En un sentido premonitorio, parece que la cinta de 1973 titulada Cuando el destino nos alcance anticipó la distopía que ahora plantea la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), al señalar que en países como México está prohibido envejecer para no poner en riesgo las finanzas públicas y llevarlas al borde del colapso.

En la película, basada en la novela de Harry Harrison y protagonizada por Charlton Heston, la contaminación provocada por el calentamiento global y su consecuente efecto invernadero causan un desastre ecológico en el planeta.

A tal grado que, en 2022, la ciudad de Nueva York, donde habitan más de 40 millones de personas, se ve en la necesidad de alimentar a la población con un producto procesado industrialmente llamado “Soylent Green”, cuya materia prima son nada menos que las personas ancianas, a quienes se les ofrece una muerte apacible y asistida a cambio de recordarles, mediante escenas proyectadas en una pantalla y una última y abundante cena, lo bello que fue el mundo que conocieron. Su fin es servir de alimento procesado al resto de la población.

Un detective descubre la aterradora verdad y muestra lo que espera a las personas adultas mayores en un mundo capitalista envuelto en su propia crisis y decadencia. Pero la ciencia ficción cinematográfica está siendo superada por la realidad, porque millones de personas de la tercera edad, tanto en México como en el resto del mundo, empiezan a ser vistas como una pesada carga financiera por el costo de sus pensiones.

Lo planteado por la Cepal, organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), parece responder más a un alineamiento con los dictados de organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), que a estudios encaminados a buscar una solución de fondo en favor de los millones de pensionados de América Latina. Ya en un informe de 2012, el FMI alertaba a los gobiernos sobre el peligro que representaría el envejecimiento de la población en sus economías.

Llama la atención que el organismo proponga, en particular a México, realizar una nueva reforma a su sistema de pensiones que incorpore algunas métricas sobre la esperanza de vida y la evolución demográfica. También plantea fortalecer la trayectoria de los ingresos tributarios en el mediano plazo mediante una recaudación fiscal más eficiente.

Los cálculos de la Cepal apuntan a que el bono demográfico de nuestro país se agotará en 2030; es decir, dentro de cuatro años, la población en edad de jubilarse crecerá de forma más acelerada que aquella que cuenta con un trabajo estable.

El organismo de la ONU señala que, en 2030, México tendrá una población de casi 138 millones de personas, de las cuales 14.96 por ciento serán mayores de 60 años; es decir, alrededor de 20 millones 700 mil personas. El impacto presupuestal del pago de pensiones contributivas ha ido al alza, pues mientras en 2020 se destinaban 15.92 pesos de cada 100, este año la Secretaría de Hacienda proyectó gastar 16.85 pesos de cada 100.

Del presupuesto asignado para este año, la Federación destinará 1 billón 704 mil millones de pesos, de un gasto total de casi 10 billones 115 mil millones, para afrontar el pago de las pensiones contributivas.

Además, para el programa social dirigido a las personas adultas mayores se asignarán 526 mil 508 millones de pesos. En cifras redondeadas, se destinarán 2 billones 230 mil millones de pesos para apoyar a este sector de la población. De esta forma, 22 de cada 100 pesos estarán etiquetados para el pago de ambos sistemas de pensiones.

A pesar de contar con un equipo de especialistas, la Cepal no va al origen del problema. Pasa por alto las propuestas que muchas organizaciones sociales y sindicatos independientes han venido planteando desde que, en 1997, el gobierno neoliberal del Prian decidió desmantelar el sistema solidario de pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para dar paso a las Afore. Años después, este modelo se extendió al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSRE).

Desde un inicio se trastocó el principio de que las entidades públicas fueran responsables del manejo de este pilar de la seguridad social, que todavía durante las últimas décadas del siglo pasado, fue capaz de otorgar pensiones que aseguraban un retiro digno a las personas de la tercera edad.

Ahora que las primeras generaciones de trabajadores han iniciado el trámite de jubilación, se han llevado la sorpresa de que esas Afore, que hace casi 30 años les prometieron ingresos promedio equivalentes al 70 por ciento de sus últimos salarios, ahora sólo les permiten recibir alrededor de 6 mil pesos mensuales, cantidad insuficiente incluso para subsistir.

Lo que la Cepal debe proponer es la realización de foros serios de debate con especialistas y organizaciones de trabajadores para explicar por qué se permitió, desde un inicio, que los banqueros tuvieran total libertad para invertir en proyectos de los que los trabajadores nunca se han enterado. Y lo más grave es que, al no existir un contrapeso por parte de los ahorradores, nunca les rindieron cuentas de manera transparente.

Hasta la fecha, ni las autoridades hacendarias ni la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) han realizado un análisis comparativo entre las verdaderas pérdidas –minusvalías– de las Afore y sus ganancias reales. Podemos afirmar que la balanza ha operado en detrimento de los intereses de los más de 70 millones de ahorradores.

Y lo decimos porque, en el espinoso asunto de las minusvalías –pérdidas que no implican responsabilidad alguna para las Afore–, tan sólo en marzo pasado se reportó un récord histórico, con pérdidas por 417 mil 321 millones de pesos, mientras que en julio llegaron a 92 mil 763 millones. Esto es, sumadas, superan los 500 mil millones de pesos, monto equivalente al destinado a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Pero esto es recurrente porque en 2022 las minusvalías sumaron 215 mil 477 millones de pesos. Y si hiciéramos un ejercicio aritmético y calculáramos, de manera conservadora, pérdidas por unos 100 mil millones de pesos anuales, en los casi 30 años durante los cuales las Afore han manejado el ahorro de millones de mexicanos, bien podríamos estimar una cifra que rondaría los 3 billones de pesos, equivalente a un tercio de los 9 billones que suma la bolsa de las administradoras de fondos para el retiro.

¿Quién responde por estas pérdidas acumuladas y recurrentes? Desgraciadamente, no el gobierno y menos aún los banqueros. Por ello, ante la reiterada ineptitud e irresponsabilidad de las Afore para manejar los ahorros de la clase trabajadora, es momento de retornar al viejo sistema solidario.

Quienes controlan los 70 millones de cuentas individuales nunca pierden, ni siquiera con la rebaja del cobro de 5.40 pesos por cada 1 mil ahorrados. También, mediante una operación básica, podemos concluir que, por el manejo de los 9 billones de pesos, las 10 Afore que controlan el mercado del ahorro para el retiro se embolsan anualmente la nada despreciable cifra de 48 mil 600 millones de pesos.

Antes de dar recetas equivocadas, la Cepal debe revisar en qué se invierten y dónde han ido a parar los ahorros de millones de trabajadores, pues las Afore han terminado en brazos de financieras multinacionales como BlackRock, que invierten abundantes capitales que no les pertenecen en empresas como Walmart, firma que se negaba a pagar sus impuestos en México.

Además, si se trata de aumentar la recaudación, el organismo debería proponer gravar las grandes fortunas de nuestro país para mejorar nuestro desmantelado y colapsado sistema de salud porque, como se pronosticó en 1973, el destino “ya nos alcanzó”.

Martín Esparza*

* Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas