Aunque la Secretaría de la Función Pública sólo actúa diligentemente cuando se trata de investigar a exfuncionarios de gobiernos priistas, hay un caso de evidente corrupción cometido a finales del gobierno de Ernesto Zedillo que bien vale la pena contar. Sobre todo porque después de seis años de haberse cometido, por allá de 1999, hasta ahora se pudo integrar un expediente judicial por el presunto desvío de fondos públicos y esto, aunque corresponda al sexenio anterior, no debe quedar impune.

Esta historia de corrupción se cometió a finales del gobierno de Ernesto Zedillo, cuando seis servidores públicos de la Secretaría de Hacienda, entre ellos el entonces oficial mayor Javier Treviño Cantú, actual vicepresidente de Comunicación Corporativa del Grupo Cementos Mexicanos que preside Lorenzo Zambrano, habrían desviado recursos públicos por 43 millones de pesos al simular una partida presupuestal extraordinaria para la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), institución académica con la cual el gobierno mexicano tenía un contrato por conducto de la Secretaría de Educación Pública.

De acuerdo con la denuncia penal presentada ante la Procuraduría General de la República por el director general adjunto de Asuntos Penales de la Secretaría de la Función Pública, Ignacio César Fuentes Rubio, los seis exfuncionarios de la Secretaría de Hacienda realizaron una serie de trámites absolutamente fuera de lo establecido por la normatividad, al autorizar y permitir que se realizara el pago por 43 millones de pesos sin sustento jurídico alguno que obligara a la Secretaría de Hacienda a hacerlo, lo que ocasionó un cuantioso quebranto patrimonial al erario federal.

La investigación la realizó el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Hacienda, el cual concluye en los resultados de la auditoría número AF-149-2002, que hubo múltiples irregularidades, lo que motivó ocho observaciones y sólo una, la número 149/2002/8, correspondiente al daño patrimonial señalado.

Los exfuncionarios involucrados

Los exservidores públicos involucrados en la averiguación previa A.P.52/UEIDCSPCAJ/2004, adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia, y que laboraban en la Oficialía Mayor y en la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la Secretaría de Hacienda son: Javier Treviño Cantú, exoficial mayor; Rómulo Andrés Figueroa Cobián, exdirector general de Programación, Organización y Presupuesto; Eduardo Javier Calleros Díaz, exdirector general adjunto de Programación, Organización y Presupuesto; María de los Angeles Carrera Rivera, exdirectora de Finanzas y Tesorería; Inocencio Delgado Montalvo, exsubdirector de Pagos de Servicios Personales, Suministros, Transferencias e Inversiones, y Armando González, exdirector general de Programación y Presupuesto de Servicios de la Subsecretaría de Egresos.

En la narración de los hechos, el director general de la Secretaría de la Función Pública cuenta que en 1975 se suscribió un acuerdo para el establecimiento en México de una sede académica de la Flacso, en donde esta institución educativa se comprometía a impartir cursos de postgrado y especialización en los campos de la sociología y la ciencia política, así como a otorgar un 10 por ciento del total de las vacantes a estudiantes de nacionalidad mexicana.

En ese acuerdo, el gobierno mexicano se obligaba a proporcionar locales, instalaciones, material y el equipo necesario para el desarrollo de las actividades de la sede académica en nuestro país.

Con respecto a los fondos económicos, el gobierno federal se comprometía a incluir en una partida correspondiente a su Secretaría de Educación Pública, la contribución anual suplementaria como Estado miembro en que se convertía México. Es decir, los recursos públicos que se entregarían, sería a través de la SEP y no como sucedió al asignar una partida extraordinaria, fuera de presupuesto y sin autorización, por conducto de la Secretaría de Hacienda.

Las anomalías descubiertas fueron que las cuotas por 43 millones de pesos a favor de Flacso no estaban planeadas ni programas ni presupuestadas dentro del gasto público federal asignado a la SEP para el ejercicio fiscal de 1999, cuyos recursos en dicho año ascendieron a 70 mil 649 millones 726 mil 200 pesos.

La maquinación del ilícito

Mediante el oficio ASM.028.99, con fecha del 2 de febrero de 1999, el doctor Germán Pérez Fernández del Castillo, director general de Flacso en México, informó a Treviño Cantú que esa institución académica pretendía modernizar sus instalaciones, actualizar sus programas docentes y profundizar en sus tareas de investigación, por lo que solicitaba a la Secretaría de Hacienda recursos complementarios por 43 millones de pesos para alcanzar el objetivo de sus tareas. Así, con inaudita rapidez, ese mismo día el director de Flacso firmó un documento de recibido por la cantidad del dinero antes mencionado.

Después de recibir supuestamente dichos fondos, en una atenta nota número 182, del 17 de febrero de 1999, el director general adjunto de Programación y Presupuesto de Hacienda comunicó a la directora de Finanzas y Tesorería que en atención a la nota de la Subdirección de Pagos se entregaba la documentación original del apoyo por 43 millones de pesos para Flacso.

En aparente respuesta a la petición del contador Vicente Juan Chávez, el director administrativo de Flacso, Arturo Murillo Valle, le informó a la Dirección General de Programación de Hacienda que su número de cuenta en Banamex era 03497461382, a fin de recibir en ella el depósito respectivo.

Para el 14 de octubre de 2003, la titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Hacienda, Aída Amanda Córdoba Chávez, informó a la directora general de Programación, Araceli Pitman, el inicio de la auditoría AF-149/2002 en esa área, pues “se había detectado que mediante la cuenta por liquidar certificada número 06-7100584, de fecha 3 de marzo de 1999, se efectuó un pago por 43 millones de pesos a la Flacso con cargo a la partida presupuestal 3902 ‘Cuotas a Organismos Internacionales’.”

En la denuncia penal presentada ante la PGR, la Secretaría de la Función Pública afirma que los exservidores públicos adscritos a la Oficialía Mayor y a la Dirección General de Programación de Hacienda, actuaron en contra del marco jurídico aplicable en materia presupuestaria, al dar por buena la solicitud de recursos formulada por Flacso.
Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos >Federales Unidad

Respecto al actual vicepresidente del Grupo Cemex, Javier Treviño Cantú, la Secretaría de la Función Pública concluye su innegable participación en las conductas irregulares que se describen, pues en su carácter de oficial mayor de Hacienda tenía la obligación de velar pro la correcta aplicación de las políticas y normas de control y evaluación, a fin de coadyuvar a cumplir las metas establecidas.

Por lo que corresponde a los funcionarios de la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de Hacienda que estuvieron involucrados en el desvío de fondos público, la Secretaría de la Función Pública sostiene que nunca debieron dar trámite a la solicitud del director de la Flacso, pues violaron las leyes de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, así como el Presupuesto de Egresos y el Manuel de Normas para el Ejercicio del Gasto en la Administración Pública Federal.

“Resulta evidente el dolo con el que se condujeron los exservidores públicos de la Secretaría de Hacienda, quienes a sabiendas de que la petición de recursos complementarios formulada por el director general de Flacso no se encontraba programada, presupuestada, calendarizada y además de que no existía obligación de pago con cargo a la SHCP, admitieron, tramitaron, autorizaron y pagaron ilegalmente la cantidad solicitada por la institución educativa”, sostiene el director general adjunto de Asuntos Penales de la Función Pública.

Lo anterior evidencia, sostiene la denuncia penal, que de manera consciente y dolosa los exfuncionarios realizaron la adecuación presupuestaria correspondiente para tener los recursos disponibles en el mismo mes de febrero de 1999, sin que hubiera obligación alguna para ello.