habrá que agregar las ganancias que buscarán obtener al máximo las empresas privadas que controlarán dicho mercado.

Es impostergable, por ello, ampliar el debate nacional para preparar un proceso de resistencia civil y pacífica, que tienda a recuperar los recursos energéticos para el desarrollo de nuestra economía y en beneficio del pueblo. Los dos proyectos están claramente definidos y los mexicanos tenemos el derecho a decir cuál es el mejor para asegurar el porvenir de las futuras generaciones.

Martín Esparza Flores*/Segunda y última parte

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas

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Contralínea 401 / 31 agosto de 2014