Danilo Valladares/IPS-Voces de la Tierra

 

Guatemala, Guatemala. “Queremos justicia, pero justicia clara; que agarren a los criminales y los sentencien como debe ser”, reclama Raúl Gómez, sobreviviente de la masacre perpetrada por la represión militar en 1982 en Dos Erres, comunidad del norteño departamento guatemalteco de Petén.

 

Gómez indica a Inter Press Service (IPS)que la condena que recayó sobre cuatro soldados –hoy en retiro–, involucrados en la matanza de Dos Erres, significa que “se están esclareciendo las maldades que hacían nuestras autoridades militares, después de tanto tiempo que estuvimos arrodillados y humillados por ellas”.

 

Manuel Pop, Reyes Collin Gualip, Daniel Martínez y el teniente Carlos Carías, exmiembros de la fuerza militar de elite Kaibil, fueron sentenciados a más de 6 mil años de prisión por el asesinato de 201 personas ocurrido el 6 de diciembre de 1982.

 

Pero miembros de la cúpula militar señalados de haber cometido graves atropellos contra los derechos humanos durante la guerra interna, como el general golpista (1982-1983) Efraín Ríos Montt, y sus pares Benedicto Lucas y Óscar Humberto Mejía Víctores, “deben dar la cara; quisiera oírlos ante este pueblo humilde que jamás usó las armas como ellos lo hicieron contra nosotros y nos traicionaron; es duro”, subraya Gómez, quien perdió a 15 familiares en la matanza de las Dos Erres, entre ellos a su hermano, dos tíos y varios primos.

 

Ríos Montt –que posee inmunidad penal por ocupar un escaño en el unicameral Congreso legislativo– se defendió al aducir que no fue “director de masacres o algo por el estilo. Yo simplemente fui jefe de Estado y hasta ahí me quedo”.

 

“Aunque esta sentencia es un paso adelante contra la impunidad en Guatemala, los soldados no cometieron estos crímenes por iniciativa propia, y las autoridades deben hacer comparecer ante la justicia a todos sus superiores que planearon y ordenaron los crímenes”, indica Sebastián Elgueta, investigador para Amnistía Internacional.

 

El 7 de diciembre de 1982, unos 50 efectivos del ejército irrumpieron en la comunidad Dos Erres para aniquilar a sus habitantes, supuestamente integrantes de la guerrilla izquierdista. Hombres, mujeres, niños y ancianos fueron asesinados a balazos, luego de ser torturados. Sus cuerpos fueron lanzados al pozo que surtía de agua potable a la localidad.

 

La represión del Ejército y otras fuerzas de seguridad del Estado contra la guerrilla provocó más de 200 mil muertos y desaparecidos entre 1960 y 1996 en Guatemala. En ese enfrentamiento sobrevinieron masacres y otros crímenes de lesa humanidad, al ser responsables en 93 por ciento de los casos las fuerzas del Estado y grupos paramilitares de ultraderecha, documenta la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. Ésta fue creada a partir de los Acuerdos de Paz firmados en 1996 entre el Ejército y la exguerrilla congregada en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, para aclarar “con toda objetividad, equidad e imparcialidad” las violaciones a los derechos humanos cometidas en los más de 30 años de conflicto armado.

 

Desde entonces, familiares de los desaparecidos y organizaciones de derechos humanos han iniciado una batalla legal por aclarar estos crímenes, de los que fue víctima en 83 por ciento de los casos la población indígena maya. Pero no ha sido fácil, sobre todo, en el caso de Ríos Montt. “Su poder en las instituciones del Estado sigue siendo real y determinante, pues con el uso de recursos judiciales variados ha logrado convertir la legalidad en un asunto de impunidad”, indica a IPS Benito Morales, abogado de la Fundación Rigoberta Menchú Tum.

 

Durante el bienio en que Ríos Montt encabezó una sangrienta dictadura se produjo el peor periodo de violación de los derechos contra la población civil en Guatemala, a través de su política de “tierra arrasada” dirigida contra las comunidades mayas establecidas en el Noroeste, departamento de Quiché.

 

Por esos crímenes, la Audiencia Nacional de España lo acusó del delito de genocidio, al igual que a otros oficiales de alto rango, en respuesta a una demanda planteada en 1999 por la defensora de derechos humanos Rigoberta Menchú, Premio Nóbel de la Paz en 1992.

 

El juez español Santiago Pedraz ordenó el 7 de julio de 2006 la prisión provisional contra ocho acusados de genocidio, terrorismo, torturas y detenciones ilegales durante la guerra civil guatemalteca, entre ellos Ríos Montt, Mejía Víctores, el exministro de Defensa Aníbal Guevara y el exdirector de la Policía Nacional Germán Chupina. Al final, únicamente Guevara y Chupina fueron arrestados en 2006, pero el 13 de diciembre de 2007 la Corte de Constitucionalidad de Guatemala resolvió que la justicia española no tenía jurisdicción para procesar a militares y civiles por hechos ocurridos en ese país centroamericano, con lo cual dejó sin efecto las acciones en su contra.

 

Actualmente, ninguno de esos oficiales enfrenta causa alguna en la justicia, pese a que no hay ley de amnistía que los ampare. Incluso Ríos Montt ha eludido la justicia por falta de voluntad política y de los tribunales para iniciar un proceso que inhabilite la inmunidad legislativa que posee y afronte las acusaciones como cualquier ciudadano.

 

“Un juicio contra estos personajes dejaría sentado para la historia, la conciencia y futuras generaciones de este país el reconocimiento de que aquí hubo una política de Estado que masacró y que intentó exterminar a los pueblos indígenas, para que eso no vuelva a suceder”, afirma Morales.

 

Sin embargo, y aunque la persecución penal contra exmilitares de alto rango va cuesta arriba, otros casos han dado resultados positivos. El último fue la captura del exjefe policial Pedro García Arredondo, el 24 de julio pasado, acusado de la desaparición forzada de un estudiante y del incendio que destruyó la sede de la embajada de España el 31 de enero de 1980, en la que murieron 37 ocupantes, entre ellos Vicente Menchú, padre de la Premio Nóbel de la Paz.

 

En junio pasado también fueron arrestados el exgeneral Héctor López Fuentes, de 81 años, asociado con el genocidio contra más de 300 personas entre 1978 y 1985, y el exdirector de la policía Héctor Bol, de 71 años, por las desapariciones de un sindicalista y un estudiante universitario en 1984.

 

Antes, en 2010, el excomisionado militar Felipe Cusanero fue sentenciado a 150 años de prisión por el secuestro y desaparición entre 1982 y 1984 de seis campesinos indígenas, mientras que el coronel Marco Antonio Sánchez y tres excomisionados militares fueron condenados a 53 años de cárcel por la desaparición de otras ocho personas detenidas en 1981.

 

“Estos casos permiten vislumbrar que hay oportunidad de que no queden en la impunidad la mayor parte de esos crímenes”, expresa, esperanzado, Mario Polanco, del Grupo de Apoyo Mutuo. Para lograr enjuiciar a la cúpula militar, “lo ideal sería que los ahora detenidos se acojan a alguna figura legal para que los proteja y señalen a los más importantes. Pero estoy convencido de que poco a poco tendrán que enfrentar la justicia”.

 

Aura Elena Farfán, de la organización no gubernamental Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala, indica a IPS que sentencias como la alcanzada en el caso Dos Erres sirven para acumular elementos para juzgar a Ríos Montt y a otros militares. “No ha sido fácil el camino que nos ha tocado andar, pero la perseverancia y vencer tanto obstáculo, como los 50 recursos que los abogados tuvieron que desahogar, las intimidaciones y allanamientos que sufrimos, dio sus frutos”, explica Farfán, querellante adherente del caso. Agrega que “llegará el momento” de juzgar a Ríos Montt, porque “él nunca participó directamente, pero sí fue el autor intelectual de la política de ‘tierra arrasada’”.