En México, miles de mujeres sostienen la industria indumentaria con jornadas extenuantes, salarios bajos y condiciones laborales marcadas por la informalidad, la violencia y la opacidad empresarial. Un informe de ProDESC documenta que el 72 por ciento de las trabajadoras de la maquila no gana lo suficiente para vivir con dignidad, mientras ellas denuncian condiciones violatorias a derechos humanos. Sin vigilancia ni sanciones a las empresas, la precariedad laboral seguirá
Son las 3 de la madrugada y suena el despertador. No hay sol. No hay ruido en la calle. Betty Ávalos se levanta como lo hizo el día anterior y como lo hará al día siguiente. Afuera, Ciudad Juárez todavía es una sombra. Ella, como miles de mujeres en la frontera, abordará un camión en la oscuridad. Bajará frente a una nave industrial y caminará hasta su lugar en la línea. Ahí, la esperarán los ritmos acelerados y la exigencia de producir más y más vestiduras. En medio de esa línea quedará su cuerpo.
Con los años, llega el dolor de columna, el cansancio acumulado y esa sensación de que fuera de la fábrica no existe otra cosa. Durante más de una década y media, la vida de Betty transcurrió entre turnos que empezaban antes del amanecer y que terminaban cuando el sol ya se había marchado.
“Te levantas a las 5 de la mañana, a las 4, a las 3, depende de la carrera y el cuidado que tengas, pero te levantas, te vas a la maquila, y cuando sales está oscuro, y cuando regresas a tu casa está oscuro. Ahí fue cuando me cuestioné, me dije que tenía que haber algo más que eso; o sea, me dije que tenía derecho a ver el sol”, explica Betty Ávalos.
En México, la historia de Betty no es excepcional. En Ciudad Juárez, así como en otras entidades del país, miles de mujeres sostienen a la industria textil bajo dinámicas marcadas por bajos salarios, jornadas que superan las 48 horas semanales, hostigamiento, violencia de género, subcontratación, vacíos legales en los contratos e informalidad laboral.
De acuerdo con datos del Inegi, en industrias manufactureras trabajan 1 millón 791 mil mujeres. De esta cifra, 263 mil trabajan en maquilas: 152 mil, en fabricación de prendas de vestir; 46 mil, en fabricación de productos textiles; 16 mil, en fabricación de insumos textiles; y 49 mil, en curtido y acabado de cuero y piel.
El informe La industria indumentaria en México: una mirada a la situación de los derechos humanos laborales desde un enfoque interseccional y de rendición de cuentas empresarial, elaborado por el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), documenta que las mujeres de la maquila no sólo se enfrentan a la precariedad y las joirnadas extenuantes, sino que también a la amenaza constante del despido.
Para la activista Betty Ávalos, líder de la Colectiva Rosa Luxemburgo, una de las expresiones más alarmantes de esta violencia estructural es la invisibilidad. En entrevista con Contralínea, afirma que el sistema reduce a las trabajadoras a fuerza de producción: las despoja de su identidad y las convierte en piezas que sirven únicamente para producir cosas.
“Creo que esa invisibilidad, esa apatía de que me vieran nada más como alguien que tiene que venir y producir y producir, y que lo demás no importa, fue lo que me llevó a decir: yo soy más que una máquina que produce cosas. Soy una persona. Quiero hacer cosas que hacen las personas”.
Actualmente, la industria indumentaria es uno de los sectores más rentables del sistema económico global. En México, pese a las variaciones en su participación dentro del sector manufacturero, aporta alrededor de 95 mil millones de pesos al producto interno bruto (PIB). No obstante, detrás de estas cifras aún persisten condiciones de profunda precariedad laboral, esquemas de explotación, además de una sobreproducción y daños ambientales que impactan de forma directa a los territorios y a las comunidades, señala Mercedes Ramírez, integrante de la Coordinación de Análisis e Incidencia de la asociación ProDESC, en entrevista con este seminario.
Según la activista, el informe documenta que la industria indumentaria opera bajo condiciones estructurales de precariedad, lo que evidencia la necesidad de fortalecer y actualizar los marcos de debida diligencia empresarial e impulsar medidas legislativas que hagan exigibles estos derechos. En este sentido, Ramírez apunta que, particularmente en el contexto de la renegociación del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), uno de los puntos centrales en la agenda nacional debería ser precisamente reforzar las oportunidades de exigencia y el acceso a la justicia de los derechos laborales de las personas que están inmersas en la industria de la moda. “No basta con marcos voluntarios; es necesario dotar a las empresas de mayor obligatoriedad”, sostiene.
Entre los datos más alarmantes, el documento destaca que el 72 por ciento de las personas trabajadoras del sector no percibe un salario suficiente para superar el umbral de pobreza, mientras que el 66 por ciento de los empleos se encuentra en la informalidad. Además, se halló que el 52 por ciento carece de seguridad social; el 42 no cuenta con un contrato estable y el 94 no está afiliado a ninguna organización sindical.
En este sentido, al ser consultada por Contralínea, Mercedes explica que el estancamiento salarial es estructural. Entre 2013 y 2019, las remuneraciones en la industria textil pasaron de 11 mil 589 a 11 mil 696 pesos mensuales, es decir, poco más de 100 pesos de incremento en seis años. Pero, en la industria de la confección, el salario aumentó de 8 mil 630 a 9 mil 26 pesos en el mismo periodo, por lo que se mantuvo en un rango considerablemente más bajo, explica. “En talleres más pequeños o en el trabajo a domicilio es donde observamos pagos por encargo, por prenda o por hora. La naturaleza de los pagos es muy variada”.
Detrás de cada dato hay una desdicha que se repite: las trabajadoras de la maquila que acuden a consulta médica o solicitan permisos para atender a sus hijas e hijos suelen enfrentarse a despidos injustificados o, incluso, a la falta de renovación de sus contratos que, en la mayoría de los casos, son temporales.
“Cuando tenemos que atendernos la salud, nos encontramos con que ya no tenemos trabajo. También, a veces los contratos no son claros y cuando llegan a ser claros, aun así, de todas maneras, hay despidos injustificados. Entonces, creo que esa es una constante que se repite”, remarca Betty Ávalos.
En su experiencia, la precariedad también se instala en el cuerpo. Las lesiones laborales constituyen otro foco en este sector, pues después de años en la misma posición, muchas mujeres presentan desgaste en manos, hombros o en columna debido a las cargas de trabajo y a la falta de medidas preventivas. Y lo peor es que, cuando intentan que se les reconozca un accidente laboral, se enfrentan a trámites prolongados y a la negativa de incapacidades. Pero, en caso de lograr un dictamen a su favor, las empresas se resisten a volver a incorporarlas.
“Los sistemas de seguridad para prevenir riesgos y accidentes muchas veces no son tan eficientes. Primero hay una falla en la prevención, pero cuando ocurre un accidente, las compañeras no solo se enfrentan a la empresa, sino también al seguro social, que en muchos casos no reconoce el accidente de trabajo. Y una vez que luchamos para que se reconozca el accidente, la atención médica suele ser tardía e insuficiente. Al final, las compañeras se enfrentan a otro obstáculo: el seguro social se resiste a otorgar incapacidades y la empresa ya no las quiere recibir de vuelta con la lesión”, señala la activista juarense.
A ello se suman jornadas que pueden alcanzar hasta las 72 horas semanales. Como la ley establece límites para el tiempo extra, parte de esas horas nunca se registran ni se pagan, agrega. En talleres pequeños o en el trabajo a domicilio –donde con frecuencia no se exige escolaridad formal–, la contratación parece una oportunidad, pero termina siendo el espacio donde estos vacíos legales y los abusos se normalizan.
Opacidad empresarial genera abusos laborales
La opacidad empresarial refuerza este escenario. De acuerdo con el Índice de Transparencia de la Moda en México 2021, elaborado por Arlenica y Fashion Revolution, la mayoría de las marcas analizadas mantiene niveles mínimos de rendición de cuentas en materia laboral y ambiental. De 31 marcas analizadas, se encontró que el 58 por ciento no divulga sus políticas ni sus compromisos respecto a derechos laborales y de medio ambiente; el 90 por ciento no informa sobre salarios, prestaciones ni pago de horas extra; y únicamente el 3 por ciento revela datos sobre subcontratación o trabajo a domicilio. En promedio, la trazabilidad apenas alcanza una puntuación del 5 por ciento, y únicamente el 4 por ciento reporta acciones de debida diligencia.
En este contexto, Mercedes Ramírez sostiene que no se trata de reinventar el sistema actual, sino de fortalecer los pisos mínimos existentes y dejar de depender de la “buena voluntad” empresarial. Una de las principales apuestas, explica, es que los marcos de debida diligencia en materia de empresas y de derechos humanos dejen de ser voluntarios y se conviertan en obligaciones, con mecanismos claros de rendición de cuentas y sanción.
Actualmente, dice, los principales referentes internacionales como los principios rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, o las directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico dependen en buena parte de la voluntad de cada Estado y de las propias empresas para cumplirse. Sin embargo, en el contexto de la renegociación del T-MEC, la activista plantea fortalecer estos instrumentos como el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida, “diseñado para resolver cierto tipo de conflictos específicamente vinculados a temas de negociación colectiva y organización sindical”, lo que ha permitido procesar casos en esta industria indumentaria y generar planes de reparación.
“Es un mecanismo que ya ha recibido casos, y en particular, por ejemplo, de la industria indumentaria en 2023 recibió el primer caso por un conflicto en esta industria, creo que era una empresa dedicada a la elaboración de mezclilla. Y efectivamente, resultó en un plan de reparación. Entonces, quizás es eso, o sea, fortalecer la actuación de ese mecanismo, que no se pierda como esa fuerza, como lo hemos visto quizás en otros espacios geográficos, como por ejemplo la Unión Europea, que también tiene sus propias normativas al respecto. Pero sí hemos observado que para el caso del mecanismo de respuesta rápida del T-MEC, el costo político es significativo y ha provocado que sí, efectivamente, se reciban asuntos, se procesen, se dé una respuesta”.
Además, Ramírez propone mantener y robustecer las disposiciones que prohíben la importación de productos elaborados con trabajo forzoso o infantil, así como avanzar hacia una legislación nacional que haga obligatoria la debida diligencia empresarial. Para ello, dice que organizaciones civiles sostienen conversaciones con la Secretaría de Economía –encabezada por Marcelo Ebrard Casaubón– y otras instancias, con el objetivo de construir –mediante un proceso multiactor que incluye a trabajadoras, sindicatos, academia y gobierno– un proyecto de ley que pueda iniciar su ruta legislativa en los próximos meses.
Justicia laboral para las y los trabajadores
Si los marcos de debida diligencia siguen siendo voluntarios, y la vigilancia empresarial permanece en la opacidad, las cifras no cambiarán. Tampoco lo hará el ritmo de las máquinas ni las jornadas interminables, y mucho menos se modificarán las asimetrías de poder que sostienen un mercado basado en la terciarización de la producción, la desregulación laboral y la búsqueda constante de mano de obra barata para reducir costos.
En ese entramado, la maximización de ganancias se traduce en salarios bajos, así como en prestaciones mínimas y mayor precarización. Mientras los reportes empresariales hablan de exportación, crecimiento y competitividad, para miles de trabajadoras en el país la estabilidad sigue siendo una promesa lejana. Pues, para activistas como Betty, la fragmentación de las cadenas de suministro permite que las grandes compañías se deslinden de responsabilidades, incluso cuando su rentabilidad descansa en esa precariedad. Ante esto, en las líneas de producción permanece el miedo, miedo a denunciar, a organizarse, a enfermar, a quedarse sin empleo.
“Para nosotras, la industria se vive en el cuerpo y en la vida diaria, en el día a día; se vive en los salarios que no alcanzan, en jornadas largas, en trabajos sin seguridad social o trabajos inseguros, en cuerpos desgastados y en el miedo constante a perder el trabajo”, señala Betty. Ese miedo no es abstracto: atraviesa cada turno y cada decisión. Se expresa en la amenaza permanente de que la empresa cierre o se traslade, en la incertidumbre de no saber si denunciar una injusticia podría implicar un riesgo laboral.
“La mayoría de las personas que trabajamos en esta industria no ganamos lo suficiente para vivir con tranquilidad, y la mayoría somos mujeres”, agrega. Esto no es una coincidencia. Se trata de un modelo que se alimenta de la falta de oportunidades. “Es una industria que depende de que aceptemos lo mínimo porque necesitamos el ingreso para sostener a nuestras familias”.
Los casos de injusticia laboral aparecen con más frecuencia de la que suelen registrar las estadísticas oficiales. Betty habla de una trabajadora con más de 15 años en la industria que lleva una década arrastrando con una lesión en la columna, y meses en la línea de producción en la que repite movimientos y soporta un dolor entre sus huesos. Sin embargo, el seguro social no resolvió su caso y la empresa para la que laboraba tampoco asumió su responsabilidad. El resultado, dice, es un cuerpo que ya no puede permanecer mucho tiempo de pie ni sentarse sin dolor, pero que sigue trabajando.
En la presentación del informe, recuerda también a otra compañera que sufrió una hemorragia en plena jornada. Tras largas insistencias, logró que la pudieran incapacitar, pero al volver a su lugar de trabajo fue despedida. Lo que siguió fue un peregrinar entre centros de conciliación, demandas y estigmatización. “A ellas les preguntan: ¿Bueno, tú cómo sabes eso? ¿Por qué te defiendes tanto? ¿Por qué vienes y me reclamas? Y entonces, también vemos dificultad para que puedan reintegrarse al trabajo”.
El miedo atraviesa todas esas historias. En la frontera, muchas mujeres llegan de otros estados o países, con hijas e hijos o sin redes de apoyo. Decir ‘no’ ante la violencia laboral no siempre es una opción real para muchas de ellas. En ese contexto, aceptar condiciones precarias se vuelve la única alternativa disponible. “Algunas veces vemos esto como una ventaja”, reconoce Ávalos.
En entrevista con este semanario, relata que en talleres o en trabajo a domicilio no se exige escolaridad ni mayores requisitos; basta con presentarse. Sin embargo, esa misma puerta suele ser también una trampa, porque ahí los pagos por prenda, por encargo o por hora reemplazan la remuneración de un salario fijo; y es donde la violencia y los abusos se normalizan con mayor facilidad, ya que estas pequeñas y medianas empresas son las que más opacidad presentan en sus informes laborales.
La violencia en esta industria es cotidiana y sistemática. Puede ejercerse entre compañeros o desde supervisores y mandos superiores, pero siempre responde a la misma estructura jerárquica, añade la activista. “Hay mucha violencia, pero es una violencia que está muy normalizada. Y entonces, como está normalizada y no hay mecanismos adecuados para la denuncia, pues eso es complicado”. Así, ante la falta de mecanismos eficaces de denuncia, muchas trabajadoras optan por renunciar para escapar del hostigamiento, e interrumpen con ello su acceso a derechos como salud, vivienda o pensión.
“La relación con las empresas es una relación muy muy asimétrica. Mientras las empresas pueden asociarse libremente en cámaras y organismos para defender sus intereses, cualquier intento de organización colectiva de las trabajadoras o cualquier iniciativa de un grupo de personas trabajadoras que se quiere también asociar para buscar mejoras en sus condiciones, inmediatamente son atacadas y señaladas. Entonces, ahí hay una asimetría”.
A medida que la producción se fragmenta en cadenas de subcontratación, dice, las violaciones laborales se multiplican y la responsabilidad se diluye. En ese esquema, la reducción de costos termina recayendo sobre los cuerpos de quienes sostienen la producción. “No se refleja responsabilidad social ni las buenas prácticas empresariales si no se modifica la estructura histórica del trabajo que exige a las mujeres disponibilidad total, como si no tuviéramos cargas de cuidado”.
Marcos de debida diligencia podrían ser una solución
Desde la experiencia de acompañamiento a procesos organizativos, y a partir de la investigación realizada por ProDESC, Mercedes Ramírez identifica que una de las raíces de las injusticias laborales en la industria de la indumentaria está en los marcos de debida diligencia, que en la práctica suelen ser voluntarios. “El costo para las empresas es básicamente nulo”, explica, al señalar que ante las posibles irregularidades, o incluso violaciones a derechos laborales, no siempre existen consecuencias efectivas.
Si bien la norma contempla mecanismos de queja y denuncia como los establecidos en la Ley Federal del Trabajo, en la práctica son procesos complejos, largos y costosos. No todas las personas trabajadoras pueden acceder a ellos y muchas veces implican un desgaste económico y emocional que desincentiva su uso.
A ello se suma otro obstáculo, el de las prácticas de colusión o corrupción al interior de algunas empresas. Ante posibles inspecciones, señala, hay casos en los que se advierte a las y los trabajadores que no comenten ciertas situaciones, se les cambia temporalmente de área o incluso se les pide no presentarse el día de la revisión.
Sin embargo, para Mercedes estos problemas también son estructurales, pues no existen suficientes recursos estatales para garantizar el número necesario de inspecciones laborales ni para mantener una supervisión constante que asegure el cumplimiento de derechos. “Debe haber una intervención oficial, formal, más allá de lo que las propias empresas puedan estar declarando o a lo que se puedan comprometer”.
Por ello, desde el informe se hace un llamado a fortalecer la inspección laboral, debido a que, sin mecanismos obligatorios, sanciones efectivas y supervisión constante, los compromisos empresariales difícilmente se traducirán en cambios reales en las líneas de producción, porque mientras la responsabilidad siga siendo voluntaria, la precariedad seguirá presente para miles de trabajadoras.
“Consideramos que en esta industria, las afectaciones que provocan no son neutras, genera afectaciones desproporcionadas, sobre todo a las mujeres y a otros grupos históricamente excluidos como la población migrante, que paradójica y lastimosamente son estas mismas personas quienes sostienen esta industria, y son quienes menos se benefician de ella. Pero, esto no es casual. Es producto de un sistema económico construido a partir de una economía que afecta desproporcionadamente por temas de raza, de clase, de género, y que justamente se ha construido y se ha consolidado reduciendo costos por encima de la vida y de las condiciones de dignidad humana”.
A manera de conclusión, Mercedes Ramírez sostiene que sin rendición de cuentas empresarial no puede haber justicia laboral, ni modelos económicos verdaderamente sostenibles y justos.
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