Migración, circulación de armas, refugiados sirios, Estado Islámico, cárcel de Guantánamo, América Latina… ningún tema ha logrado concretar Barack Obama y ha iniciado su último año como presidente de Estados Unidos. Lo peor es que ya empezó el proceso electoral y los republicanos no están dispuestos a aprobar leyes y reformas que se conviertan en banderas de los demócratas.
El gobierno federal cuenta con, al menos, nueve vehículos aéreos no tripulados o drones. Los más caros están al servicio de la Policía Federal, la cual pagó por dos unidades 48 millones 500 mil dólares (unos 638 millones de pesos) a la israelí Elbit Systems, Ltd. Con la misma compañía, la Sedena adquirió también dos aeronaves cuyo costo ascendió a 25 millones de dólares (alrededor de 329 millones de pesos).
Jacobo Silva Nogales fue detenido por un comando de elite. Lo de menos fue que no se le exhibiera una orden de presentación emitida por un juez: por 5 días permaneció en la total indefensión frente a sus captores, quienes no lo pusieron de inmediato a disposición de las autoridades judiciales.
En el pasado, era un lugar común pensar que la violencia del narcotráfico sólo tocaba a quienes se atrevían a meterse con él. La creación de narcoestados o narcolocalidades ha vaciado de contenido esa noción.
Dos instituciones encargadas de la seguridad nacional fueron utilizadas contra el Sindicato Mexicano de Electricistas durante el sexenio pasado: la Sedena y el Cisen. La primera envió soldados –disfrazados de policías– a las instalaciones de la entonces paraestatal Luz y Fuerza del Centro para desalojar a los trabajadores.
Estudiantes, activistas, amas de casa, campesinos… Contra cualquiera se podrían enfilar las instituciones de seguridad nacional del Estado mexicano. El marco jurídico define ambiguamente cuáles son las actividades que amenazan a la nación; y nada dice de cuáles son los objetivos, intereses y aspiraciones nacionales.
“Seguridad nacional”, el ardid para eludir la ley. En México, los organismos de inteligencia –civil y militar– no rinden cuentas del dinero público que ejercen ni de su desempeño profesional. Con frecuencia, estos organismos son utilizados para espiar ilegalmente a los adversarios políticos del régimen en turno y violar derechos humanos.
Espionaje ilegal, ausencia de rendición de cuentas, violación a derechos humanos, impunidad, falta de control social, ineficiencia… Definiciones que surgen de especialistas, legisladores y de los propios funcionarios cuando se trata de analizar seriamente el desempeño de las instituciones mexicanas encargadas de la seguridad y la defensa nacionales, que tan sólo para 2013 cuentan con un presupuesto que rebasa los 73 mil millones de pesos.
Puntual como acostumbra ser para sus actividades laborales, el secretario de Estado Miguel Ángel Osorio Chong llegó a su cita con la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. Era la mañana del pasado 28 de junio. Traje oscuro impecable, corbata y zapatos lustrosos vestía el responsable de la política interna del país. En la sala de juntas ya lo esperaban senadores y diputados. Al titular de Gobernación lo acompañaba un equipo mínimo de asesores, de esos que acostumbran a elaborar tarjetas informativas ante preguntas incómodas o difíciles de responder. Sólo un fólder con documentos y notas al margen llevaba el funcionario.
Los informantes que han puesto al descubierto el espionaje, las intrigas, los sabotajes y otras actividades ilegales de los organismos de seguridad nacional estadunidenses no son simples “denunciantes”, como si se tratara de ciudadanos que buscan corregir las pocas fallas de un sistema democrático.
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