Durante muchas décadas algunos países han tenido que lidiar con el crimen organizado. Los gobiernos de Estados Unidos, Italia y Colombia, por citar sólo casos emblemáticos, tienen mucha experiencia en esa materia, y por supuesto ahora el gobierno mexicano se suma a ese bloque porque libra una de las batallas más intensas de que se tenga memoria en contra de grupos criminales que atacan a la sociedad en todos los frentes posibles: homicidios, secuestros, extorsiones, robos, narcotráfico, migración, trata de personas, tráfico de órganos, lavado de dinero.

Fue precisamente en dos países, Italia y Colombia, en donde se instrumentó aquellos llamados jueces sin rostro, que no era otra cosa más que procurarles protección mediante el anonimato a los impartidores de justicia que se enfrentaban a líderes mafiosos que los amenazaban y amedrentaban. Para los gobiernos esa fue una manera de enviar a criminales a prisión sin que la vida e integridad de los jueces corriera tanto peligro.

En otro momento en México también se pensó en esa figura, pero pronto se abandonó, y ahora el ombudsman nacional Luis Raúl González Pérez ha vuelto a sugerir esa posibilidad después de conocerse el homicidio ocurrido en el Estado de México en contra del juez federal Vicente Antonio Bermúdez, quien a sus escasos 36 años atendía ya procesos sobre narcotraficantes y otros criminales, y precisamente una de las hipótesis del homicidio es una venganza del crimen organizado.

El mismo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, ha exigido garantizar la seguridad de los togados cuando señala que “los jueces, los juzgadores federales son personas que dedican su vida, su integridad personal, moral y física al servicio de la impartición de la justicia federal en nuestro país y se requiere que tengan las condiciones de seguridad y tranquilidad que garanticen su independencia. Porque en un ambiente de tranquilidad y seguridad los jueces pueden reflexionar con amplitud sus decisiones”.

Tiene razón el ministro presidente, todos debemos exigir justicia por este terrible crimen que se enmarca en las decenas de miles de ejecuciones que en los últimos tres gobiernos (dos panistas y un priísta) han tocado a la sociedad en su conjunto sin distingo de profesión, oficio o actividad. En esa lista además de los impartidores de justicia debemos sumar a los periodistas que, como nunca antes, también son víctimas del crimen y la impunidad.

Lo más preocupante de los casi 100 mil asesinatos en los últimos tres gobiernos –que han dejado a la sociedad atemorizada e indefensa ante la falta de justicia e impunidad– es que éstos no sólo han sido cometidos por bandas del crimen organizado, sino también por policías y militares miembros de corporaciones responsables de resguardar el orden y la seguridad pública.

Por ello el ministro Luis María Aguilar tiene razón en exigir justicia, pero hacerlo implica pedirla no sólo para el juez asesinado, sino para las miles de víctimas de una “guerra” sin freno que declaró el gobierno federal en la época del panista Felipe Calderón y que, de acuerdo con datos oficiales, quien va perdiendo es la sociedad.

A eso hay que sumar que muchos impartidores de justicia también se han corrompido y han torcido la ley, y no precisamente por presiones del crimen organizado, sino por cuestiones de dinero, de sobornos viles que los hace cambiar veredictos en favor de quien más pague. Por ello casi nunca se ve a empresarios o políticos pisar las cárceles, pues hay un manto de impunidad e injusticia que los protege permanentemente. Esto ha permitido que la corrupción se establezca entre la sociedad como una moneda de cambio en favor de quienes tienen mayores recursos.

De eso también debería ocuparse el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de revisar permanente la actuación de sus juzgadores y corregir todo aquello que está mal y cuya justicia reclama la sociedad, pues muchos mexicanos son víctimas de abusos que se cometen diariamente en tribunales, ante la mirada complaciente de los ministros de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, el cual también preside Luis María Aguilar.

El ministro Jorge Pardo Rebolledo alertó sobre la dificultad de instrumentar el mecanismo de jueces sin rosto en el país, propuesto por el ombudsman nacional, al señalar que debe analizarse con cuidado porque en este momento se inicia un sistema oral y acusatorio en el que la base fundamental es la inmediación, es decir el contacto directo y personal entre el juez y el procesado.

Seguramente habrá que revisar ésta y otras dificultades que se verían en el camino, pero lo que es una realidad es que algo se tiene que hacer para proteger la integridad de jueces, magistrados y ministros, quienes deben impartir justicia sin presión alguna y siempre apegados a derecho.

Miguel Badillo