En 2013, el Departamento de Estado de Estados Unidos documentó diversas violaciones a derechos humanos en México en el supuesto contexto de la “guerra” contra el narcotráfico. El informe no se ciñó sólo al primer año de gobierno del priísta Peña Nieto, sino que se extendió a la época del panista Felipe Calderón. A la distancia, ese documento permite comparar los niveles de presión que aplica el vecino país dependiendo de la permisibilidad que se le dé o no a su intromisión: mientras que en aquellos sexenios se permitieron excesos al vecino del norte –como el operativo Rápido y Furioso o el injerencismo mediante la Iniciativa Mérida– no hubo necesidad de quitar visas o imponer aranceles; tampoco se pidió la extradición de García Luna cuando estaba en funciones. Contrario a ello, EU recurre en la actualidad a todas las tácticas a su alcance para intentar vulnerar la soberanía mexicana y aplicar su política de injerencia
Un año después de que el priísta Enrique Peña Nieto asumió la Presidencia de la República, el Departamento de Estado de Estados Unidos –a través de su Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo– elaboró el “Informe sobre prácticas de derechos humanos, 2013”, en el que se afirma que México presentaba una abrumadora cantidad de violaciones a derechos humanos. Entre ellas, se citan delitos de alto impacto como: ejecuciones extrajudiciales, torturas y secuestros por parte de fuerzas militares y policiales. Además, el reporte refiere una continuidad en esas atrocidades, pues también fueron perpetradas en el sexenio de Felipe Calderón.
En aquel año de transición y hasta casi el final del mandato de Peña Nieto, Estados Unidos –en aquel momento gobernado por el demócrata Barak Obama (20 de enero de 2009-20 de enero de 2017)– optó por mantener su injerencismo mediante estrategias como la Iniciativa Mérida, que le garantizaba entrometerse en los temas de seguridad pública y nacional.
Por ello, a pesar de aquel diagnóstico en el que el Departamento de Estado retrataba una deplorable situación en materia de derechos humanos, en ningún momento optó por el retiro de visas a funcionarios mexicanos. Tampoco acusó de censura, ataque a la libertad de expresión, narcogobierno, autoritarismo o dictadura a las administraciones de Felipe Calderón y Peña Nieto.
Según aquel informe, a lo largo de 2013, “entre los problemas significativos relacionados con los derechos humanos figuraban la participación de fuerzas policiales y militares en abusos graves, tales como homicidios ilegítimos, maltrato físico, tortura y desapariciones. La impunidad y la corrupción generalizadas seguían siendo problemas graves, especialmente a nivel estatal y local, así como en las fuerzas de seguridad y el sector judicial. Persistían la violencia atribuida a organizaciones criminales transnacionales y locales, la violencia contra las mujeres y la violencia contra periodistas que limitaba la libertad de expresión”.
Dicho documento narra atrocidades como la ocurrida a Alfredo Ruiz Rojas, de 23 años de edad, y Héctor Alexis Moreno Valdivia, de 15 años, quienes, sin motivos, fueron torturados y ejecutados presuntamente por “fuerzas de seguridad”. Según lo descrito: “la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Fiscalía General de Tamaulipas emitieron un informe conjunto en el que afirman que las víctimas murieron en un enfrentamiento armado con las fuerzas de seguridad. Sin embargo, la autopsia del cuerpo de Ruiz Rojas sugiere que fue torturado, y las primeras pruebas forenses del lugar parecen contradecir la versión oficial. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, el cuerpo de Ruiz Rojas presentaba signos de haber sido golpeado en la cara, los genitales, la espalda, las nalgas y las piernas antes de ser asesinado”.
En el mismo informe se expone el caso de Jethro Ramsés Sánchez, joven de 26 años, quien había estudiado una maestría en ingeniería electromecánica y laboraba en una empresa automovilística, pero, el 1 de mayo de 2011, después de un partido de futbol fue detenido de manera arbitraria en una feria local por parte de elementos de la policía municipal bajo el mando de Manrique González Acosta. “Aunque González Acosta negó haber participado, las autoridades judiciales investigaron su presunta implicación en la detención de Sánchez. Posteriormente, la policía municipal entregó a Sánchez a la policía federal, presentándolo como miembro de una organización criminal transnacional (OCT). La policía federal trasladó a Sánchez a la Sedena, que lo llevó a una de sus instalaciones militares, donde presuntamente fue torturado y falleció a consecuencia de los abusos”. Ese mismo año, el gobierno reconoció en un comunicado oficial la consignación de dos elementos militares al juez Quinto Militar adscrito a la I Región Militar por dicho caso.
Entre otros crímenes también se identificó la investigación en torno a que, en junio de 2013, “las autoridades del estado de Guerrero hallaron los cuerpos de tres activistas políticos que habían sido secuestrados el 30 de mayo. Otros cinco activistas lograron escapar de sus captores y denunciaron que el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, había ordenado que los torturaran y había matado a uno de ellos con una escopeta. Un colega, a quien uno de los secuestrados llamó durante su huida, declaró a la prensa que Abarca tenía vínculos con el crimen organizado.”
Ese antecedente ocurrió antes del 26 de septiembre de 2014, fecha en que aconteció la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa. Eso significa que el mismo Departamento de Estado ya había señalado en su informe las denuncias acerca de que José Luis Abarca mantenía vínculos con grupos delictivos y que era capaz de cobrar venganza con extrema violencia en contra de opositores. A pesar de eso, el gobierno de Enrique Peña Nieto no tomó medidas ni tampoco el Departamento de Estado de EUA calificó estos actos como parte de un “narcogobierno”, un “autoritarismo” o una “censura”.
En el mismo reporte se citó un diagnóstico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el sexenio de Calderón. Es éste se contabilizaron “7 mil cuerpos sin identificar de personas fallecidas entre 2006 y 2012”. Aunado a eso se reconoció que “el Sistema Nacional de Seguridad Pública registró 1 mil 32 denuncias de secuestro presentadas entre entre diciembre de 2012 y junio de 2013”, y, además planteó que “la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que 26 mil 121 personas habían desaparecido entre 2006 y 2012”.
Estas cifras y lo recopilado por el informe del Departamento de Estado muestran no sólo una larga lista de violaciones a derechos humanos, sino también un reconocimiento por parte del gobierno de Estados Unidos sobre el nivel de violencia y la omisión de las distintas instituciones del Estado mexicano. A pesar de ello, el gobierno vecino no realizó presiones políticas ni declaró la existencia de un “narcogobierno” o de una “narcopolítica”. Tampoco emitió órdenes de detención o de aprehensión contra gobernadores del Partido Acción Nacional (PAN) o del Partido Revolucionario Institucional (PRI) como lo ha realizado en meses recientes contra integrantes del partido Morena.
Caso García Luna, otra omisión del gobierno de EU
La forma en cómo opera Estados Unidos su injerencismo también queda al descubierto con el caso de Genaro García Luna. El exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón –actualmente preso en el vecino país, condenado por sus vínculos con el Cártel de Sinaloa– fue una pieza clave en la intromisión estadunidense en las labores de seguridad pública y de seguridad nacional.
Agencias estadunidenses como la DEA premiaron al policía y mantuvieron una estrecha relación con él durante el sexenio calderonista. En todo ese tiempo, García Luna operó para el Cártel de Sinaloa, organización criminal a la cual se benefició sistemáticamente con la supuesta “guerra” contra el narcotráfico que el propio EU auspició en México. No obstante, las autoridades de esa nación no pidieron su detención ni su extradición.
Lo anterior destaca porque, en el marco de diversos juicios contra narcotraficantes mexicanos en cortes estadunidenses, el nombre de García Luna se repite como parte de la protección al Cártel de Sinaloa.
Por ejemplo, los testimonios de Sergio Villarreal Barragán, alias el Grande, y Jesús Reynaldo –el Rey– Zambada García sirvieron para que la fiscalía estadunidense acusara al brazo derecho de Felipe Calderón de tener “el encargo de trabajar para el pueblo mexicano, también tenía un segundo empleo: un trabajo más sucio y más lucrativo. Aceptó millones de dólares en sobornos en efectivo para permitir que el mayor cártel de la droga de México operara libremente y pudiera enviar toneladas –literalmente, toneladas– de cocaína a Estados Unidos (…). Se trata del acusado, Genaro García Luna. Dado que controlaba todo el cuerpo de policía federal de su país, el acusado creía estar por encima de la ley. Pero hoy estamos aquí, en esta sala, porque nadie está por encima de la ley.”
Además, se señaló que “la promesa de protección es, en realidad, un elemento clave en el negocio del cártel, porque cuando los mexicanos –encargados de la distribución y el transporte– y los colombianos –responsables del suministro– negocian sus contratos, este aspecto forma parte de las conversaciones. Ambas partes se preguntan: ‘¿Tienes ya resuelto el asunto con tu contacto en el gobierno? ¿Está todo en orden?’ Hablaban específicamente de medidas de seguridad porque asumían riesgos enormes, y así es como se mitiga el riesgo. Por tanto, la promesa de protección permite al Cártel de Sinaloa cerrar más contratos para traficar con mayores cantidades de cocaína”.
Frente a ese señalamiento, uno de los testigos principales fue Sergio Villarreal Barragán, quien expuso que, durante el tiempo que estuvo con el Cártel de Sinaloa, quien se encargaba de pagarle a García Luna era Arturo Beltrán Leyva, alias el Barbas. Además, aseguró que, desde que se integró al Cártel de Sinaloa en 2001, hubo varias ocasiones en que estuvo presente en las transacciones entre Beltrán y García Luna: “cuando yo llegué, él ya estaba recibiendo pagos. Y se le pagó hasta el último día de Arturo Beltrán, el último día de su vida” en 2008.
Villarreal aseguró que García Luna “fue de gran ayuda porque pudimos crecer y también minimizar a nuestros rivales (…). Con ayuda del gobierno, el cartel pudo crecer en términos de territorio, que llamamos plazas. También en la cantidad de drogas que se logró introducir en México, y asimismo en la eliminación de grupos rivales”. De esa forma, aunque el Cártel de Sinaloa se encontraba dividido, no tenía verdaderos rivales que pudieran hacerle competencia.
Posteriormente, al ser cuestionado por el tipo de apoyo que prestaba García Luna al Cártel de Sinaloa respondió: “él nos proporcionaba información sobre las operaciones y la investigación contra la organización. Nos ayudó a colocar y a retirar a comandantes y agentes en cualquier plaza de México”. En ese punto, Villarreal agregó que los estados donde el Cártel de Sinaloa ejerció mayor poder fueron Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, partes de Nuevo León, Colima, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Guerrero, Puebla, Xalapa, Tabasco, Chiapas, Quintana Roo y una parte de Yucatán.
Al respecto, los fiscales estadunidenses le preguntaron cuál había sido el rol que jugaron los pagos al secretario de seguridad pública en el crecimiento del Cártel. Su respuesta fue: “los pagos aumentaron a medida que crecía el cartel; sin ese apoyo, habría sido prácticamente imposible”.
Por su parte, el Rey Zambada, hermano menor de Ismael –el Mayo– Zambada, quien fungió como uno de los principales líderes del Cártel de Sinaloa declaró que “algunos de los recursos que se utilizan para sentirse seguro al transportar la cocaína son los contactos con el gobierno”. A continuación, la parte acusadora cuestionó cuál era la importancia de dichos contactos, ante lo cual respondió: “Bueno, es realmente lo más importante para que el Cártel opere con fluidez, goce de cierta prosperidad y crezca, ¿me entiende?”
Cuando se le interrogó acerca de quiénes eran los líderes del Cártel de Sinaloa que mantenían los tratos con los niveles más altos el gobierno, enumeró: “Arturo Beltrán Leyva; mi hermano, el Mayo; Juan José Esparragoza, el Azul; Nacho Coronel; y Héctor Beltrán”. Y agregó: “estos líderes siempre intentaban establecer contactos con los niveles más altos: directores y los máximos dirigentes”.
Finalmente, un testimonio más que se sumó a la acusación es el de Israel Ávila, quien fungió como contador y operador del Cártel de Sinaloa. Cuando le preguntaron por qué había decidido testificar, respondió: “porque también quería que se supiera sobre las relaciones y el papel que ese señor desempeñaba para el cártel, ya que el cártel no funciona sin la ayuda del gobierno”. Y cuando se le cuestionó a qué señor se refería, reviró: “Al señor García Luna”.
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