Ha sido unánime la conmoción por las imágenes de hombres sumergidos en el agua en una jaula para morir ahogados; otro grupo de hombres puestos de rodillas amarrados con un cable explosivo que les reventará las cabezas y los cuerpos; imágenes de jóvenes mutilados que bien podrían no tener la mayoría de edad. Estas torturas, tratos degradantes y asesinatos se le atribuyen al autodenominado Estado Islámico.
Cambio de escenario: imágenes de encapuchados vestidos de naranja que sufren simulaciones de ahogamiento, que son encerrados en habitaciones donde no ven un rayo de luz en días o, por lo contrario, tienen una luz blanca las 24 horas durante días y semanas, o que tienen que soportar música estridente a volúmenes enloquecedores. Todos estos presos fueron capturados en la llamada “guerra contra el terrorismo” y no pudieron defenderse ante ningún tribunal. Entre ellos hay ancianos y personas con enfermedad mental.
Los defensores de los derechos humanos rechazan esta tortura de años como cualquier otra que se produzca en el mundo, sin importar el perpetrador. Pero algunos gobiernos, con su conducta, parecen justificar Guantánamo, Abu Ghraib, Bagram y tantas otras cárceles y centros de detención donde se ha torturado a miles de supuestos terroristas que no han tenido un juicio. Algunos salieron de su casa una mañana y dejaron atrás una familia que no conoce su paradero y que no sabe si aún respiran.
Todo apunta a que Barack Obama terminará su mandato sin cerrar la cárcel de Guantánamo, una de sus promesas estrella antes de asumir la Presidencia de Estados Unidos. Sobre él se proyectan muchas otras sombras, como devela el informe de un Comité del Senado sobre distintos casos de tortura que implican a la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su sigla en inglés) y a otros servicios secretos de Estados Unidos. El gobierno de George Bush las puso en marcha, pero se mantuvieron durante los años que lleva su sucesor en el poder. A esto se suma el cuestionamiento de la versión oficial sobre el asesinato de Osama bin Laden que ha publicado Seymour Hersh, el mismo periodista que destapó la masacre de My Lai durante la Guerra de Vietnam.
Los defensores de tales métodos, por considerarlos un instrumento legítimo para extraer información y salvar vidas del mundo libre, se quedan con cada vez menos argumentos. El caos político, económico y social en Irak, en Afganistán y en otros lugares donde se ha librado la supuesta guerra contra el terror permite cuestionar dicha eficacia.
En muchos debates sobre la tortura se ha utilizado a Chile como ejemplo. El gobierno de Pinochet había torturado, pero luego, en las décadas de 1980 y 1990, aquel país vivió un supuesto auge económico al que se le llegó a llamar “el milagro chileno”. No importaba que su vecino, con más de 10 veces el número de torturados y desaparecidos, tuviera una deriva opuesta con los años de corralito y de deterioro económico y social. En México, cuerpos policiales y del Ejército torturan para extraer confesiones falsas, como lo confirma desde hace tiempo Juan E Méndez, relator de la Organización de las Naciones Unidas sobre la Tortura. Pero hay una parte de la sociedad mexicana que considera que la mano dura forma parte de una estrategia para acabar con la lacra del crimen organizado.
Ahora imaginemos que todos los países mencionados hubieran vivido o vivieran ahora una situación de bienestar y de estabilidad. ¿Quedaría justificada la tortura, incluso en casos donde las personas torturadas fueran inocentes? El peligro de recurrir a los resultados radica en una deriva donde la tortura se justifique en función de quién defiende el bien común, de quién tiene legitimidad para torturar; donde torturar en determinados casos esté justificado desde una perspectiva ética y moral.
La prohibición de la tortura como principio aceptado en derecho internacional, de forma consuetudinaria, y también por medio de tratados y acuerdos, parte de la convicción de que no se puede aceptar la tortura bajo ninguna circunstancia; nadie tiene legitimidad de infligir sufrimiento ni de consentirlo en su territorio por muy loable que sea su fin: imponer un modelo de crecimiento económico, ahuyentar el comunismo, acabar con el terrorismo o luchar contra los cárteles de la droga. Para eso hay leyes y personas que las hagan cumplir.
Carlos Miguélez Monroy*
*Periodista y editor en el Centro de Colaboraciones Solidarias
[OPINIÓN]
Contralínea 444 / del 06 al 12 de Julio 2015
