Durante más de tres décadas, los Caballeros de Colón articularon en México una red que vinculó a integrantes del Partido Acción Nacional con empresarios, jerarcas católicos y dirigentes extranjeros, revelan expedientes desclasificados de la extinta Dirección Federal de Seguridad. Los integrantes de esa organización ultraderechista participaron en campañas electorales, disputas educativas y gestiones bilaterales, además de impulsar una agenda religiosa que permanece en la actualidad, con la oposición a derechos sexuales, reproductivos y de identidad

Cuarta parte. Opositora histórica a las agendas progresistas y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de la comunidad LGBT+, la organización ultraderechista Caballeros de Colón no sólo se ha asociado con partidos de derecha, sino también con grupos de presión conservadores, como la Asociación Nacional Católica de Padres de Familia y Acción Católica Mexicana. Cobijados en la bandera católica más reaccionaria del país, sus ideas se asocian con el anticomunismo.

Durante más de tres décadas, los Caballeros de Colón –organización fundada en Estados Unidos a finales del siglo XIX y con presencia internacional– construyeron en México una red que vinculó a integrantes del Partido Acción Nacional (PAN) con empresarios, jerarcas católicos y dirigentes extranjeros.

El expediente que la Dirección Federal de Seguridad (DFS) integró sobre este grupo –conservado entre sus copias maestras, en la caja 16, legajo uno– muestra que las actividades de sus integrantes fueron más allá de la beneficencia y la formación religiosa: participaron en campañas electorales, disputas educativas, debates sobre la historia nacional y gestiones vinculadas con asuntos bilaterales.

Una de esas conexiones quedó registrada en mayo de 1962, cuando cerca de 1 mil integrantes de la Orden llegaron a Chihuahua para celebrar su convención nacional en el salón de actos de una embotelladora de Pepsi-Cola. A unas calles, desde las oficinas del PAN, se imprimía propaganda y se organizaban brigadas juveniles y “mítines relámpago” en favor de Cipriano Rubio Domínguez, candidato panista en las elecciones locales de julio. Los agentes de la DFS siguieron ambas actividades y ubicaron a jóvenes vinculados con los Caballeros de Colón dentro de las brigadas electorales, aunque sus informes no precisaron si existía un acuerdo institucional entre la Orden y el partido.

La organización tenía entonces un alcance que rebasaba las fronteras mexicanas. Una ficha de marzo de 1961 la describía como una estructura fraternal dividida en 63 jurisdicciones, con aproximadamente 1 millón 200 mil integrantes y 4 mil 200 consejos alrededor del mundo. Según el documento, sus miembros eran seleccionados por su integridad, lealtad a la Iglesia y disposición para luchar “por Dios, por la misma Iglesia y por la patria”.

Los expedientes fueron elaborados por la policía política de un régimen priista autoritario que vigiló y persiguió a estudiantes, sindicatos, campesinos, opositores y organizaciones religiosas.

En uno de los expedientes, la DFS reconstruyó el alcance de una derecha católica organizada, con recursos y conexiones nacionales e internacionales, que buscó influir en la política, la educación, la moral pública y las decisiones del Estado. Actualmente, los Caballeros de Colón indican que, en México, cuentan con 18 mil 250 consejos locales.

Los vínculos con Acción Nacional

Los expedientes de la extinta “policía política” documentan la presencia de dirigentes y militantes de Acción Nacional en espacios compartidos con la Orden y otras organizaciones tradicionalistas. Esos encuentros muestran que la militancia religiosa y la participación partidista coincidían alrededor de una agenda común: ampliar la influencia política del catolicismo y combatir algunos de los fundamentos del Estado laico.

Una de esas coincidencias quedó registrada en septiembre de 1971, durante un homenaje a Agustín de Iturbide realizado ante unas 1 mil 100 personas en el Cine Teatro Metropólitan de la Ciudad de México. En el acto participaron integrantes de los Caballeros de Colón, el Movimiento Tradicionalista Mexicano, el Grupo Bernardo Bergöend y militantes de Acción Nacional.

Entre los oradores se encontraba Edmundo Gurza, integrante del grupo tradicionalista y dirigente regional del PAN en Torreón, Coahuila, quien acusó a los “gobiernos masónicos” de modificar la historia de México de acuerdo con sus intereses.

En el mismo encuentro, el historiador Celerino Salmerón negó la participación de Vicente Guerrero en la elaboración del Plan de Iguala y llamó a combatir lo que definió como un “sistema intelectual de mentiras establecido en México”. La reivindicación de Iturbide frente a Guerrero, José María Morelos, Valentín Gómez Farías y Benito Juárez no constituía únicamente una disputa sobre el pasado, sino que confrontaba la tradición liberal que sustentó la separación entre la Iglesia y el Estado.

La DFS reportó la asistencia a la ceremonia en memoria de Iturbide de alrededor de 600 personas, y ubicó entre las figuras principales a José González Torres, expresidente nacional del PAN y uno de los dirigentes católicos más visibles dentro del partido. Otros documentos incorporados a los expedientes muestran que sectores eclesiásticos llamaban a no respaldar a las fuerzas políticas que defendieran las disposiciones de la Constitución de 1917 calificadas por la Iglesia como “persecutorias”.

En conjunto, los documentos muestran una comunidad política en la que dirigentes y militantes compartían actos, adversarios y objetivos. Dentro de esa red, el PAN aparece como el cauce partidista más visible para sectores de la derecha católica que buscaban recuperar influencia sobre la educación, la interpretación de la historia y las decisiones del Estado.

Una red nacional con conexiones internacionales

La influencia de los Caballeros de Colón se sostenía en una estructura territorial integrada por profesionales, empresarios, dirigentes políticos y miembros de la jerarquía católica. De acuerdo con los informes de la DFS, la Orden pasó de alrededor de 8 mil integrantes en 1964 a 10 mil en 1966, distribuidos en más de un centenar de consejos. Los directorios incorporados a los expedientes identificaron representantes locales –denominados Grandes Caballeros– en más de 60 poblaciones del país.

En la dirección destacaba José Cárdenas Stille, identificado como director supremo de los Caballeros de Colón en México y como el primer mexicano en ocupar uno de los 21 cargos de la dirigencia mundial. En Guadalajara aparecía también Adolfo Rojas, registrado como Gran Caballero y responsable de la organización local. Estos nombramientos muestran una estructura que articulaba los consejos regionales con la dirección nacional y, a su vez, con la conducción internacional de la Orden.

La organización reunía recursos mediante aportaciones individuales y los destinaba a escuelas, universidades, becas, campañas de alfabetización y ayuda para sacerdotes. También tenía acceso a espacios empresariales, religiosos y gubernamentales. En su convención de Acapulco de 1964 congregó a cerca de 2 mil delegados, además de jerarcas católicos y dirigentes internacionales; la clausura estuvo encabezada por el expresidente Miguel Alemán Valdés, entonces titular del Consejo Nacional de Turismo.

La presencia de Alemán Valdés muestra que la relación con el régimen priista no fue de confrontación permanente, pese a la vigilancia de la DFS. La Orden también mantenía interlocución con representantes extranjeros. Durante la visita a México de John McDevitt –dirigente internacional denominado Caballero Supremo– en 1965, los agentes registraron la asistencia de los embajadores de Estados Unidos, Canadá y Filipinas, además del delegado apostólico del Vaticano.

Su pertenencia a una estructura encabezada desde Estados Unidos ampliaba esa capacidad de acción. Ello permitió que los Caballeros de Colón pudieran movilizar recursos y trasladar asuntos mexicanos a espacios políticos extranjeros, como ocurrió durante la crisis provocada por la salinidad del río Colorado, que dañó la agricultura del Valle de Mexicali y generó un conflicto bilateral durante la década de 1960.

El problema se agravó a partir de 1961, cuando los agricultores del distrito de Wellton-Mohawk, en Arizona, construyeron un sistema de 94 pozos profundos para extraer agua salobre del subsuelo y recuperar sus propias tierras. El líquido de drenaje era descargado en el río Colorado antes de que cruzara la frontera por la presa Morelos. Con ello, la salinidad del agua utilizada por los agricultores mexicanos pasó de alrededor de 900 partes por millón a niveles que superaban las 2 mil 700 partes por millón.

De acuerdo con los reportes incorporados al expediente, el flujo depositaba diariamente más de 5 mil toneladas de sal en el Valle de Mexicali y afectaba una superficie estimada en 450 mil acres, equivalentes a alrededor de 182 mil hectáreas. La pérdida de productividad dejó a cientos de agricultores sin cosechas, acceso al crédito ni medios suficientes de subsistencia.

El conflicto abrió también una disputa sobre la interpretación del Tratado de Aguas de 1944. Estados Unidos sostenía que el volumen asignado a México debía entregarse independientemente de su origen, mientras el gobierno mexicano argumentaba que el agua tenía que ser apta para usos agrícolas y municipales. México cuestionaba, además, que el drenaje extraído artificialmente de pozos en Arizona pudiera contabilizarse como parte del caudal natural del río Colorado.

La DFS registró el temor de que organizaciones de izquierda –entre ellas la Central Campesina Independiente– capitalizaran el descontento de los ejidatarios y convocaran a protestas frente al Consulado de Estados Unidos.

Ante ello, los Caballeros de Colón incorporaron el conflicto a su agenda después de discutirlo en la convención nacional de Acapulco. El representante de Baja California, Marín Vázquez Gudiño, llevó el problema a la asamblea internacional celebrada el 20 de agosto de 1964 en Nueva Orleans, donde los delegados aprobaron la creación de una comisión especial para viajar a Washington y solicitar una entrevista con el presidente Lyndon B. Johnson.

Los documentos acreditan la aprobación de la comisión, aunque no permiten confirmar si sus integrantes consiguieron reunirse con Johnson ni qué resultados produjo la gestión. Aun con esa reserva, el episodio muestra cómo la representación mexicana podía activar la estructura estadunidense de la Orden y buscar acceso a la Casa Blanca para incidir en un asunto bilateral.

La iniciativa revela la existencia de un canal de influencia paralelo a la diplomacia oficial, sostenido por relaciones construidas a ambos lados de la frontera. El poder de los Caballeros de Colón no provenía de una militancia masiva comparable con las centrales obreras y campesinas del PRI, sino de la combinación de recursos privados, disciplina interna y acceso a empresas, diócesis, partidos, diplomáticos y autoridades extranjeras.

La agenda conservadora que sigue vigente

La estructura de los Caballeros de Colón también servía para impulsar una agenda que rebasaba las ceremonias religiosas y las obras de beneficencia. Sus posicionamientos abarcaron la educación, la interpretación de la historia nacional, los contenidos difundidos por los medios y, posteriormente, los derechos sexuales, reproductivos y de identidad.

Uno de sus principales terrenos de disputa fue la educación. Los expedientes registraron el rechazo de la Orden y de otros sectores eclesiásticos a las disposiciones laicas del Artículo 3 constitucional. Esa oposición formaba parte de un conflicto más amplio contra la tradición liberal que sustentaba la separación entre la Iglesia y el Estado.

Durante los años sesenta, la agenda se extendió al cine, la radio y la televisión. Los Caballeros de Colón participaron en campañas contra lo que calificaban como “pornografía” e “inmoralidad”, bajo la idea de que los católicos debían intervenir en la política para orientarla de acuerdo con sus principios. En las décadas posteriores, sus voceros se pronunciaron también contra la legalización del aborto y el control artificial de la natalidad.

La organización no se limitaba, por tanto, a defender el derecho de sus integrantes a profesar una creencia, sino que buscaba trasladar sus convicciones religiosas a las normas aplicables al conjunto de la población.

Esa agenda conserva expresiones en el presente, debido a que el 25 de junio de 2026, la Asamblea 416 Edelmiro Traslosheros de los Caballeros de Colón se pronunció contra la reforma destinada a garantizar que niñas, niños y adolescentes puedan obtener un acta de nacimiento acorde con su identidad de género autopercibida. La agrupación pidió al Congreso de Puebla no aprobar la modificación, pese a que derivó de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaró inconstitucional excluir de manera absoluta a las personas menores de edad de ese procedimiento.

Las formas de intervención se han transformado, pero permanece un núcleo ideológico reconocible: la defensa de una concepción tradicional de la familia, la participación religiosa en los debates legislativos y la oposición a la ampliación de derechos relacionados con la sexualidad, la reproducción y la identidad. La posición asumida en Puebla muestra que esa agenda no quedó limitada a los expedientes que formó la DFS, sino que continúa trasladándose a los congresos y a las disputas jurídicas del presente.

La vigilancia desde el poder

Los expedientes no pueden separarse de la institución que los produjo. La DFS actuó como la policía política de un régimen priista autoritario y, en el caso de los Caballeros de Colón, sus informes dejan ver apreciaciones elaboradas en medio de la confrontación con una organización relacionada con integrantes del PAN.

Esa tensión aparece en un informe del 29 de junio de 1961, firmado por el director de la DFS, Manuel Rangel Escamilla. El documento describía a los Caballeros de Colón como “una de las agrupaciones más poderosas con que cuenta el clero” y le atribuía la capacidad de movilizar o “unificar” a cerca de medio millón de católicos en México para financiar escuelas, universidades, becas y propaganda religiosa.

El reporte señala que los Caballeros de Colón no podían considerarse una sociedad secreta y que sus estatutos prohibían introducir la política dentro de la Orden, bajo sanciones para quienes infringieran esa disposición. Al mismo tiempo, reconocía que sus integrantes tenían libertad para cumplir con sus “deberes cívicos”, lo que dejaba abierta la posibilidad de combinar la pertenencia religiosa con la participación política a título individual.

La DFS prestó especial atención a sus mecanismos de formación interna. Según el informe, la Orden realizaba un ritual reservado “por razones psicológicas”, cuyo carácter “sobrio” y “de gran significación” funcionaba como un medio de atracción y cohesión. La formación avanzaba mediante distintos grados y recurría a símbolos y emblemas para fijar los principios de la organización en los iniciados hasta convertirlos, de acuerdo con el reporte, en una “segunda naturaleza” capaz de producir “cambios notables en la vida del hombre”. Al mismo tiempo, el documento señalaba que la participación era voluntaria y que las autoridades utilizaban medios fraternales, sin consignar mecanismos de coerción.

En el expediente aparece también un texto presentado como “Juramento de Cuarto Grado”, que atribuía a los integrantes de la Orden la intención de combatir a masones y protestantes, desobedecer a los gobiernos considerados contrarios a la Iglesia y acatar sin cuestionamientos las órdenes de sus superiores. Al final, señalaba que el iniciado debía firmar el juramento con su nombre, escrito con la punta de una daga “mojada con mi propia sangre”.

La propia organización y autoridades estadunidenses negaron que el texto fuera auténtico. Sin embargo, esas negativas tampoco resuelven por completo las dudas sobre el documento. Lo mismo ocurre con el hecho de que la DFS lo conservara y transcribiera, que aparezca en sus archivos no prueba que el juramento se haya pronunciado ni que la ceremonia descrita realmente ocurriera. El expediente deja preguntas abiertas sobre su origen y no aporta testimonios de quienes habrían participado, documentos internos autenticados u otros elementos que permitan confirmar lo que ahí se relata.

El contexto político de la época también obliga a leer el documento con cautela. La DFS vigilaba con sospecha a una organización vinculada con sectores de la oposición panista, por lo que esa confrontación pudo influir en la manera en que interpretó sus prácticas reservadas. Pero tampoco hay elementos para afirmar que el texto haya sido inventado o alterado deliberadamente.

Lo que sí muestran los documentos disponibles es que el supuesto juramento formó parte de la información que la policía política reunió y utilizó para evaluar a los Caballeros de Colón. Incluso el agente que realizó la transcripción evitó asegurar que fuera auténtico y cerró el documento con una frase que trasladaba esa valoración al lector: “Dejamos a juicio del lector que haga los comentarios que su conciencia le dicte”.

La autenticidad del texto sigue sin comprobarse debido a que el expediente no contiene testimonios directos, documentos internos autenticados ni otros elementos que permitan afirmar que el juramento se pronunciara o que los ritos descritos fueran practicados por la Orden. Sin embargo, los archivos sí ofrecen evidencia de otra dimensión de los Caballeros de Colón: convenciones, directorios, discursos, participantes y relaciones políticas que permiten reconstruir parte de su actividad en México.

Los expedientes de la organización religiosa dan cuenta de una derecha católica organizada, articulada mediante consejos locales, recursos privados, relaciones internacionales y vínculos de algunos de sus integrantes con el PAN.