De acuerdo a cifras de la Comisión de Arbitraje Mé-dico en Tamau-lipas, durante el año 2009 se registraron poco más de 500 quejas por supuestos casos de negligencia médica. Para como se ven las cosas –dicen las autoridades–, este año la cifra se multiplicará al doble.
Este dramático incremento puede ser debido a que cada vez son más las personas que saben de la existencia de una oficina donde pueden interponer sus denuncias.
Desafortunadamente, la mayor parte de las quejas son en contra de médicos que laboran en los sistemas de seguridad social que brinda el Estado.
En estos tiempos de crisis económica, la demanda de servicios médicos en dependencias como el Sector Salud, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), se ha incrementado de manera considerable, pues el ciudadano ya no cuenta con los recursos económicos para pagar la factura de un doctor particular y mucho menos comprar medicamentos de patente.
Conforme aumenta el número de pacientes en las instituciones públicas, crece la carga de trabajo que tienen que atender los médicos y enfermeras que existen en estos hospitales y quienes, hay que reconocerlo, ya tenían suficiente carga de trabajo sobre sus espaldas.
Sin afán de disculpar a nadie, menos a quien comete una irresponsabilidad en el cuidado de la salud de alguna persona; también es entendible que es humanamente imposible para un doctor atender con calidad y calidez cuando debe de ver en unas cuantas horas a una decena de pacientes en el menor tiempo posible.
Pareciera que el cuidado de la salud de los derechohabientes de las instituciones públicas se han industrializado y sólo falta que alguien tenga la idea de colocar una banda de producción que permita a los médicos (como obreros de maquila), revisar, diagnosticar y despachar, todo en unos segundos.
Tengo la fortuna de conocer a varios médicos que laboran en estas instituciones de gobierno y mentiría si dijera que no son verdaderos profesionales, enamorados de su trabajo y con una enorme vocación de servicio.
En varias ocasiones me ha tocado escuchar sus lamentos de impotencia porque no pueden ayudar como se debe a una madre con su hijo en los brazos, quien no puede recibir la atención que necesita por las reglas burocráticas que regulan la atención médica en este país.
Ningún médico quiere que un paciente se le muera en la plancha del quirófano y estoy seguro que no existe un doctor en este país que recetaría un medicamento erróneo o diagnosticaría un tratamiento a sabiendas de que va ser dañino para su paciente.
El problema no es tanto de los médicos, sino de las reglas con las que tienen que trabajar.
Pareciera que el gobierno y los mismos ciudadanos esperan que los doctores mexicanos fabriquen milagros y curen el cáncer con apenas un curita y unas aspirinas.
Y perdón por el ejemplo, pero hasta el mismísimo Dr. House de la televisión sufriría las de Caín si tuviera que atender a sus pacientes en una clínica del IMSS, ISSSTE o, peor aún, un dispensario rural.
Es cierto, existen errores médicos que deben de castigarse conforme a Derecho; pero tampoco se debe de satanizar a los doctores, quienes están trabajando bajo presión y con las uñas.
En todo caso, quien debería de estar sentado en el banquillo de los acusados es el gobierno federal, que prefiere destinar millones de pesos a iPads para diputados federales, bonos sexenales y subejercicios en sus secretarías en lugar de colocarlos donde realmente se necesitan.
Y que no nos vengan que no saben qué es lo que está pasando, tan bien lo saben que ellos, los que se supone que deben de administrar nuestro país, son los primeros que buscan atención médica en el extranjero o, en el mejor de los casos, en hospitales privados.
No quisiera desearle mal a nadie, pero ojalá un día estos diputados, senadores y subsecretarios tengan que esperar pacientemente ser atendidos en una clínica del sector público… para que vean lo que se siente.
