En junio próximo México ocupará la presidencia del organismo multilateral conocido como The Financial Action Task Force (FATF). Por su relevancia e influencia, el Grupo de Acción Financiera contra el lavado de dinero representa todo un reto para un país cuya economía y sistema financiero han sido señalados por su vulnerabilidad frente al blanqueo de capitales.

El encargado de representar a México en el organismo que depende de la OCDE será, según lo previsto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Luis Urrutia Coral, quien desde el año pasado ocupó la vicepresidencia del FATF, así como la presidencia del Grupo Egmont, la agrupación internacional de unidades de inteligencia contra el blanqueo de capitales. Ahora, Urrutia sustituirá, según lo anuncia el organismo en su página de internet, a Paul Vlaanderen de los Países Bajos.

Así, aunque el FATF reconoce que México ha logrado avances sustanciales en la lucha contra el lavado de dinero, las legislaciones y regulaciones locales, se asegura en París, aún no cumplen con los estándares internacionales. Y no se equivocan, hasta ahora México no ha congelado activos significativos relacionados con la lucha contra el narcotráfico o el terrorismo, lo cual se presenta como una mala señal de lentitud y laxitud con la que se aplican las leyes mexicanas, pero lo más grave es que no hay la mínima voluntad política del gobierno de Felipe Calderón para perseguir estos delitos de cuello blanco, lo cual confirma que es una farza gubernamental la supuesta lucha contra los cárteles de la droga, pues mientras no se les toque en sus cuentas financieras depositadas en bancos y acciones bursátiles, nada podrá detener el tráfico de drogas.

Además, a un año de que México asumió la presidencia del Grupo Egmont, el número de sentenciados por lavado de dinero también haría sonrojarse a las autoridades mexicanas, porque el número de casos castigados es mínimo y hasta ahora el Ministerio Público Federal no ha podido encuadrar las conductas delictivas y basta con un amparo para eludir la acción de la justicia. Por ello, la Secretaría de Hacienda trabaja en la tipología de las diferentes rutas que siguen los lavadores de dinero, con el propósito de que sirvan como un manual que no deje duda de los delitos.

Pero más allá de las grandes investigaciones y acciones contra el crimen organizado y el uso de los circuitos financieros, México tendría que comenzar por el mercado negro de dólares, tal y como sucedió en Colombia en las décadas de los ochenta y los noventa. De hecho, un análisis de la propia Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda así lo reconoce y señala al comercio fronterizo como la principal actividad generadora de dólares en efectivo. Cita también que hay zonas del país que no justifican el volumen de dólares en efectivo (este es el caso de la zona metropolitana de la capital del país, Baja California y Sinaloa, principalmente).

 

La Unidad de Inteligencia Financiera descarta, en el caso de las principales empresas captadoras de dólares en efectivo, algún patrón o tendencia que sugiera actividades vinculadas con el lavado de capitales. Pero sí alerta sobre el creciente manejo de dólares en efectivo a cargo de personas físicas, en cuyo caso tiene identificadas a varias de ells por problemas de blanqueo de capitales.

 

Ahora, la SHCP ya observa el comportamiento del mercado cambiario mexicano y debe utilizar la tipología que marca el FATF para sistemas en los que se debe establecer alertas para el ingreso ilícito de divisas. Por ello, reconoce la necesidad de aplicar un mayor control del riesgo y fortalecer las restricciones sobre las transacciones con dólares en efectivo para personas físicas. Al mismo tiempo, señala, se deben tomar medidas cuidadosas para regular el flujo de dólares en efectivo “lícito” y no generar un mercado negro de dólares en el país. El mayor riesgo se encuentra, según lo confirmado por Hacienda, en las personas físicas y los centros cambiarios que participan con más del 20 por ciento en el excedente de dólares en la economía.

Estos son los extremos en el combate contra el lavado de dinero, al cual se le da seguimiento a través de una unidad en la SHCP que necesita, a juicio del FATF, acceso directo a los expedientes de las investigaciones abiertas en otras áreas de impartición de justicia y que necesita urgentemente de mayor presupuesto y personal para desarrollar investigaciones de largo alcance.

Extorsión, fraude y lavado de dinero

La Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP ubicó en la extorsión telefónica la ruta que siguen para que las víctimas entreguen dinero, lo cual es  un preocupante patrón de operación de la banca: la apertura de cuentas sin mayor investigación y su posterior cancelación, lo que ha ayudado a los criminales a establecer sus rutas financieras sin que el sector financiero tome medias al respecto.

Así queda claro que si el gobierno federal quisiera inhibir y perseguir el uso de las tecnologías de la información y la infraestructura telefónica – tanto celular como fija – bien podría seguir otras rutas y no sólo castigar a los usuarios con sistemas de registro de datos poco seguros.

Por ello, resulta relevante lo descubierto por Hacienda en relación con las prácticas de extorsión y cobro de dinero ilícito a través de la banca. Los analistas de la UIF revisaron una base de datos para los ejercicios 2006 y 2009. Fue así como se encontraron 2 mil 148 reportes de operaciones inusuales relacionadas con el delito de extorsión telefónica, que involucraron a mil 649 sujetos y actividades realizadas entre los años 2003 y 2009.

 

Si bien a partir de 2006 se aprecia un incremento sustancial en los reportes de operaciones cuya razón de inusualidad es la extorsión telefónica, ello puede explicarse por una mayor atención de las instituciones financieras, al momento de detectar operaciones relacionadas con dicho delito en los últimos dos años.

 

De esta forma, el 66 por ciento de los reportes de operaciones inusuales relacionadas con el delito de extorsión refieren que el titular de la cuenta es originario de Jalisco; le siguen en importancia el Distrito Federal y el Estado de México, con 7.8 y 3.7 por ciento del total de dichos reportes. En el último año se aprecia un incremento en los reportes encvontrados en prácticamente todas las entidades federativas.

 

Al parecer los casos de extorsión se están expandiendo a otros estados diferentes a Jalisco (los reportes de operaciones inusuales del estado representan el 63 por ciento del total en 2009 cuando en 2008 fueron el 74 por ciento).

 

El 62 por ciento de los reportes descubiertos con titulares de cuenta en el estado de Jalisco fueron generados por sucursales dentro del mismo territorio. El restante 38 por ciento se generó principalmente en sucursales de Baja California, Distrito Federal, Estado de México, Michoacán y Veracruz.

 

Además, en 2009 se aprecia un incremento en los reportes de operaciones inusuales sobre titulares de cuentas de Jalisco en su reklación con el resto del país. Lo anterior, según los analistas e investigadores de la UIF, podría indicar que las operaciones de extorsión se están moviendo fuera de Jalisco, aunque con personas originarias del mismo estado.

 

La ruta de una extorsión

 

Al ocuparse de los reportes que envía la banca a la autoridad hacendaria, la UIF ha encontrado en un total de 939 reportes y de un análisis de 362 (39 por ciento), que un 28 por ciento no contenía evidencias de tratarse de una extorsión telefónica real. Con ello, se encontraron 260 sujetos con elementos para ser reportados y se añadieron 20 sujetos relacionados; se generaron 13 reportes a la autoridad relacionando a 280 sujetos, principalmente del estado de Jalisco.

 

Con base en la revisión de los reportes anteriores y el análisis específico de casos, la UIF identificó un patrón en la operación de los sujetos: las cuentas son de muy reciente apertura con respecto a la fecha de la operación. La actividad declarada al momento de la apertura es la de comerciante, empleado, y ama de casa, principalmente.

 

Los extorsionadores realizan llamadas en las que les solicitan un depósito para ayudar a un pariente que está detenido en la frontera, aeropuerto o carretera. Los depósitos requeridos por la extorsión van de los 500 a los 20 mil pesos, con un promedio aproximado de 10,000 pesos. Los depósitos son realizados en entidades diferentes a donde está radicada la cuenta y en donde se hacen los retiros.

 

El dinero, después, es retirado en su totalidad en ventanilla o cajeros automáticos. Las cuentas llegan a acumular cerca de 100 mil pesos en depósitos y, frecuentemente, son canceladas. Con la información disponible, sin embargo, no se tienen elementos para suponer que existe una organización de mayor nivel detrás de estas operaciones reportadas y analizadas, sin embargo no se descarta la presencia de algún grupo criminal dada la zona donde se observa mayor incidencia.

 

Los reportes de operaciones inusuales relacionados con la extorsión telefónica se incrementaron en el último año. El programa realizado por la UIF ha permitido descubrir  y reportar casos ante la autoridad competente para su seguimiento. La UIF aprecia que el problema se concentra en el estado de Jalisco, aunque comienza a expandirse a otras entidades del país.

 

La operatividad es muy similar para los sujetos identificados dentro de los reportes: realizan la extorsión telefónica, reciben depósitos, realizan retiros inmediatamente para después cancelar las cuentas.

 

Un aspecto, sin embargo, que no se pregunta la SHCP es cómo obtienen los extorsionadores la información que orilla a una persona a depositar recursos a un extraño. Para empezar conocen al nombre del titular de la línea telefónica, después sabe el patrón de algunas llamadas con familiares o, en el peor de los casos, el nombre de los familiares. Así que, a propósito de las nuevas protecciones a los datos personales, sería pertinente ampliar la investigación a las empresas telefónicas, el otro eslabón que debería analizarse.