En México se llevaron a cabo 87 mil 260 eventos de detención migratoria en 2020, informó la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH). Agregó que en ese mismo año un total de 41 mil 329 personas solicitaron asilo al país; y ocurrieron 184 mil 423 eventos de repatriación de personas mexicanas desde Estados Unidos. Por ello, urgió a construir compromisos regionales, desde la mirada local, “para atender y proteger a las personas migrantes y refugiadas”.
Para la FMOPDH, “la movilidad humana es uno de los temas de agenda más desafiantes en el mundo, en las Américas y particularmente en México al ser un lugar de origen, tránsito, destino y retorno de miles de personas cada año”.
En un comunicado, recordó que el último Censo de población reportó que en México residen 1 millón 212 mil 252 personas nacidas en otro país. También que Baja California, Ciudad de México y Chihuahua son las tres entidades que concentran la mayor cantidad de personas extranjeras residentes.
Por otra parte, destacó que la región vive una emergencia humanitaria debido a la gravedad de las violaciones a derechos humanos en contra de la población migrante; sin embargo, aún no se han logrado consolidar los ejes normativos, programáticos y estratégicos que permitan atenderla desde una visión integral, con un enfoque diferencial y de derechos humanos.
Respecto de México, indicó que su posición geográfica intensifica la presión de la agenda migratoria. “Por un lado, las personas mexicanas que salen del país; por otro, todas aquellas personas de distintas nacionalidades que intentan llegara los Estados Unidos a través de nuestras fronteras”.
Agregó que “el despliegue de más de 8 mil elementos de las Fuerzas Armadas en las fronteras Norte y Sur del país ha expuesto a las personas migrantes a un aumento de las violaciones a derechos humanos por parte de esta autoridad, así como a transitar por nuevas rutas que son más peligrosas por la presencia de la delincuencia organizada y la ausencia de ayuda humanitaria que pueda asistirles en el camino”.
Al respecto añadió que en el país se “han registrado al menos 2 mil personas migrantes desaparecidas, las cuales han sido reportadas por sus familiares. Los lamentables hechos sucedidos en las poblaciones de San Fernando, Cadereyta o Camargo constituyen un patrón de violencia estructural en contra de este grupo de población”.
Por ello consideró que “el impacto de la violencia en esta población es diferencial en función, principalmente, del género y la edad, así como de la intersección entre ambas categorías. Mujeres, adolescentes y niñas son las principales víctimas de violencia sexual y sometidas a explotación sexual y trata de personas”.
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