En riesgo de prescripción, los delitos relacionados con la compra irregular de Agro Nitrogenados, cuyo fraude a la nación se estima en más de 760 millones de dólares. Lo anterior, por la dilación de la Fiscalía Anticorrupción de la FGR: a la fecha, no ha judicializado este grave caso de corrupción en Pemex a pesar de contar con evidencias sólidas. De prescribir, José Manuel Carrera Panizzo –exdirector de PMI Comercio Internacional y quien fue multado por este caso en 2019, por 4 mil 206 millones de pesos– podría evadir la acción de la justicia. Otros beneficiados de este asunto serían Emilio Lozoya Austin y su hermana, así como Alonso Ancira (exdueño de Altos Hornos de México, actualmente prófugo de la justicia). Entre las pruebas con las que cuenta la FGR destacan el contrato de compra-venta de esa planta chatarra, que en 2013 firmó directamente Carrera Panizzo, así como diversas actas de sesión del Consejo de Administración de Pemex y de los consejos de otras filiales del Grupo PMI
En diciembre próximo, uno de los casos más graves de corrupción en Petróleos Mexicanos (Pemex) habrá prescrito por la inacción de la Fiscalía General de la República (FGR) –a través de su Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción, que encabeza María de la Luz Mijangos–, alertan fuentes consultadas por Contralínea. Se trata de la causa penal contra el exdirector general de la filial PMI Comercio Internacional, José Manuel Carrera Panizzo, por el fraude en la compra irregular de la planta chatarra Agro Nitrogenados, cuyo daño al erario nacional superaría los 760 millones de dólares (poco más de 13 mil 800 millones de pesos).
Las fuentes consultadas explican que no sólo hay dilación en este caso –lo que podría configurar un acto de negligencia–, sino que hay resistencia para imputarle al exfuncionario petrolero la responsabilidad económica real: la Fiscalía Anticorrupción estaría buscando únicamente la reparación del daño por apenas 300 millones de dólares, y no por los 760 millones de dólares en los que Pemex estima el fraude.
Contralínea solicitó a la oficina de la fiscal general Ernestina Godoy conocer las razones por las cuáles se está dilatando este asunto, a grado tal que ya se corre el riesgo de prescripción de los delitos. En la respuesta que dio la Fiscalía, se confirma que el caso aún no se consigna ante el juez, y que sólo se están reclamando 309 millones de dólares, y no los 760 millones defraudados:
“En la FGR se integra una carpeta de investigación iniciada con motivo de sendas denuncias presentadas por la ASF [Auditoría Superior de la Federación] y Pemex en la que existe información de la que se desprende la intervención de José Manuel ‘N’ en conductas penalmente relevantes en el marco de los procesos de compraventa de Agronitrogenados y de autorización de pagos con motivo de dicha operación, por un monto de $309 millones de dólares de los Estados Unidos de América; esto durante el periodo de 2013 a 2016 y en conjunto con el finado Edgar ‘N’ [Edgar Torres Garrido] y diversas personas, que por el sigilo de la investigación no pueden revelarse.
“Esas conductas resultan tipificables en el título décimo del Código Penal Federal y abarcan tanto a servidores públicos de Pemex y sus filiales como a particulares. Bajo ese entendido y con razón de la complejidad del caso y el gran cúmulo de información contable, financiera y contractual, la indagatoria continúa perfeccionándose a través de los actos y técnicas de investigación tendentes a la obtención de datos de prueba razonables, aunado a la entrega de diversa información que ha sido solicitada a las autoridades competentes; las que serán pertinentes y suficientes para llevar el caso de forma robusta ante el Poder Judicial de la Federación con la finalidad de obtener la vinculación a proceso y posteriormente sentencia condenatoria en contra de los involucrados en los hechos con apariencia delictiva.
“Cabe señalar que, debido a la pluralidad de sujetos y conductas en la mecánica en apariencia delictiva materia de la investigación, el plazo de prescripción se extiende hasta julio de 2028; empero dicho plazo no se agotará, pues la judicialización de la indagatoria ocurrirá en breve término atendiendo al estado actual de avance de esta.
Finalmente, es importante destacar que la capeta de investigación en cuestión se considera relevante y es precisamente esa relevancia la que exige la mayor diligencia y secrecía en su integración previo a su judicialización ante los Tribunales”, respondió la FGR a Contralínea.
De esta respuesta también sobresale que no se hace ninguna referencia a que está próxima la declaratoria de improcedencia judicial del caso, por prescripción del o los delitos perseguidos. Ello, porque la causa penal se inició el 5 de marzo de 2019, fecha en la que el área jurídica de Pemex presentó su denuncia, con asistencia de la Unidad de Inteligencia Financiera y acompañada con evidencia que aportó la ahora extinta Secretaría de la Función Pública. En ese mismo año, la ASF hizo lo propio.
Y aunque la respuesta de la FGR no lo indica, este caso fue atendido desde un inicio por la misma fiscal anticorrupción: Luz María Mijangos asumió la titularidad de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en marzo de 2019, mismo mes en el que Pemex interpuso la denuncia penal contra Carrera Panizzo; motivo por el cual también destaca que más de 7 años después se sigan integrando pruebas y se siga “perfeccionando” la indagatoria, en vez de consignarla a las autoridades judiciales.
Aunado a lo anterior, en esa Fiscalía Especializada de la FGR existen otras carpetas de investigación por este mismo caso, derivadas de las causas penales contra el exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, y su hermana Gilda Susana; y contra el exdueño de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, expropietario de Agro Nitrogenados y considerado uno de los principales beneficiarios del presunto ilícito y quien se encuentra prófugo de la justicia.
Además, por este asunto, el 30 de julio de 2019, la entonces Secretaría de la Función Pública multó por 4 mil 206 millones de pesos (apenas una tercera parte del estimado del fraude) e inhabilitó por 10 años a Carrera Panizzo, quien también se había desempeñado como director corporativo de Alianzas y Nuevos Negocios de Pemex, en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Compra de la planta configuró el inicio del fraude
La defraudación multimillonaria que propició esta serie de denuncias penales ocurrió en el gobierno peñista, cuando Pemex era dirigida por Emilio Lozoya: al cierre de 2013 y en su calidad de director general de la filial PMI, Carrera Panizzo operó directamente la adquisición de Agro Nitrogenados con el conglomerado del empresario Alonso Ancira, a pesar de conocer que se encontraban en desuso desde 1999 y en estado chatarrizado.
De hecho, previo a la compra, Pemex ordenó valuar la planta para determinar el costo de la misma. El informe al respecto indica claramente que las instalaciones –ubicadas en Pajaritos, Veracruz– iniciaron operaciones en la década de 1970 y concluyeron en 1999, “año en el que se suspendieron sus actividades, debido a condiciones de mercado, ya que el precio de la urea era inferior al costo de su contenido de amoniaco”. Esto es que los directivos de Pemex y de PMI Comercio Internacional sabían que la planta llevaba más de 14 años en desuso.
Y no sólo ellos, sino también el Consejo de Administración de Pemex, entonces encabezado por el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell. Así consta en el acta de la 865 sesión extraordinaria, del 17 de diciembre de 2013, cuando se discutieron los detalles de la compra. En esa reunión, Lozoya Austin señaló que la compra de la empresa de Ancira derivaba de una “urgencia” del gobierno de Enrique Peña Nieto para reactivar el campo mexicano. En su página 17, el acta da cuenta de que el entonces director general de Pemex destacó ante los consejeros “que se había utilizado a PMI y no se había hecho a través de Pemex Petroquímica, dado que por esta [última] vía hubiera tomado mucho más tiempo, y había premura por parte del gobierno federal para llevar a cabo la producción de fertilizantes lo más pronto posible”.
Édgar Torres Garrido –quien ya falleció y a quien se refiere la FGR en su respuesta, que entonces era asesor ejecutivo de Lozoya– expuso que la estructura del negocio “se integraría a través del Grupo PMI, siendo que PMI Norteamérica y PMI Holdings habían creado el instrumento PMI Infraestructura de Desarrollo, a través del cual se crearía PMI Fertilizantes” para concretar la adquisición. No obstante, un día después Pemex constituyó el “instrumento” pero lo nombró Pro Agroindustria, y no PMI Fertilizantes. Éste también se empleó posteriormente para adquirir Fertinal, también de forma fraudulenta.
En la sesión extraordinaria 865, Torres Garrido abundó que, a partir de la aprobación del Consejo de Administración, el Grupo PMI pondría la infraestructura, mientras que la petrolera, a través de su subsidiaria Petroquímica, pondría los insumos, “para generar un solo proyecto en el que Pemex sería accionista en toda la cadena”.
No obstante, también reveló que desde el 19 de julio de 2013, PMI Holdings –una de las 61 empresas instrumentales de Pemex que se encontraba radicada en Países Bajos, y actualmente llamada Holdings Holanda Services, BV– aprobó la compra y otorgó “suficiencia presupuestaria” para ello. El monto autorizado ascendía a 475 millones de dólares.
Añadió que el 9 de diciembre de ese mismo año se presentó “el caso de negocio en los Consejos de Administración de PMI Norteamérica, SA de CV, y de PMI Infraestructura de Desarrollo, SA de CV, quienes a su vez autorizaron a realizar una inversión máxima de 275 millones de dólares para la compra de los activos de la empresa Agro Nitrogenados”. Literalmente expuso que “lo que se estaba buscando con el proyecto era que PMI adquiriera los activos de Agro Nitrogenados para renovar la planta y ponerla en funcionamiento, y que posteriormente Pemex Petroquímica y PMI formaran una sociedad e integraran la cadena de valor de amoniaco urea en beneficio de los productores rurales que tienen menor nivel de desarrollo que se ubican en el sur sureste del país”.
Durante su intervención, Lozoya Austin informó a los consejeros que de los 475 millones de dólares que la filial PMI Holdings aprobó invertir, 275 millones serían para la adquisición de los activos de la planta, y los otros 200 millones para la rehabilitación y modernización.
La copia del acta de esa sesión extraordinaria deja al descubierto que además de Pedro Joaquín Coldwell, participaron los consejeros: Enrique Ochoa Reza, entonces subsecretario de Planeación y Transición Energética; Miguel Messmacher Linartas, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda; y José Rogelio Garza Garza, subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía; por el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana: Fernando Navarrete Pérez, Fernando Pacheco Martínez, Jorge Wade González, Sergio Lorenzo Quiroz Cruz y José Pilar Córdova Hernández; así como los llamados consejeros profesionales: José Fortunato Álvarez Enríquez, Héctor Moreira rodríguez, Jorge Borja Navarrete y Fluvio César Ruiz Alarcón.
También revela que Edgar Torres informó al Consejo que se tenían tres estudios de empresas contratistas que habían hecho estimaciones respecto al costo potencial de la rehabilitación de la planta. Aún así, el Consejo aprobó la compra fraudulenta.
Tres días después de esa sesión extraordinaria, Carrera Panizzo inició el proceso oficial de compra: el 20 de diciembre de 2013, la nueva filial Pro Agroindustria –propiedad de PMI Norteamérica y PMI Infraestructura de Desarrollo– adquirió los activos de la empresa Agro Nitrogenados, a pesar de conocer que eran inservibles. Él, directamente, firmó el contrato con directivos de Minera del Norte, SA de CV, en los términos en los que se había pactado con Alonso Ancira.
Gobierno de Peña y Pemex siempre supieron que la planta era chatarra
Tanto el gobierno de Enrique Peña Nieto –a través de los consejeros de Pemex, entre los que estaban los funcionarios de las secretarías de Hacienda y Energía– como Petróleos Mexicanos estaban enterados de que la planta de Agro Nitrogenados era chatarra.
Prueba de ello no sólo es la discusión de aquella sesión extraordinara del Consejo de Administración, sino otras documentales de la petrolera. Por ejemplo, en su Libro Blanco 2015-2018, Pemex Fertilizantes detalló que la empresa de Ancira estaba “integrada por dos trenes de urea fuera de operación, e inició un proceso de rehabilitación a fin de contar con una capacidad de producción de 1 millón de toneladas/año en total”.
Más adelante, ese mismo Libro Blanco expone que, al momento de la compra, el complejo Agro Nitrogenados “llevaba inactivo 14 años y se encontraba en una situación de extremo deterioro, que requería una gran inversión para su rehabilitación y puesta en marcha. El monto que estableció dicho contrato fue de 275 millones de dólares para la adquisición. Es importante destacar que, desde el momento de la compra de los activos de Agro Nitrogenados, el Complejo Petroquímico Cosoleacaque no tenía la capacidad para proveerla de insumos (amoniaco y CO2) suficientes y a costos competitivos”.
Dicho documento agrega que el 29 de julio de 2014, Pro-Agroindustria llevó a cabo la contratación de la empresa Cobra Instalaciones México (actualmente Avanzia) para llevar a cabo la rehabilitación de las plantas de Urea I y II. El monto de la rehabilitación fue autorizado por 485 millones de dólares; y el 17 de diciembre de 2014, Pro-Agroindustria autorizó contratar un financiamiento con Nafin por un monto de 390 millones de dólares.
Tan sólo con los montos que la propia petrolera reconoció al cierre del sexenio de Peña en ese documento, se integra un gasto de 760 millones de dólares, a razón de: 275 millones para la adquisición de la empresa, y 485 millones para su rehabilitación. Esta cifra es reconocida por la Unidad de Inteligencia Financiera como la estimación de la defraudación, y responsabilizó sobre todo a Emilio Lozoya: como director de Petróleos Mexicanos, “compró con sobreprecio la empresa Agro Nitrogenados, [y] causó graves daños al patrimonio de esta entidad pública y, por ende, a la nación”.
En su comunicado 5/2023, la UIF expuso que “el 29 de enero de 2014, Pemex erogó 275 millones de dólares en la compra de una infraestructura industrial (Agronitrogenados) que no estaba en operación desde 1999. El sobreprecio de esta compra fue de 216 millones de dólares, es decir, el C. Lozoya compró por 275 mdd algo que en realidad valía 58 mdd. En los años sucesivos, Pemex siguió haciendo gastos de rehabilitación de la infraestructura adquirida ilegalmente. Así, la operación fraudulenta del C. Lozoya, solamente en el caso de Agronitrogenados, le ha costado a México 760 millones de dólares. En esa operación de compra por parte de Pemex, el C. Lozoya recibió como ‘mordida’ de parte del vendedor Altos Hornos de México, representado por Alonso Ancira, una cantidad de al menos 8.4 millones de dólares a través de triangulaciones internacionales de lavado de dinero”.
El Libro Blanco de Pemex Fertilizantes para el periodo 2016-2018 detalla que dos años después de la compra de dicha planta chatarra, el 14 de junio de 2017, se realizó el acta de transferencia de acciones de Pro-Agroindustria, SA de CV, mediante la cual PMI la transfiere a Pemex Fertilizantes, por conducto de sus empresas filiales PMX Fertilizantes Holding, SA de CV y Pemex Fertilizantes Pacífico, SA de CV. “Pemex Fertilizantes recibió Pro-Agroindustria sin presupuesto para cubrir capital de trabajo y el servicio de la deuda, lo que ocasionó una cuenta por pagar de 65.7 millones de dólares (IVA incluido) con el constructor Avanzia”.
El Informe de gestión y libros blancos de Pemex Fertilizantes y sus empresas filiales también apunta que, al cierre de 2017 y en 2018, Pro-Agroindustria reestructuró el monto de financiamiento con Nafin por 390 millones de dólares (mdd), y pagó 140 millones de dólares, por lo que el remanente fue de 250 millones de dólares, a un plazo de 7.5 años. “Asimismo, en 2018 se reconoció un deterioro de los activos por $212.6 mdd, el cual se debió a que, al momento de la adquisición de Pro-Agroindustria todas las plantas estaban en condiciones inservibles y sólo se rehabilitaron las dos de urea”.
Sobre la rehabilitación de la planta, el informe asegura que, desde 2016, la nueva administración de Pemex –primero a cargo de José Antonio González Anaya, y luego de Carlos Treviño Medina, sucesores de Lozoya Austin en el sexenio de Peña– “dio continuidad a las obligaciones contractuales previamente contraídas, relacionadas con la rehabilitación de dos plantas de urea. El 10 de mayo de 2018, después de la conclusión de las obras, se inició el encendido de la primera planta, la cual ya produjo urea; sin embargo, interrumpió operaciones en su fase de estabilización por falta de insumos del Complejo Petroquímico Cosoleacaque, el cual dejó de producir por falta de gas”.
Agrega que Pemex realizó otras acciones asociadas a la operación de la planta de Agro Nitrogenados, como las relacionadas con el suministro de materias primas (obras en Cosoleacaque para producir amoniaco y CO2; importación de amoniaco); capitalización hasta por 30 mdd para atender contingencias operativas y financieras durante 2018; y contratación de una línea de crédito para comprar amoniaco.
Recuperación de recursos
El caso que aún no judicializa la FGR contra Carrera Panizzo no es aislado. Además de ese proceso, se siguen las causas penales contra Alonso Ancira –quien era dueño de AHMSA al momento de los hechos– y contra Emilio Lozoya Austin y su hermana, quienes habrían recibido sobornos por esta adquisición de Agro Nitrogenados. De acuerdo con la UIF, el exdirector de Pemex también recibió otros sobornos por al menos 7.3 millones de dólares, de parte de la trasnacional brasileña Odebrecht, a la cual se le adjudicaron tres contratos por parte de Pemex (Salamanca, Tula I y Tula II).
Del caso Agro Nitrogenados, la UIF tenía registro que, al 21 de julio de 2023, Alonso Ancira Elizondo había cubierto como reparación del daño104 millones de dólares, y tenía que resarcir los 112 mdd restantes antes del 1 de diciembre de aquel año. No obstante, consultada por Contralínea en su conferencia matutina del pasado 6 de julio de 2026, acerca de este caso, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que el empresario aún adeuda ese monto: “No ha acabado de pagar y también por eso tiene, se reavivó esta orden de aprehensión. Pero también que lo explique la Fiscalía”.
En efecto, la causa penal se reactivó porque Ancira incumplió con el acuerdo reparatorio al que había llegado con Pemex ante la FGR, en abril de 2021. Dicho acuerdo establecía que éste se desistiría de la denuncia penal por el fraude de Agro Nitrogenados si se pagaba el resarcimiento a la hacienda pública.
