Durante la campaña electoral, Andrés Manuel López Obrador hizo varios compromisos que resultaron ser el imán para que los ciudadanos optaran votar por él. Los que llamaron más la atención fueron: el combate a la inseguridad y a la corrupción; reducir el salario del presidente de la República y, con ello, los de sus colaboradores; eliminar la pensión vitalicia a los expresidentes; cancelar el nuevo aeropuerto de la ciudad de México; descentralizar las secretarías de Estado a diferentes entidades federativas; revisar los contratos surgidos de la reforma energética; aumentar las pensiones a los adultos mayores y doblar la de los adultos mayores incapacitados; brindar becas a los ninis para que estudien y trabajen; fortalecer el mercado interno; proponer un plan de amnistía para reducir los índices de delincuencia; cancelar la reforma educativa… y podemos enumerar muchos más.
Se supone que en este periodo de transición su equipo de colaboradores ha estado trabajando arduamente en ello y lo que se puede percibir es que va en serio, aunque no todo lo que pretende lo va a solucionar con el hecho de tener la mayoría en las cámaras que integran el Congreso de la Unión.
Profundicemos en algunos puntos.
1. La corrupción se puede reducir significativamente en el sector público, pero no en la sociedad que está inmiscuida en ella. En el sector público es una buena idea que exista un área encargada al ciento por ciento de las licitaciones públicas. El problema es el volumen de adquisiciones que se hacen anualmente y que forzosamente cada entidad pública debe de considerar sus necesidades. Siempre he comentado que el proceso actual de adquisiciones es casi perfecto y se lleva a cabo paso por paso. El problema que ha existido son los funcionarios públicos encargados de estas licitaciones, y que es en donde se origina la corrupción. Si a lo que se comprometió López Obrador es a reducir la burocracia, con la idea de tener un área única se estaría incrementando. Quizá el camino sea concentrar todas las áreas actuales en una. Claro, con varios coordinadores porque uno solo no se daría abasto. Es una buena idea la consolidación de las adquisiciones, pero cuidado: la corrupción también se puede consolidar.
2. La inseguridad se ha desbocado desde el sexenio de Felipe Calderón y fue incrementada con Peña Nieto. Con Andrés Manuel las muertes que se presenten a partir del 1 de diciembre serán registradas en su estadística. Cada día hay robos, asaltos con violencia, femenicidios, ajustes de cuentas, robo de combustibles, robo al y en el trasporte público, secuestros, violaciones, narcomenudeo y tráfico de drogas, lavado de dinero, etcétera. Creo que López Obrador ya se dio cuenta del tamaño del problema y, por ello, expresó que tanto el Ejército como la Armada no se irían a sus cuarteles. Y mencionó las condiciones en que se desenvuelven las Fuerzas Armadas, primordialmente los policías federales. En su campaña propuso una amnistía como un primer paso, la cual aún no queda clara cómo se va aplicar y quienes serán los beneficiados. Los grandes delitos son cometidos como parte de un magnífico negocio y no como una necesidad económica. Me sorprende que señale que porque él se va a encargar directamente de la seguridad, al tener monitoreo diario con su equipo de seguridad, habrá mando único. Hay que recordarle que el puesto que va a ocupar a partir del 1 de diciembre es el de presidente de la República y no el de policía.
3. Con respecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, es sorprendente que la decisión final sea la consulta pública, la cual –de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos– no se puede hacer como tal porque hay que seguir una serie de procedimientos. ¿Por qué no cancelarlo, como lo cacareó en su campaña? Pues simplemente hay que considerar los aspectos técnicos, financieros, intereses de aerolíneas nacionales e internacionales, intereses de los viajeros, accesibilidad del espacio aéreo. No es sólo un factor. No estoy en contra de una consulta, siempre y cuando se haga correctamente. Si se hace por encuesta, ya no entra dentro de la definición de la consulta porque sería un muestreo. Y entonces hay que determinar los segmentos que hay que encuestar. Quizá sea bueno hacer una encuesta ponderada en la cual se dé un peso específico a cada aspecto, incluyendo a la población y la que obtenga la mayor puntuación sea la seleccionada. Desde mi punto de vista, no puede ser una consulta en donde la decisión de la población sea la que finalmente decida. Primero, porque muchos votarían en contra del nuevo aeropuerto, siguiendo la inercia del 1 de julio. Y segundo, porque no a toda la población le importa el aeropuerto. Claro, la consulta sería para lavarse las manos y decir: el gobierno no lo decidió (cualquiera que sea), fue la sociedad.
4. En la propuesta de descentralización del sector público, ya ha habido experiencias y no todas han sido buenas. Después de los sismos de 1985, se promovió que servidores públicos que laboraban en el Distrito Federal, en forma voluntaria, decidieran trasladarse a diversas entidades federativas y les ofrecieron todas las facilidades para que lo hicieran. Estuvieron 2 o 3 años fuera y después se regresaron ante la no aceptación que tuvieron por parte de los pobladores de las ciudades a las que se decidieron ir. Incluso en algunos estados se adoptó un lema: haz patria, mata un chilango. Si López Obrador le va a dar gran importancia a la consulta, que también lo haga en este caso en las ciudades que serían receptoras de las personas que se tuvieran que ir. No es correcto plantear para algunos casos importantes la consulta y para otros, no menos importantes, no hacerla. Cierto, no es posible someter todo a consulta porque se estaría contraviniendo la gobernanza, es decir, el quehacer del gobierno.
5. Con respecto de reducir sueldos de los funcionarios públicos, lo primero que hay que hacer, señor López Obrador, es construir un nuevo tabulador de los funcionarios públicos. Actualmente existe un tabulador por cada nivel de salarios: desde jefes de departamento hasta subsecretarios. Cada nivel tiene nueve subniveles que en un momento se cruzan entre un puesto y otro. A partir del subnivel 2 (todos se identifican por un código alfanúmerico), ya son puestos de alta responsabilidad. Esto conlleva a que en determinado momento un jefe de departamento con subnivel 6, gane más que un subdirector de nivel básico. Esto implica, que, aun cuando se tengan las mismas funciones, existan funcionarios de primera, segunda, tercera… y hasta novena clase. Asimismo, hay secretarías que sus puestos son básicos y otras que son de alta responsabilidad. Después de ello, entonces aplicar lo propuesto, el riesgo es que el sector público se nutra de militantes de partidos que no estudian ni trabajan (los ninis de la política), pero que sí viven de la política, ya que para muchos ya no sería atractivo trabajar en el sector público, al menos que lo hagan por hobby.
6. El Tratado de Libre Comercio, fue un buen negocio para Estados Unidos, pero no para México. El gobierno de Peña Nieto tembló cuando Donald Trump señaló que no quería el TLC e hizo hasta lo imposible para que se llegara a un acuerdo. López Obrador, durante su campaña, comentó que era necesario revisarlo y en la noche del 1 de julio en su discurso de triunfador de las elecciones señaló como prioridad el mercado interno. De esa fecha a la actual, se sumó Jesús Seade (representante del gobierno que entrará en funciones el 1 de diciembre) al equipo negociador conformado por el secretario de Economía y el de relaciones exteriores y aceptó lo que se había negociado. Se deja claro que si Trump se sintió feliz por llegar a este acuerdo con México, es que ganó más que nuestro país. El ganar-ganar tiene sus niveles, y en este caso el que gana más es Estados Unidos. No se puede decir que México no gana, pero lo hace en menor medida, que no es sorpresa porque en el anterior acuerdo pasó lo mismo. Hay que entender que no son economías comparables y que la mexicana está muy por debajo de su socio comercial. ¿Por qué firmarlo? Dos cuestiones que quiero subrayar, además que existen otras. Primero, evitar un impacto negativo en los mercados financieros; y segundo, porque México depende comercialmente en un 70 por ciento de Estados Unidos y no ha diversificado el mercado internacional, por lo que no encontraría el mercado suficiente para las exportaciones.
Finalmente, creo que lograr concretar muchas propuestas está cuesta arriba. Los escenarios no son los mejores y los detractores del gobierno entrante encontrarán un “caldo de cultivo” que les permita insistir que lo pasado el 1 de julio no cumplió con las expectativas que se generaron en una parte importante de la sociedad. Cuidado, ya lo vimos el 1 de julio, la sociedad se cansa, se harta y castiga.
Oscar Enrique Díaz Santos*
*Doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en gasto público y presupuesto
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