Tren Maya, ¿qué país queremos?

Las grandes cadenas hoteleras y turísticas se frotan las manos. La propaganda para la realización del proyecto es ya intensa, pero ni siquiera se ha consultado a las comunidades indígenas. Es el apabullante turismo sobre las estructuras arqueológicas, las variadas modalidades de tenencia de la tierra y los pueblos mayas. ¿Qué país construiremos? ¿Con las comunidades indígenas o sobre ellas?

Inicio advirtiendo que este texto no es antiobradorista. Al contrario, en mis escritos en Contralínea es evidente mi simpatía hacia el presidente electo. No lo he de negar ahora. No obstante, mi preferencia política no enmudece las incertidumbres e inquietudes debido a que mi identidad social no sólo se basa en el plano político, sino también en el cultural-territorial.

Por tanto, aquí expreso algunas interrogantes y riesgos sobre el plan anunciado del Tren Maya Transpeninsular, derivados de lo que hasta ahora se conoce. Tal vez digan que es irresponsable especular sobre algo que no ha sucedido, o que es muy apresurado cuestionar un proyecto, cuyos detalles no conocemos completamente. Empero, ¿qué sentido tendría desperdigar palabras en artículos de opinión con “hubiera”, “faltó”, “falló”, “debió”, etcétera? O, ¿llenar textos en prensa enumerando lo que nunca se conoció de un proyecto de infraestructura en marcha? Precisamente, las consecuencias de esperar a que un proyecto esté en marcha para opinar masivamente son vivenciadas ahora con el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM). La consulta llega tarde, pero como dice el dicho, más vale tarde que nunca.

A este ambiente se suman los comentócratas que prefieren proyectos mal planeados que comuniquen certidumbre (técnica) que a una incertidumbre que consiga un buen plan de infraestructura. Éste es el espíritu del presente escrito; primero, a que las dudas incentiven a eso que el politólogo Gibrán Ramírez denomina “la política de la palabra” (El Sur de Acapulco, 18 de agosto de 2018); segundo, a salirnos del debate público sobre la viabilidad financiera o económica que tanto agrada leer a la mayoría de la gente. Bien decía el teórico y crítico literario británico Clive S Lewis en una de sus obras publicadas en 1945: “El capitalismo no ha esclavizado sólo a los trabajadores; además ha corrompido el gusto y vulgarizado el intelecto”. Salgamos un poco del debate capitalocéntrico.

Empiezo por el riesgo más evidente: el sesgo turístico del proyecto. El anuncio de Rogelio Jiménez como encargado del Tren Maya y director del Fondo Nacional del Fomento al Turismo (Fonatur) representa con toda claridad dicho sesgo. Por un lado, el motivo para considerarlo riesgo o causa de incertidumbre radica en que las principales beneficiarias serían las grandes cadenas hoteleras y todas las empresas dedicadas a este ramo. Obviamente este mensaje no pasa desapercibido, tal como lo ha explicitado el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Quintan Roo, Efrén Padilla, diciendo que es “una coyuntura única que los empresarios y profesionales locales podremos aprovechar para subir escalones en los niveles de nuestros negocios” (Proceso, 1 de agosto de 2018). Son alertas de que la recepción del proyecto está siendo poco a poco apropiada por el sector empresarial. De manera contrastante, desde el periodo de campaña, Rogelio Jiménez dijo que el tren maya sería “un sistema que garantice la integración de comunidades” (Abre más los ojos, 18 de abril de 2018). Sabemos que será difícil conciliar ambas visiones, sin que una se superponga sobre la otra. ¿Qué visión predominará? ¿Acaso veremos una conciliación en la que el interés de las comunidades será subordinada por el turístico-empresarial?

Por el otro lado, actualmente se observa la coexistencia del desarrollo turístico con la inseguridad, violencia, criminalidad y delincuencia en el estado de Quintana Roo. Desde 1970, el turismo ha sido el eje rector de los ensamblajes territoriales, sociales y políticos en el estado caribeño (Othón Baños, Globalización y cambio social en la península de Yucatán, 2017). De 2005 a 2016, se registra un incremento de 191 hoteles y 37 mil 147 cuartos de hospedaje (Baños, 2017; Inegi, Anuario estadístico y geográfico de Quintana Roo, 2017). En tanto, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), registra un promedio de 37 mil 746 en la tasa de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes entre 2010-2016; este promedio es similar al de los estados de Sinaloa, Sonora, Jalisco y la Ciudad de México. Tampoco ha variado el porcentaje de percepción de inseguridad entre 2011-2017 que ronda entre 60 y 70 por ciento. Asimismo, el coeficiente de Gini entre 2005-2016 representa un nimio decremento de 0.47 a 0.43, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Obviamente, estos son indicios poco analizados. Pero nos da una mínima idea de que impulsar el turismo no sería ahora una solución idónea en este momento. La infraestructura hotelera crece considerablemente, mientras la seguridad y la desigualdad presentan insignificantes cambios positivos. Incluso recién observamos en la prensa descuartizados, decapitados, balaceras y periodistas asesinados y amenazados en Quintana Roo.

La última y segunda incertidumbre: la ausencia de la población indígena y/o maya-hablante. Nos gusta hablar del pueblo, pero ¿a quiénes nos referimos cuando proferimos al pueblo? ¿Quiénes forman parte de nuestra concepción de pueblo? Desde finales del siglo XIX, en algunas regiones como Yucatán, el uso discursivo de la categoría pueblo no incluía a los indígenas mayas (Paul Eiss, In the name of el Pueblo, 2010). ¿Estamos seguros que la población indígena es parte de esa noción del pueblo exclamada en esta coyuntura política? La gran ausente en la política mexicana ha sido la población indígena en los procesos de construcción de planteamientos de política pública y de proyectos de desarrollo. Y con base en los anunciamientos del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, tememos que no cambie esta situación. La noticia emitida sobre que “las condiciones están listas para iniciar la licitación desde el primero de diciembre” (18 de agosto de 2018), es preocupante –aunque sinceramente creo que sea poco probable. No obstante, si este plan continúa con este rumbo, los derechos de la población indígena estarían vulnerándose.

Me explico. A nivel nacional con el Artículo Segundo de la Constitución mexicana y a nivel internacional con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo –agréguese los Acuerdos de Escazú, aún no ratificados por México, sobre los derechos de acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales– se exige que la población indígena sea consultada para obtener el consentimiento libre, previo e informado en ejercicio de su derecho fundamental de la libre autodeterminación en cualquier asunto del Estado, “particularmente en relación con el desarrollo” (Convenio 169). Quitémonos de la mente la idea de consulta como un referéndum; es un proceso de negociación social, cultural y económica. Aquí destaco las dos últimas características del consentimiento.

Previo: implica que antes del inicio de la implementación del proyecto de desarrollo, se haya logrado el consentimiento de la población indígena con base en acuerdos y consensos. Para nuestro caso quiere decir que antes del primero de diciembre, fecha para iniciar licitaciones –considerando ésta como una etapa inicial de implementación–, se debe haber transitado todo el proceso de consulta y consentimiento. No seamos ingenuos, no es un proceso que dure 4 o 5 meses. Por ejemplo, en el caso del Proyecto Carbono Suruí Forestal de Brasil en 2007, el pueblo Paiter-Suruí tuvo un periodo de consulta de 4 años.

Informado: la información es esencial en el proceso de consulta. Por información se entienden los detalles del proyecto con sus respectivas evaluaciones de impacto ambiental, social y cultural. ¿Qué impactos tendrá en las reservas bioculturales, las zonas forestales y en el hábitat de las especies peninsulares territoriales? ¿Tal vez la fragmentación? ¿Qué efectos tendrá el apabullante turismo en la resistencia de las estructuras arqueológicas? ¿Tal vez un paulatino deterioro? ¿Qué consecuencias brotarán en las variadas modalidades de tenencia de la tierra, las comunitarias y agrarias? ¿Tal vez conflictos por la desorganización ejidal y la presencia de las “mafias agrarias”? ¿Cuáles serán los cambios que causará el proyecto en la cultura de la vida cotidiana de las poblaciones maya-hablantes y agrícolas? ¿Tal vez su folklorización y “desplazamiento productivo”? Todas estas interrogantes requieren de proyectos alternos, que estén sujetos a modificación conforme a las vicisitudes de la consulta y el consentimiento. Precisamente, el corazón de estos derechos es hacer partícipe a la población indígena en la formulación de las políticas de desarrollo, y en su caso rechazarlas.

El debate actual es exageradamente dicotómico, todo técnico o todo popular, que no nos permite plantear un proceso que equilibre a ambos. La consulta requiere del aspecto técnico alimentado del conocimiento popular. Y por técnico me refiero a una amplitud de disciplinas, incluyendo a los expertos de la sociedad (maya) y de la cultura (maya).

Y sí, me agrada una política en el que el presidente electo cambie de opinión, sólo así la palabra pública tiene sentido. Así que espero también modifique su opinión respecto al plan del Tren Maya Transpeninsular, ahora que estamos a tiempo para no tener otro proyecto fallido como el del NAICM. Hasta aquí los dejo con dos bemoles no-económicos de los muchos que existen.