Invisibilizada por la violencia generalizada, la violencia contra las mujeres por su condición de género no ceja en el país. Siguen en aumento las desapariciones, los feminicidios y, atrás de éstos, la grave situación de discriminación y una violencia latente y sistemática, naturalizada por nuestra sociedad patriarcal, que se expresa de múltiples formas. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ha informado que durante 2013 y 2014 en promedio se han asesinado a siete mujeres diariamente en el país, cifra que nos lleva a cuestionar y revisar los procesos impulsados desde el gobierno para aminorar e incluso terminar con esta realidad.

La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aprobada en 2007, ya respondía a una situación de agresión hacia las mujeres permitida por una cultura discriminatoria en la cual se privilegia la cosificación y mercantilización de las mismas, legitimando las prácticas de violencia hacia ellas. Los mecanismos empleados para desvalorizarlas, excluirlas y explotarlas atentan contra los derechos humanos en general. Desde la inaccesibilidad en el ámbito laboral y económico, hasta la violencia institucional, física y sicológica, expresándose claramente en la feminización de la pobreza, es evidente que a la fecha en México no se han desarrollado las medidas integrales necesarias para erradicar la violencia de género que sufren.

Según esta Ley General, en su artículo 21, “la violencia feminicida es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de los derechos humanos, en los ámbitos público y privados, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y pueden culminar en homicidio y otras formas de muerte violente de mujeres”. Una estrategia para luchar contra el feminicidio ha sido la promoción de la activación de la Alerta de Violencia de Género. A la fecha, de 10 entidades federativas que han solicitado su activación por la creciente inseguridad en la que se vive cotidianamente, con enormes consecuencias negativas para la vida, la libertad y la seguridad de las mujeres, sólo en tres estados se ha accedido a su ejecución.

El objetivo de la Alerta de Violencia de Género es “garantizar la seguridad de las mismas (las mujeres), el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos”. Se cumplieron ya 7 meses desde que la Secretaría de Gobernación emitió la Alerta de Violencia de Género en 11 municipios del Estado de México, y 6 meses de que lo hizo para ocho municipios de Morelos. Es un plazo razonable para ver algunos resultados del trabajo que se ha hecho para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y poner un alto a los feminicidios. Ciertamente es un proceso gradual, pero hasta ahora diversas organizaciones de la sociedad civil que trabajan el tema, entre ellas la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (Cidhmor) afirman que la Alerta de Violencia de Genero ha servido poco para prevenir, menos erradicar, los feminicidios en Morelos, pues incluso se observa un aumento.

Para las organizaciones que integran la Red Todos los Derechos para Todas y Todos y que acompañan a familiares de víctimas de feminicidio y otras violencias hacia la mujer, en el feminicidio se pueden señalar dos tipos de responsables: “el primero es el autor directo, el segundo es menos visible, normalmente un ministerio público, juez, policía, perito, legislador, que con su acción deliberada, omisión y desdén incurren en violencia institucional” (Agenda política 2015-2020. Ante la adversidad y la indignación: La construcción colectiva; puede consultarse en http://redtdt.org.mx/?p=3968). La gestión del gobierno actual en Morelos, encabezado por Graco Ramírez, no ha significado ningún cambio en la garantía de seguridad y respeto a los derechos humanos. Así lo muestra el horror de las fosas clandestinas de Tetelcingo, donde sólo han sido identificados 61 cuerpos de 116 descubiertos, entre los cuales se encuentran 13 mujeres.

No se trata de desechar esta política pública que mucho ha costado a las organizaciones y familiares de víctimas de feminicidio. Después de una extensa justificación a través de la puntual documentación de cientos de casos, las organizaciones que trabajan en el Estado de México y Morelos han empujado esta innovadora política pública, participando en su construcción y siguiendo su puesta en práctica. Como sociedad, no podemos dejar que políticas públicas que han implicado un largo proceso de reflexión y de diseño estén mal implementadas, cayéndose en simulación por parte del Estado.

El número de feminicidios en Morelos es de 686 casos en 16 años. Recordamos que hace más de 2 décadas se realizó la denuncia sobre los múltiples asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, implementando el término feminicidio para explicitar que estas muertes fueron por causa de su condición de mujer. Ello generó la sentencia Campo Algodonero, en la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano por violar derechos humanos en los casos de feminicidios sucedidos en Ciudad Juárez contra tres mujeres, dos de ellas menores de edad, y por la violencia estatal ejercida en contra de sus familiares. En este contexto es impactante que, contrario a lo esperado, el fenómeno del feminicidio se ha extendido como una plaga en todo el país. Ante esto, el Estado mexicano se vuelve directamente responsable por acción y omisión, al no generar las medidas pertinentes en materia de investigación, tipificación y elaboración de marcos legales para la correcta administración de justicia.

El informe de Cidhmor nos invita a hacer preguntas pertinentes. ¿Cuáles son las estrategias de prevención, vigilancia y seguridad pública que se han tomado para evitar más feminicidios? ¿Cuáles son las acciones para gestionar la búsqueda y localización de niñas y mujeres?

Es pues urgente hacer un llamado a las autoridades que han demeritado los homicidios de mujeres con actitudes misóginas, revictimizando a las víctimas y sus familiares y sin profesionalismo ni voluntad política para terminar con este terrible flagelo. Ni las desapariciones ni los asesinatos ni la impunidad son identificados como un grave problema, como tampoco se reconoce la responsabilidad del gobierno en estos sucesos. Su erradicación no es un eje prioritario de la política de desarrollo social y de la gobernabilidad, ni de sus compromisos en materia de derechos humanos.

Las organizaciones que conforman la Red Todos los Derechos para Todas y Todos estamos convencidas de que no podemos dejar que se oculte la gravedad de la violencia contra las mujeres, ni que se invisibilicen los graves daños que estos traen para la sociedad en su conjunto. Exigimos una correcta aplicación de la Alerta de Violencia de Género para enfrentar y erradicar la violencia feminicida a través de la conjunción de esfuerzos entre las distintas instituciones y la creación, modificación e implementación de políticas y acciones de prevención y atención integrales acorde al contexto de violencia e inseguridad actual en el país.

Fernando Ríos Martínez*

*Secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos

[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: ARTÍCULO]

Contralínea 477/ del 29 de Febrero al 05 de Marzo del 2016