En el corazón de los territorios del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el gobierno de Felipe Calderón intenta perpetrar un golpe más contra los pueblos indígenas y su autonomía bajo la bandera de la protección ambiental de regiones estratégicas para el país.

En otra de las “batallas” de Felipe Calderón – tal vez menos pública e intencionalmente menos mediática –, su gobierno busca debilitar a las comunidades autónomas en la región de Ocosingo y eliminar obstáculos a la propiedad en una zona considerada clave para liberar, entre otros, los proyectos de captura de carbono, comprometidos por México ante el gobierno de Estados Unidos, específicamente con California.

Pero más allá del mercado de bonos de carbono y de la pretendida reforestación de bosques, subyace el interés por garantizar el acceso irrestricto a una de las zonas más ricas del mundo en biodiversidad y recursos naturales.

El problema es que Calderón pretende hacerlo sin que medie un debate nacional, por conducto del Poder Legislativo y de la sociedad civil, que decida cómo aprovechar estos recursos: más de 22 mil especies de plantas y micro organismos con los que cuenta el país y que el gobierno de Barack Obama considerada estratégicos para un futuro sustentable.

Se trata, además, de uno de los compromisos y acuerdos firmados por Calderón en Cancún durante la celebración en noviembre pasado de la Cumbre del Cambio Climático, COP 16. De esta forma, Calderón, otra vez, empeñó la palabra de México sin consultar antes a los afectados. A cambio, recibió en Nueva York, a principios de este mes, el premio “Campeones de la Tierra”, que otorga anualmente el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

Sin embargo, los escenarios para Calderón en el terreno de sus promesas ambientales en el exterior también se están complicando por la resistencia de las comunidades indígenas en Ocosingo.

Así, fue el 8 de mayo de 2007, antes de cumplir su primer año al frente del Poder Ejecutivo, cuando Calderón publicó el decreto que expropiaría en pleno municipio de Ocosingo y “por causa de utilidad pública” una superficie superior a las 14 mil hectáreas.

Dicha extensión en la zona lacandona se destinarían, según el decreto de Calderón, “a la constitución de una nueva área de protección de los recursos naturales tendiente a la preservación, restauración y aprovechamiento sustentable”.

Expandir, en otras palabras, el área natural protegida de Montes Azules, pero con una explotación explícita al quedar bajo la tutela del gobierno que lo considera de “utilidad pública” pero que, a juicio de Calderón, no amerita una discusión seria sobre la urgencia de declararlos constitucionalmente “Bienes Estratégicos para la Nación”, como sucedió con el petróleo y la minería. Hoy, de hecho, la biodiversidad es para muchos países mucho más estratégica que los recursos fósiles.

El documento con el que Calderón pretende obtener el control de esta superficie asegura que dicha extensión territorial es simplemente un claro patrimonio natural de utilidad pública porque “representa una de las áreas de mayor presión sobre los recursos naturales existentes y que comparte con la reserva de la Biósfera Montes Azules, además de que la alta diversidad biológica con que cuenta la región, significa un acervo genético único en México, con una densidad poblacional de especies característica en sólo el 0.4 por ciento del territorio del país, donde se encuentra el 27 por ciento de los mamíferos, el 30 por ciento de las aves, el 40 por ciento de las mariposas diurnas y del 15 al 20 por ciento de las plantas vasculares de México. Asimismo, es considerado el sitio más diverso del país y protege un número considerable de especies animales, algunas de ellas consideradas endémicas, amenazadas o en peligro de extinción”.

Sin embargo, un documento de rendición de cuentas de la Secretaría de la Reforma Agraria, en el que no se hace referencia a la importancia ambiental de esa región sino al conflicto social, establece el verdadero objetivo de la intervención del gobierno federal en la zona – que se ubica entre los asuntos más relevantes del sector agrario nacional –, que es el financiamiento de la adquisición o indemnización de tierra para resolver conflictos involucrados en la atención del “foco rojo”: comunidad Zona Lacandona y Reserva de la Biósfera Montes Azules.

Desaparecen los médicos y las vacunas

Casualmente se trata de la región en la que Calderón busca expropiar 14 mil hectáreas por causas supuestamente ambientales, lo que involucra la reubicación de las comunidades asentadas en la zona: unos 450 habitantes. Calderón también ha enviado el Ejército a esta zona, en donde las organizaciones indígenas han ubicado ya a militares que han sido sancionados por estar involucrados con el narcotráfico y que, en una especie de castigo, fueron enviados a la región considerada – parafraseando a Calderón – de utilidad pública y patrimonio natural de México y el mundo.

No sólo eso, entre los lacandones una especie de fuerza de Seguridad Pública Municipal comienza a hacerse presente en silencio, pero fortaleciendo la hipótesis de la contrainsurgencia a su cargo en la región.

En su intento por concretar la expropiación, en 2007 el gobierno federal había destinado poco más de 58 millones de pesos para el pago de esa tierra al establecer un precio de sólo 4 mil 126 pesos por hectárea en la zona que se considera una de las principales reservas ambientales de México y el mundo. Paradójico que el precio sea menor al que se ofreció por los terrenos del aeropuerto o los de la nueva refinería de Pemex.

El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), a cargo de José Luis López Díaz Barriga, fue el encargado de determinar el monto que se pagaría a los “dueños” de la tierra que no se identifican en el decreto expropiatorio. No resulta extraño, por lo tanto, que los avalúos en esta zona de conflicto social ya formen parte de los juicios que debió resolver la SRA durante los últimos diez años.

Entre 2000 y 2006, la SRA reconoce 262 juicios ordinarios civiles en los que los propietarios de predios en la zona de conflicto de Chiapas reclamaban el pago de entre 10 mil y 15 mil pesos por hectárea. Fueron más de 41 mil hectáreas las que formaron parte de estos juicios mientras que los propietarios de 14 mil, correspondientes a 179 predios, no interpusieron juicios. Éstos lotes podrían ser los que busca expropiar Calderón y que cerrarían la llamada Brecha Lacandona.

Sin embargo, el Fideicomiso de Apoyo a los Propietarios Rurales en Chiapas (Fiapar) que se utilizó para comprar ejidos expropiados hasta 2007 se encuentra en proceso de extinción, según información de la Secretaría de Hacienda. En el caso de los predios de Ocosingo, el decreto instruyó a la SRA a que el pago autorizado se realizara a través del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal.

Para justificar la compra a cargo del gobierno federal, el decreto de Calderón cita las expropiaciones de ejidos a favor de la comunidad lacandona, hechas durante el gobierno de Vicente Fox y que forman parte de las expropiaciones que, desde la década de los setenta, buscan reducir la inconformidad social. Sin embargo, el decreto nunca señala la ubicación exacta del territorio objeto de la expropiación, lo que encendió las señales de alerta entre los grupos autónomos de Ocosingo respecto a la seguridad de sus territorios.

El titular de la SRA, Juan Rafael Elvira Quesada – quien también firmó el decreto expropiatorio – aseguró en 2007, sin mencionar a los pueblos autónomos, que la expropiación se presentaba luego de la solicitud de la comunidad de la zona lacandona (sin precisar quiénes) que “al no poder administrar y cuidar los recursos naturales del lugar, en el seno de sus asambleas acordaron solicitar al gobierno federal que se haga cargo de ellos”.

El tono contrainsurgente de la estrategia difícilmente se pudo ocultar. Aún más, el gobierno panista extendió muy cerca de los territorios zapatistas su estrategia política que involucra el uso de los recursos para ofrecer servicios de salud a cambio de votos. Amador Hernández fue la zona que organizaciones civiles ubicaron como el objeto de la expropiación.

Fue así como el 25 de mayo de 2007, apenas unas semanas después de que Calderón, Agustín Carstens – entonces titular de la SHCP – y Elvira Quesada firmaron el decreto expropiatorio de las 14 mil hectáreas de la región de Amador Hernández, el titular de la Secretaría de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, junto con representantes de la Organización Mundial de la Salud, anunciaron con bombo y platillo que, precisamente, en esa localidad de Ocosingo se daba inicio a las llamadas Caravanas Aéreas de Salud.

Con ello, los habitantes de la Selva de Chiapas en cuatro micro regiones de la entidad – al menos 2 mil 253 personas de 19 localidades – se verían beneficiados por los ocho vuelos mensuales de los helicópteros que se asignaron al traslado de enfermos graves. Sin este tipo de recursos, son muy pocos los indígenas que pueden sobrevivir a un traslado de al menos 12 horas por tierra en camiones de redilas, en algunos tramos, pero sobre todo a pie. Un traslado en avioneta les costaría 3 mil pesos y nadie allí puede pagar ese monto a cambio de su vida.

Esa fue una buena noticia, dijo la propia Secretaría de Salud, pues la dependencia federal recordó que desde 1994, cuando se declaró el movimiento autónomo de los zapatistas, el gobierno federal no tomaba una medida asistencialista de esta naturaleza para proteger la salud y la vida de estos mexicanos marginados en Chiapas.

El problema ahora, después de que las comunidades y organizaciones civiles se opusieron a que Calderón concretara la expropiación de esas 14 mil hectáreas, fue que las Caravanas Aéreas de Salud simplemente desaparecieron, según lo reportan organizaciones civiles en la zona.

En marzo de 2008, ante las protestas de comunidades de la región de Amador Hernández y de zonas vecinas, se detuvo la ejecución física del decreto del 8 de mayo de 2007. Pero en la zona de la discordia por esos terrenos ricos en biodiversidad, no sólo se esfumaron los helicópteros para trasladar enfermos y mujeres en trabajo de parto con complicaciones, también dejaron de abastecerse las vacunas necesarias para contrarrestar enfermedades como la influenza.

¿Sabrá Córdova Villalobos que, en esta zona, los niños – sobre todo – están padeciendo el virus que combate con tanto ahínco y del cual habla frecuentemente ante los medios nacionales y extranjeros? ¿Está enterado que los niños indígenas están muriendo a causa de fiebre y de influenza atípicamente virulenta? Por supuesto que sí, pero es un secretario negligente, omiso y a quien lo que menos le preocupa es la salud de los mexicanos y muchos menos si son indígenas.

Los médicos en Amador Hernández también fueron retirados y se dijo a los indígenas que su presencia se necesitaba en las ciudades de Chiapas para hacer frente a un nuevo embate del virus de influenza.

Hoy las comunidades indígenas de esta zona atienden sus enfermedades con medicina tradicional a causa de la ausencia de medicamentos alópatas y vacunas desde agosto de 2010. En medio de la represión, también quedó al descubierto la falta de una política de salud pública adecuada que provocó graves problemas que hoy quedan al descubierto entre la población de la zona: resistencia a antibióticos prescritos de forma incorrecta y padecimientos gastrointestinales asociados a su consumo inadecuado. Sin medicamentos, sin vacunas, sin insulina, en la zona que quiera expropiar Felipe Calderón para cumplir sus compromisos “ambientales”, mueren los niños que son los legítimos propietarios de esa riqueza. Pensar, como en otras regiones indígenas del país, que el extermino instrumentado por la contra insurgencia y el abandono del gobierno federal, es una hipótesis que se dibuja cada vez con mayor fuerza en el corazón de los territorios que en 1994 fueron escenario del levantamiento de indígena que se resistía, desde entonces, a la injusticia.

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