Indignación. Eso fue lo que desató entre las filas del movimiento social guerrerense la represión ejercida la noche del pasado 24 de febrero en contra de integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), quienes fueron desalojados del Boulevard de las Naciones, en Acapulco, por policías federales.
La indignación mayor, sin embargo, brotó cuando la noticia de muerte, que al principio se propagó apenas como un rumor, fue confirmada. Claudio Castillo Peña, profesor jubilado, falleció durante las primeras horas del 25 de febrero como consecuencia de la golpiza que le propinaron los servidores públicos encargados del orden y la seguridad pública en el país. El hombre de 65 años de edad, quien caminaba con el apoyo de un bastón, no logró librar el traumatismo cráneo encefálico que se le diagnosticó.
A decir de Raymundo Díaz Taboada, coordinador estatal del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, esta represión evidencia una decisión de Estado: el uso de la fuerza pública como la estrategia de desarticulación y desmovilización del movimiento social que repuntó en la entidad hace ya casi 5 meses, luego de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, y el asesinato de otros tres a manos de servidores públicos. Se trata, precisa, de ponerse “estrictos” para así evitar que vuelvan a resurgir en la entidad movilizaciones de la magnitud de las que tuvieron lugar a finales de 2014.
No obstante, advierte, con sus acciones el Estado mexicano podría estar alimentando una salida contraria a sus intereses. Es decir, que lejos de apagar al movimiento social, éste se avive como consecuencia de la indignación por la represión gubernamental que, en su más cruda expresión, llevó a la muerte a un hombre que, por ser de la tercera edad y por su condición de salud (padecía poliomielitis, virus que infecta y destruye las neuronas motoras), no representaba ningún peligro para los policías que arremetieron en su contra.
Por lo pronto, dice, las acciones en las distintas regiones de la entidad empiezan a resurgir: bloqueos carreteros, marchas, mítines… Movilizaciones esporádicas que, sin embargo y contrario al objetivo oficial, favorecen la posibilidad de una nueva articulación del movimiento social en Guerrero.
De acuerdo con Manuel Olivares Hernández, de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, la represión contra profesores de la CETEG –mismos que se han destacado por su activo desempeño en la exigencia la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos forzadamente– muestra la “abierta” y “franca” embestida del Estado en contra del movimiento social en la entidad; su equivocada decisión de enfrentarlo con el uso de fuerza pública, lejos de sus obligaciones en materia de derechos humanos enunciadas en el Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En este sentido, apunta, los hechos represivos a cargo de la Federación estarían encaminados a imponer, a toda costa –incluso de más asesinatos–, la teoría institucional respecto de la suerte y destino de los normalistas desaparecidos: su ejecución, calcinación y posterior desecho de sus restos. Teoría que, enfatiza, carece de todo fundamento científico, tal como lo han demostrado diversos especialistas adscritos a instituciones educativas de prestigio.
Además de ser un golpe directo contra el magisterio disidente y su pliego de demandas que apunta a la derogación de la reforma educativa de febrero de 2013, Ramos Reyes Guerrero, secretario general de la CETEG, considera que lo acontecido la noche de ayer en Acapulco busca destruir el Movimiento Popular Guerrerense así como la estructura social generada en torno a la Asamblea Nacional Popular. No obstante, asevera, “es difícil” ya que “con esta represión nos vemos obligados a estar más organizados y a hacer un llamado a las organizaciones sociales a seguir adelante y en unidad”.
Respecto del acontecimiento que detonaría la violencia en Acapulco –que un camión, supuestamente conducido por un profesor, arrollara a siete elementos antimotines de la policía federal–, el dirigente sindical apunta a que el hecho mismo puede ser obra del Estado: un acto de infiltración y provocación que diera margen a la represión.
Los focos rojos del movimiento social están encendidos. El asesinato de un profesor de la tercera edad reconocido por su “amplia trayectoria de lucha” y el riesgo inminente de futuros actos represivos, los reactivó, comenta Raymundo Díaz.
El coordinador estatal del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad recuerda que en enero pasado, a partir de la exigencia de la apertura de los cuarteles militares, el gobierno empezó a mostrar con más claridad su pretensión de limitar las movilizaciones, estrategia que acompañó con la reiteración pública, el 27 de enero, de su versión respecto de la suerte y paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa detenidos-desparecidos. A partir de entonces, por ejemplo, las detenciones contra activistas se recrudecieron.
Para Manuel Olivares es claro que el escenario represivo se preparaba desde diciembre de 2014, cuando la campaña de señalamientos y descalificaciones en contra de algunos de los personajes más comprometidos con la lucha de Ayotzinapa empezó a emerger. Entonces se difundió, por ejemplo, que Vidulfo Rosales y Abel Barrera, integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, estarían en la mira del Centro de Investigación y Seguridad Nacional por ser considerados “peligrosos para la gobernabilidad” y por presuntos vínculos con grupos “subversivos”.
Flor Goche, @flor_contra
