Al olvido en que se encuentran en su país por ser pobres y no tener empleo, los mexicanos indocumentados sumarán otro más, definitivo: sus nombres no se podrán saber públicamente en México si fallecen en cárceles de Estados Unidos o al cruzar la frontera Norte, ni las circunstancias de su muerte por buscar un sustento para sus familias
Los migrantes mexicanos que mueran en Estados Unidos no tendrán derecho siquiera a que su caso sea conocido públicamente en México. Ése es el trato que recibirán del gobierno quienes aportan a la economía nacional entre 20 mil y 30 mil millones de dólares en remesas al año. Es la segunda fuente de ingresos más importante de México.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), ante una solicitud ciudadana de información sobre los indocumentados que han muerto en cárceles estadunidenses, reveló que carecía de esta información. Los había olvidado, pese a tener un costoso aparato burocrático y programas cuyo objetivo es la protección de mexicanos en el exterior.
El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) sostuvo que la SRE había sido altamente negligente al declarar inexistente la información sobre los compatriotas fallecidos en cárceles estadunidenses. Su respuesta, dijeron los comisionados, era vergonzosa, escandalosa.
Exigieron a la SRE buscar e informar del número de mexicanos muertos en prisiones estadunidenses, y las causas de sus decesos.
Sin embargo, por decisión mayoritaria –con votos de Jacqueline Peschard, presidenta, Sigrid Arzt, y María Elena Pérez Jaen–, acordaron no dar a conocer los nombres de los indocumentados fallecidos en cárceles estadunidenses, por el derecho al olvido que tienen sus familiares, como si fuera vergonzoso ser detenidos y encarcelados en aquel país por buscar trabajo, sostuvieron los comisionados Ángel Trinidad, ponente, y María Marván, quienes votaron en contra.
En entrevista, Ángel Trinidad enfatiza que la consecuencia de esta medida es que tampoco se podrán conocer públicamente los nombres de los mexicanos que mueren al cruzar la frontera, información que podría permitir a sus familias reclamar los cuerpos y pedir indemnizaciones en caso de haber sufrido algún abuso de la autoridad estadunidense.
Hay pocos datos oficiales disponibles, pero se sabe que, de 1993 a 2008, murieron unos 5 mil 100 indocumentados. En 2009, se estimó que serían más de 400.
De 1998 a 2006, se fueron a la fosa común más de 1 mil mexicanos; de los que fueron reconocidos se desconoce si sus familiares supieron de su fallecimiento o por lo menos a tiempo, de acuerdo con reportes de organizaciones no gubernamentales y grupos de defensa de derechos humanos.
Ángel Trinidad comenta, con ironía, que si muriera en Estados Unidos un hombre rico mexicano, nuestro gobierno se movería con mayor agilidad para saber qué le sucedió y lo repatriaría, y no le importaría que se supiera su nombre, pues lo haría en nombre del interés público.
“Esto implica que sus familiares aquí se van a enterar muy rápido. Y si falleció bajo circunstancias no claras o extrañas, yo le aseguro que inmediatamente el gobierno va a presentar quejas en todos lados”.
Lamenta: “Pareciera que ser pobre en México tiene, además, esta otra terrible situación de pasar doblemente al olvido”. Pues los pobres que se fueron a Estados Unidos, enfatiza, sólo tienen derecho al olvido.
Por designios de la SRE y el Ifai, una familia de la república mexicana que quiera conocer el paradero de algún pariente que emigró a Estados Unidos en busca de trabajo tendrá que ir a Relaciones Exteriores en la ciudad de México, por lo menos cada mes, porque los nombres de los fallecidos o perdidos no se podrán dar a conocer al público.
Esa búsqueda representa gastos de transporte, hospedaje y manutención que son inaccesibles a muchas familias mexicanas. Y todo para nada, porque se llevarán la sorpresa de que la SRE –como ella misma lo reconoce– no cuenta con esa información.
Existe todo un aparato burocrático en Relaciones Exteriores –encabezada por Patricia Espinosa, con un sueldo de 150 mil 349 pesos mensuales– para proteger a los mexicanos en el exterior, que en realidad no protege, pero cuyos funcionarios cobran su gran sueldo.
La Subsecretaría para Asuntos de América del Norte cuenta con la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior y la Dirección General de Servicios Consulares, cuyas funciones son ayudar a los nacionales en algún problema fuera del país.
Estas tres oficinas están encabezadas por los embajadores Julián Ventura Valero (con un sueldo de 137 mil 212 pesos mensuales) y Daniel Hernández Joseph (121 mil 368 pesos), y el ministro Carlos I Giralt Cabrales (121 mil 368 pesos).
Las direcciones de Protección y de Servicios Consulares cuentan, además, con el auxilio de la Consultoría Jurídica, conducida por el embajador Joel Antonio Hernández García (136 mil 704 pesos).
Existen, además, los programas de Protección a Mexicanos en el Exterior y de Protección y Asistencia Consular, por si existía alguna duda de que era imposible que esas dos direcciones protegieran a los mexicanos en el extranjero. Toda la estructura cuenta con decenas de empleados de menor jerarquía.
A diferencia de la SRE que no tiene datos, el periódico The Washington Post presentó, el 11 de mayo de 2008, una nota sobre inmigrantes fallecidos en cárceles de Estados Unidos a causa de negligencias médicas, con base en documentos del Buró de Inmigración de ese país.
De 83 muertes de inmigrantes detenidos entre marzo de 2003 y marzo de 2008, la acción médica tomada –o no– en 30 casos pudo contribuir a las muertes, de acuerdo con expedientes médicos, entrevistas confidenciales internas, o la asesoría de médicos externos que revisaron algunos casos para The Washington Post.
El diario estadunidense despliega una lista con los nombres de 30 inmigrantes fallecidos, su país de origen, edad, lugar donde murió y fecha de fallecimiento, de los cuales 11 son mexicanos.
A Rebeca Rodríguez Gómez, presidenta del Centro de Estudios Fronterizos y de Promoción de los Derechos Humanos (Cefprodhac), con sede en Reynosa, Tamaulipas, con más de 20 años de atender a la población migrante, no le extraña la indiferencia de las autoridades mexicanas con los indocumentados.
Refiere que la mayoría de los nacionales que han sido deportados no recibieron ninguna visita consular de México en las estaciones migratorias de Estados Unidos. “Se supone que este país informa a la embajada o consulado mexicanos de estas deportaciones, y si no lo hace, la obligación de éstos es indagar y saberlo.
“Si no hay visitas periódicas a las cárceles y a las estaciones migratorias, ¿cómo van a tener esa información? Los consulados de México en Estados Unidos dejan mucho qué desear; no están haciendo su tarea. Es muy lamentable que actúen de esa manera, pues cuando estás en otro país sólo te puede proteger la embajada y sus consulados”, asegura.
La falta de vigilancia de las representaciones diplomáticas de México da pie para que Estados Unidos viole el acuerdo bilateral de no repatriar en la noche a menores de edad.
Hay que exigir a las autoridades mexicanas que hagan su trabajo, enfatiza. “Al Cefprodhac ha venido mucha gente que ha querido tener informes sobre sus familiares que se encuentran detenidos en alguna cárcel de Estados Unidos, y es un sinfín de formas que tienen que firmar, muchas vueltas que tienen que dar para que se les pueda dar esa información”.
Entonces, continúa, “vienen con nosotros e inmediatamente nos ponemos en contacto con los consulados, donde el familiar tiene la sospecha de que está ahí su pariente, y lo empezamos a rastrear. Pero ése es un trabajo que Relaciones Exteriores no quiere hacer. Sin embargo, nos topamos con la burocracia y muchas veces el migrante no recibe la atención”.
Refiere que se está recibiendo a muchos mexicanos deportados por redadas y aquí sufren un terrible desencanto. “Uno de ellos me dijo: ‘Yo tengo 10 años mandando dinero a mi familia y no es posible que ya estando aquí en la frontera no tenga un apoyo para regresar a mi lugar de origen’. Todo ese dinero de los migrantes ha llegado a México y se queda aquí en forma de impuestos”.
Eduardo González Velázquez, doctor en historia por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, especialista en temas migratorios, considera que si la Secretaría de Relaciones Exteriores no supo cuántos mexicanos había durante los terremotos de Haití y Chile –pues se supone que registra su salida del país?, menos va a saber cuántos están en cárceles de Estados Unidos.
La SRE tiene la red consular más grande del mundo en Estados Unidos; sin embargo, dice, es indiferente a la suerte de los mexicanos.
Considera además que es indispensable conocer públicamente los nombres de los mexicanos indocumentados fallecidos en las cárceles de Estados Unidos y al cruzar la frontera, para que las familias exijan los cuerpos o hagan los reclamos correspondientes si hubo alguna arbitrariedad o negligencia de las autoridades.
Por eso, la decisión del Ifai de no dar a conocer los nombres le parece vergonzosa. “A las mismas familias les interesaría saber si su pariente está preso, porque ni modo que (los datos) se los pidan a las cárceles en Estados Unidos”.
Indocumentados, en la indefensión
Carlos es un joven mexicano que fue encarcelado por vivir indocumentado en una ciudad de Arizona. Refiere que en la prisión donde estuvo, llegan alrededor de 60 y hasta 80 ilegales detenidos cada semana. Algunos mueren por la desesperación de no poder comunicarse con sus familiares, por pelear con otro recluso o por droga que circula en el penal.
“En la cárcel de Estados Unidos, a los mexicanos se les termina cualquier derecho por no tener papeles y no hay modo de avisar a algún familiar, a menos que tenga 5 mil dólares”.
Refiere que no vio morir a ningún mexicano en esa prisión, pero recuerda que una vez observó a un prisionero aventarse del segundo piso del penal. “Nadie supo si falleció”.
Los mexicanos pueden dar nombres falsos si trabajan en Estados Unidos, pero todos dan en la cárcel su verdadero nombre para que no les den más años de prisión si dan uno falso.
Durante los dos meses que estuvo preso, no vio a ninguna autoridad mexicana para defenderlos o darles algún apoyo, como avisarles a sus familias.
