Lunes 28 de noviembre de 2011

Nydia Egremy - 28 Nov 2011 a las 1:36 am

La presión sobre Felipe Calderón va en aumento. Su capacidad de maniobra política se agota sin importar que aún le reste un año como ocupante de Los Pinos. Sus contrapesos se hacen sentir en todos los terrenos: en el Congreso, la oposición lo obliga a modificar sus propuestas de reformas de ley y reprueba abiertamente su gestión; los partidos políticos lo critican y lo acusan de autoritario y generador de la violencia; en su partido, el PAN, los precandidatos no le hacen caso y se niegan a declinar a favor de su consentido Ernesto Cordero. Por si faltara algo, en el propio gabinete se gesta una rebelión en apoyo del líder nacional del PRI, para impedir que enfrente a la justicia por corrupción y desvío de recursos públicos en Coahuila.

En medio de esta crisis política en el gobierno, la credibilidad y la confianza en la presidencia de la República se ha perdido, y esto junto con la traición de algunos servidores públicos impide que prospere la acusación en contra del priista Humberto Moreira, a pesar de las pruebas sólidas que hay en su contra. Y es este escándalo de corrupción priista, calificado como el coahuilazo, el que marcará la contienda electoral presidencial de 2012.

La Secretaría de Hacienda y la Procuraduría General de la República cuentan con suficientes evidencias del monumental fraude que llevó a endeudar a Coahuila cuando Humberto Moreira se desempeñaba como gobernador, cuyo monto alcanza los 34 mil millones de pesos. Ante ello, el priismo nacional se ha volcado en apoyo a su líder y hasta el mismo precandidato Enrique Peña Nieto se ha pronunciado para impedir que el profesor Moreira enfrente a la justicia como cualquier ciudadano.

Hasta ahora suman cinco expedientes acumulados en el Ministerio Público Federal que involucran a Humberto Moreira en el cuantioso fraude, pero en la PGR, en Hacienda y en la Procuraduría Fiscal de la Federación hay funcionarios que operan a favor del dirigente priista para evitar que sea llevado a juicio. Algunos de esos burócratas corruptos esperan beneficios posteriores si Peña Nieto asume la Presidencia y otros, por temor a represalias futuras, tampoco están dispuestos a enfrentarse a la maquinaria priista en el siguiente sexenio.

El mismo Moreira considera que nadie atreverá a consignarlo ante un juez federal y mucho menos que algún impartidor de justicia se aventure a sentenciarlo y declararlo culpable. Nos cuentan que algunos funcionarios del gabinete de Felipe Calderón han enviado mensajes de apoyo al líder nacional del PRI, con la promesa de que ellos harán hasta lo imposible para evitar que enfrente a la justicia.

Presión, miedo y oportunismo de burócratas es lo que marca esta investigación de fraude y abuso de poder en contra del exgobernador coahuilense, quien confía en librar la cárcel y mantenerse al frente del PRI hasta pasadas las elecciones presidenciales.

En Los Pinos y en el PAN las cosas no son menos complicadas. Es el propio secretario particular del presidente, Roberto Gil Zuarth, quien por instrucciones de Calderón se ocupa personalmente del proceso que se sigue a Humberto Moreira en la PGR y, por todos los medios, busca sentar en el banquillo de los acusados al principal responsable del escandaloso desvío de recursos bancarios con cargo al erario público de Coahuila. Para lograrlo, tendrían que hacer a un lado a varios funcionarios del gabinete que se han dedicado a bloquear y entorpecer la investigación. Se trata de algunos priistas infiltrados en el gobierno y otros han sido coptados con la promesa de mantenerlos en la burocracia cuando el PRI vuelva a la Presidencia.

En el PAN también están hechos bolas. Por un lado el candidato oficial, Ernesto Cordero, se niega a declinar y ceder la candidatura a Josefina Vázquez Mota, quien encabeza las encuestas internas. Calderón, sin fuerza y un poder disminuido, ha tenido que hacerse a un lado para que el Consejo de ese partido político de derecha sea el responsable de nombrar al candidato, de tal manera que Josefina será designada. De Santiago Creel ni hablar, toda su vida ha sido un aspirante perdedor, por eso ni ahora ni nunca tendrá alguna posibilidad política. Pero sea una u otro el nominado, ya se prevé que el PAN pase a ser la tercera fuerza política del país, por abajo de la “izquierda” y del PRI.

Sobre el coahuilazo, el proceso dará un giro en los próximos días. De Los Pinos salió la instrucción de perseguir a los empresarios que supuestamente realizaron las obras públicas que costaron una millonada, según las facturas que ha presentado el gobierno de ese estado como justificante del gasto de la deuda contraída y que alcanza los 34 mil millones de pesos. Es ahí en donde Calderón planea apretar para obligar a esos empresarios a confesar cómo expidieron facturas abultadas para el desvío de recursos públicos, pues las obras echas en esa entidad en la gestión de Moreira no pueden justificar el enorme gasto. De lograrlo, el Ministerio Público Federal tendrá a una decena de empresarios dispuestos a declarar en contra de Moreira a cambio de inmunidad.

Lo que sí es seguro, es que este caso de corrupción y abuso de poder político enmarcará el proceso electoral presidencial de 2012, y enfrentará al PRI y el PAN en una de las batallas legales y políticas más cruentas de que se tenga memoria. Aunque, como lo han hecho en el pasado, podrían simplemente negociar y todos los involucrados quedar impunes, al fin de cuentas sólo se trata de miles de millones de dinero público y de la desgastada silla presidencial.

Impunidad de contratistas

La maquinaria de la corrupción gubernamental opera eficazmente. Los empresarios y funcionarios que apuestan hasta su libertad para defraudar al gobierno y robar dinero público, tienen muy calculado el costo que ello significa. Para que un empresario corrupto enfrente a la justicia, primero tienen que ser denunciado, lo cual es poco probable porque su red de complicidad incluye a los funcionarios responsables de otorgar los contratos; después, si por alguna razón alguien lo acusa penalmente, tienen la posibilidad de corromper con costosos despachos de abogados a las autoridades judiciales, y si acaso la justicia llega a funcionar, algo muy poco probable, aun en la cárcel los empresarios corruptos podrán disfrutar del dinero obtenido ilegalmente y, en pocos años, recuperar su libertad.

Un ejemplo de lo anterior se describe en el reportaje de la reportera Mayela Sánchez y publicado en la revista Contralínea, en donde se informa de cómo en el gobierno de Felipe Calderón el Servicio de Administración Tributaria ha recaudado menos del 7 por ciento de las multas impuestas a contratistas y proveedores del gobierno federal, que suman más de 369 millones de pesos.

Lo que sucede es que las lagunas en el marco legal y los artificios de las empresas infractoras para eludir el cumplimiento de las sanciones explican el bajo porcentaje de pago, aduce la Secretaría de la Función Pública, lo que se traduce en el peor problema de este país: la impunidad.

Explica la investigación periodística que en los primeros 51 meses de la administración calderonista el SAT recaudó menos de 7 centavos de cada peso impuesto como sanción a las empresas y proveedores que incumplieron contratos públicos. El riesgo entonces es mínimo y las ganancias cuantiosas.

De acuerdo con datos del órgano tributario, entre el 1 de diciembre de 2006 y febrero de 2011, las sanciones económicas a contratistas y proveedores del gobierno federal alcanzaron los 369 millones 788 mil 690 pesos. Pero de esa millonaria bolsa, hasta febrero pasado se habían solventado 24 millones 942 mil 581 pesos, es decir, el 6.7 por ciento. De este modo, la suma de las multas adeudadas en cuatro años alcanza los 344 millones 846 mil pesos. Situación similar se registra al incluir los datos del SAT disponibles desde 2000: de 731 millones 740 mil pesos en sanciones, hasta febrero pasado sólo se habían retribuido 68 millones 940 mil pesos (9.4 por ciento). ¿Por qué no defraudar entonces al gobierno?

Los casos concluidos por el SAT –en lo que va del sexenio– son apenas 319 de los cerca de 2 mil que registra. Y no todos ellos terminaron con el pago de la multa correspondiente: nueve se resolvieron por compensación y cuatro más por adjudicaciones a favor del fisco federal.

Entre éstos se encuentra el de la empresa Ingenieros Civiles Asociados, SA de CV, del empresario Bernardo Quintana Isaac. Su penalización de 911 mil 586 pesos fue solventada con una compensación, según se desprende de la información del historial de multas del SAT.

El listado actualizado hasta febrero de este año revela también que entre los contratistas del gobierno federal que más sanciones económicas han recibido se encuentra la empresa Continental Serv, SA de CV, contratista de Pemex Exploración y Producción, filial de la paraestatal Petróleos Mexicanos. Mientras la Secretaría de la Función Pública ha establecido siete penalizaciones contra esta compañía, todas consistentes en inhabilitaciones y sanciones económicas. Además de que no podrá participar en licitaciones gubernamentales hasta 2014, su deuda con el fisco alcanzaría los 7 millones 130 mil 556 pesos, de acuerdo con los datos del SAT. Este consorcio ya había sido sancionado previamente. En mayo de 2004, Pemex Exploración y Producción inició un procedimiento administrativo en su contra.

Este caso se resolvió hasta cuatro años después. La penalización impuesta consistió en una multa de 196 mil 794 pesos y la inhabilitación de la firma por nueve meses. Ésta promovió entonces un juicio de amparo contra tal resolución, el cual fue sobreseído en noviembre de 2008. Hasta febrero pasado, ninguno de los procedimientos sancionatorios de Continental Serv figuraba como terminado por pago en el registro del SAT.

Entrevistada por Mayela Sánchez, la diputada Esthela Damián Peralta,  explica que las empresas infractoras no pagan sus multas porque rechazan el procedimiento por el que fueron sancionadas y sostienen que no fue adecuado o que hay elementos que podrían permitirles ganar un litigio y no pagar. Los contratistas, dice, consideran que la retribución es irrelevante y que pueden encontrar la manera de continuar trabajando con el gobierno sin tener que remunerar.

Lo anterior no sólo es posible, sino bastante común, a decir del director general de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas de la SFP, Rogelio Aldaz Romero, quien sostienen que además de las sanciones económicas, en los casos de inhabilitación, ésta siempre va acompañada de una multa. Hasta hace unos años las empresas infractoras sólo cumplían con su suspensión y al cabo de un tiempo regresaban a participar en las contrataciones públicas sin haber saldado su deuda con el fisco.

Una modificación a la ley estableció que los proveedores infractores debían pagar las sanciones para poder participar en las licitaciones gubernamentales. Sin embargo, a la fecha se mantiene un resquicio en la normatividad, pues no hay una disposición similar en los casos en que sólo se castiga pecuniariamente a una empresa. Así, las multas por infracciones “menores” –como la no firma del contrato o la no exhibición de la garantía de cumplimiento– no impiden que las compañías penalizadas sigan siendo contratadas por el gobierno.

Al tiempo, los proveedores han encontrado la forma de darle la vuelta a las sanciones, ya sea a través de prolongados procesos jurídicos o mediante la creación de nuevas empresas, o una combinación de ambos artificios. Finalmente, el monto económico ganado vale el riesgo, aun hasta el de ir a prisión.

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