El acuerdo energético suscrito entre Venezuela y Estados Unidos, el pasado 30 de agosto, abre un nuevo escenario para la industria petrolera del país sudamericano y plantea interrogantes sobre su soberanía, la participación privada en ese sector estratégico y la relación con Washington, coincidieron los doctores en estudios latinoamericanos Marcela Román y Pablo Rojas.

Los especialistas cuestionaron las condiciones del convenio energético y advirtieron que la participación estadunidense en 17 campos petroleros venezolanos plantea una disputa geopolítica que trasciende al crudo. Al respecto, expusieron que la empresa privada North American Blue Energy Partners tendrá concesiones por 100 años para 17 campos petroleros.

Los investigadores señalaron que la Oficina del Capital Estratégico del Departamento de Guerra de Estados Unidos contará con una participación de 35 por ciento en la empresa matriz. Además, el Departamento de Estado tendrá derecho a adquirir 20 por ciento de la extracción y una opción preferente para comprar el 80 por ciento restante.

Por ello, el doctor Pablo Rojas cuestionó que el convenio no se dio entre iguales, si se toman en cuenta las condiciones de presión económica, política y militar que Venezuela enfrenta no sólo en años recientes, sino sobre todo a partir del secuestro del presidente Nicolás Maduro, ocurrido el 3 de enero de 2026. Rojas calificó esta relación como un “acuerdo de saqueo”, y sostuvo que Estados Unidos estaría aprovechando su posición de fuerza para obtener acceso a recursos estratégicos venezolanos.

Por su parte, la doctora Marcela Román planteó que el debate no puede reducirse únicamente a la dimensión económica, pues este acuerdo se dio en un marco de presión extranjera contra la Revolución Bolivariana –que incluye las transformaciones del proyecto político encabezado, primero, por Hugo Chávez, y después por Nicolás Maduro– con diversas penalidades contra Venezuela. En ese contexto, los expertos recordaron que ese país latinoamericano ha enfrentado durante años sanciones y medidas de presión estadunidenses, con consecuencias negativas en lo económico, en lo social, en lo político y en lo cultural. Agregaron que, entre 2013 y 2017, dichas sanciones habrían provocado pérdidas equivalentes entre 1.1 y 1.6 veces el producto interno bruto venezolano.

Los investigadores coincidieron en que, al tratarse de una especie de secesión adoptada entre gobiernos en un contexto de profunda asimetría militar, económica y política, pues no se puede considerar como una decisión plenamente soberana, aún cuando la presidenta en funciones Delcy Rodríguez agradeció al presidente Donald Trump, al secretario de Estado, Marco Rubio, y al gobierno estadunidense por su disposición para desarrollar el acuerdo que, dijo, permitirá incrementar la producción petrolera y la participación de operadores privados.

Los doctores en estudios latinoamericanos acusaron que el acuerdo venezolano forma parte de una disputa más amplia –que encabeza Estados Unidos– por recursos estratégicos indispensables para industrias energéticas, tecnológicas y militares. Entre ellos, destacaron los recursos minerales de América Latina. Ello, dijeron, incluye minerales como litio, cobre, coltán, uranio y plata.

En particular, destacaron el llamado triángulo del litio –integrado por Chile, Argentina y Bolivia– y señalaron que la región posee una proporción significativa de las reservas mundiales de este mineral. También mencionaron el potencial de otros países latinoamericanos, incluido México.

La doctora Román planteó que el futuro del proceso venezolano dependerá no sólo de las decisiones gubernamentales, sino también de la capacidad de la sociedad para participar y defender los espacios de decisión sobre su futuro.

La postura de Venezuela

El pasado 31 de agosto, la presidenta en funciones Delcy Rodríguez explicó que el acuerdo histórico con el gobierno de Estados Unidos se pensó para favorecer el futuro de Venezuela, que es el país con las mayores reservas petroleras del mundo.

“Pero tener recursos bajo tierra no es suficiente. Necesitamos inversión, tecnología, infraestructura, capacidad productiva para convertir esa riqueza en bienestar para nuestra gente. De nada sirve tener nuestras reservas petroleras bajo tierra únicamente para que aparezcan en una estadística o en una contabilidad y podamos decir ‘somos el país con la mayor reserva del mundo’, cuando no podemos convertirlo y traducirlo en desarrollo para Venezuela. Nuestras reservas deben convertirse en bienestar, prosperidad y felicidad para este país, y permitirnos recuperar nuestra capacidad productiva para consolidarnos como una potencia energética y productora”.

Por ello, la presidenta de Venezuela indicó que con el acuerdo se puede generar mejores ingresos, servicios públicos, salud, educación, vialidad para el pueblo. Además, aseguró que se aporta “a la seguridad energética del hemisferio y contribuimos a un mercado energético internacional más equilibrado y estable. Este acuerdo parte de una premisa muy sencilla, cada parte aporta aquello que puede hacer mejor. Venezuela aporta petróleo, su industria y la experiencia de sus trabajadores durante más de cien años. Estados Unidos aporta el capital y la tecnología necesaria para recuperar y desarrollar esos activos”.

Y detalló que “el proyecto binacional, suscrito por 25 años, contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos con un objetivo de producción superior a 1.5 millones de barriles diarios. Esto solamente con el acuerdo binacional Venezuela-Estados Unidos; pero nuestra meta va más allá: con la firma de otros importantes acuerdos que incluyen a grandes empresas como Chevron, Repsol, Eni, Shell, BP, entre otras, queremos ser una potencia energética, gran productora de petróleo, un exportador importante de gas y gran desarrollo petroquímico nacional”.