Por primera vez en la historia, México elegirá democráticamente al Poder Judicial de la Federación. El mandato popular –expresado en las elecciones de 2024 con el apoyo al “Plan C”– echará abajo el modelo que implantó Ernesto Zedillo, en 1995, para privilegiar a la oligarquía trasnacional. Con ello, también se tendrá la oportunidad de desterrar las peores prácticas de corrupción en el sistema judicial: invasión de facultades de los poderes Ejecutivo y Legislativo para invalidar decretos, leyes y reformas progresistas, como ocurrió en la presidencia de Norma Piña; otorgamiento de amparos a grupos de presión, como los encabezados por Claudio X González Guajardo, para frenar obras públicas y programas sociales; beneficios fiscales indebidos a grandes contribuyentes, que acaban perpetuando la evasión de impuestos; o incluso dejar en libertad a delincuentes de alto perfil y generadores de violencia, lo que deriva en un régimen de impunidad y opacidad. Todo ello, aunado a la futura cancelación de los altos sueldos y privilegios de ministros, magistrados y jueces, que podrían representar ahorros por 2.1 mil millones de pesos anuales
La cita ciudadana a las urnas de este 1 de junio marcará un hito en la democracia de México: por primera vez, se elegirá por voto popular a las personas ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistradas y juezas federales. Con ello, los tres Poderes de la Unión tendrán que responder a la voluntad de las mayorías, y se dejará atrás un modelo impuesto de forma autoritaria por el expresidente priísta Ernesto Zedillo, para privilegiar a la oligarquía trasnacional. Esto es que la elección judicial podrá significar el fin de un Poder Judicial de la Federación (PJF) corrupto, caro, elitista, clasista y racista, para dar paso a un sistema judicial que atienda los grandes problemas de impunidad y genere, al mismo tiempo, justicia social.
Ello, luego de que, durante la presidencia de Norma Lucía Piña Hernández, el PJF se asumió como un poder “contramayoritario”, bajo el falso argumento de que “las personas juzgadoras deben ser independientes de las mayorías” [1].
Incluso, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena –promotor de la devolución de impuestos a grandes contribuyentes, primero como titular del SAT y luego como ministro de la Corte– declaró el 18 de enero de 2024, ante juzgadores recién nombrados, que éstos “deberán resolver no solo casos complejos entre particulares, sino también tensiones políticas entre Poderes, es decir, deberán fungir como el Poder contramayoritario que, en ocasiones, es el Poder Judicial, y que no está destinado a dar gusto a las mayorías o al Poder en turno, sino a la Constitución”.
Y eso es lo que hizo sistemáticamente el PJF de Norma Piña: oponerse al régimen democrático, violando incluso la propia carta magna, pues para mantenerse como poder contramayoritario, los juzgadores torcieron la ley. Ejemplo de ello es que la cúpula judicial mantuvo un régimen de privilegios a costa del erario nacional y se rehusó a ganar menos que el presidente Andrés Manuel López Obrador y, luego, que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a pesar de que el artículo 127 constitucional marca ese límite.
De acuerdo con una de las ponencias de la propia SCJN, el Poder Judicial de la Federación excede en 2 mil 167 millones 352 mil 603 pesos anuales los límites salariales que marca la Constitución. Y es que, aunque la Carta Magna establece que ningún servidor público podrá ganar más que la presidenta de la República, en el PJF, 2 mil 377 funcionarios tienen sueldos y prestaciones superiores: con dinero público se les paga desde los anteojos y los alimentos, hasta los bonos de “riesgo” que creó Felipe Calderón, como incentivo para funcionarios de alto nivel, seguros de vida, seguros de gastos médicos mayores, colegiaturas, entre otros.
Invasión de facultades
Con la elección del 1 de junio, el pueblo de México iniciará el camino para refundar al Poder Judicial de la Federación. Con este proceso de democratización profunda, se tendrá la oportunidad de desterrar las peores prácticas de corrupción en el sistema judicial: desde la invasión de facultades de los poderes Ejecutivo y Legislativo para invalidar decretos, leyes y reformas progresistas; hasta el otorgamiento de amparos a grupos de presión –como los que se dieron a las asociaciones fundadas por el empresario Claudio X González Guajardo: Consejo Nacional de Litigio Estratégico y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad–, para frenar obras públicas y programas sociales; así como beneficios fiscales indebidos a grandes contribuyentes, que acaban perpetuando la evasión de impuestos; o incluso el dejar en libertad a delincuentes de alto perfil y generadores de violencia, como los asociados principalmente al Cártel Jalisco Nueva Generación y al caso Ayotzinapa, lo que deriva en un régimen de impunidad y opacidad.
En el caso de la invasión de facultades, destaca que en los primeros cinco años del gobierno de López Obrador, la Suprema Corte invalidó 74 decretos del Poder Ejecutivo, y leyes y reformas del Legislativo, que buscaban atender la realidad actual y, sobre todo, profundizar la democratización del país, como ocurrió con los llamados planes A y B. Esto contrasta con lo ocurrido de 1995 a 2018, cuando el máximo tribunal constitucional únicamente canceló 26: cero, en el sexenio de Ernesto Zedillo (PRI), quien impuso el modelo del sistema judicial al servicio de la oligarquía trasnacional, y quien desapareció a la anterior Corte; tres, en el de Vicente Fox (PAN); siete, en el de Felipe Calderón (PAN); y 16, en el de Enrique Peña (PRI).
La Corte desechó los más de 70 decretos, leyes y reformas bajo pretextos como que hubo “vicios en el proceso legislativo” o que no se respetó la “democracia deliberativa” –concepto que inventó la propia SCJN para invalidar la labor del Poder Legislativo, bajo un principio de que las minorías legislativas (PRI, PAN, PRD y MC) debían tener el mismo peso que las mayorías (Morena, PT y Verde).
Entre esas reformas y leyes está el caso del llamado “Plan B” del presidente López Obrador, ya en el mandato de Norma Piña. Fue el 8 de mayo de 2023, cuando la Corte desechó la primera parte de ese paquete de reformas, aprobado por mayoría en las cámaras de Diputados y Senadores, y que modificaba las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas.
El 9 de mayo de ese año, en su conferencia matutina, el presidente AMLO anunció el “Plan C”, por el cual se llamó al pueblo a acudir masivamente a las urnas el 2 de junio de 2024, para lograr la mayoría calificada en el Congreso de la Unión y reformar al Poder Judicial, para que sea el pueblo el que elija democráticamente a ministros, magistrados y jueces. Lo que ocurrirá este 1 de junio de 2025.
Además del golpe judicial al Plan B, el máximo tribunal echó abajo –también en mayo de 2023– el Decreto presidencial que clasificaba como de interés público y de seguridad nacional los proyectos de infraestructura prioritarios, y que tenía por objetivo evitar que grupos de presión, en colusión con jueces, magistrados y ministros, frenaran las obras estratégicas mediante juicios de amparo.
Entre los grupos de intereses creados que se beneficiaron con esa decisión de la Corte destacan las dos asociaciones del empresario Claudio X González Guajardo: Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y el Consejo Nacional de Litigio Estratégico que, mediante centenas de amparos, obstaculizaron la construcción del AIFA, Tren Maya y refinería Dos Bocas; además de tratar de frenar la cancelación del Aeropuerto de Texcoco.
Previo al golpe judicial del Plan B, el 18 de abril de 2023, con una mayoría calificada de ocho votos, el Pleno de la Suprema Corte anuló el control militar de la Guardia Nacional, al declarar la invalidez del Decreto que ordenaba la transferencia administrativa y operativa de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Adicionalmente, en junio de 2023, la Suprema Corte de Norma Piña determinó arbitrariamente cancelar la segunda parte del Plan B: reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que expidió la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral. Estas reformas buscaban fortalecer el régimen democrático, así como evitar que en un futuro el INE volviera a ser botín de unos cuantos, como ocurrió con la presidencia de Lorenzo Córdova Vianello, quien –ya como abierto aliado de Claudio X, líder del PRIAN– fue único orador de la marcha rosa del 18 de febrero de 2024, movimiento que promovió la candidatura de Xóchitl Gálvez.
Ese mismo mes de junio, el máximo tribunal constitucional desechó la Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en Materia de Contratación de Publicidad.
En esta misma ruta de suplantar la labor legislativa, el 31 de enero de 2024, dos ministros de la Segunda Sala –Luis María Aguilar y Alberto Pérez Dayán– invalidaron la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, en beneficio de trasnacionales como la francesa Engie, que promovió el juicio de amparo que llegó a la SCJN. Los dos juzgadores pasaron por encima de la decisión que tomaron las mayorías parlamentarias para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, al determinar que “al introducir nuevas reglas en el orden del despacho de energía, la forma de asignación de los contratos de cobertura eléctrica y el sistema de adquisición de certificados de energías limpias, se vulneraron los principios de competencia, libre concurrencia y desarrollo sustentable”. [3]
Antes de todo ello, el 24 de noviembre de 2022, la mayoría de ministros y ministras invalidaron otra normatividad impulsada por la 4T: la prisión preventiva oficiosa para los delitos de contrabando, defraudación fiscal y sus equiparables, así como los delitos relacionados con comprobantes fiscales (factureras, es decir empresas fantasmas). El proyecto fue elaborado por el ministro ahora en retiro Luis María Aguilar, bajo el pretexto de garantizar derechos individuales y presunción de inocencia. Ello, a pesar de que las factureras son esquemas que, por un lado, defraudan a la Hacienda Pública y, por otro, posibilitan el lavado de dinero al crimen organizado.
Entre las reformas que previamente afectó la mayoría de ministras y ministros de la Corte, también se encuentra el caso de la invalidación de diversos artículos de la Ley General de Educación, “por falta de consulta previa”. La decisión se tomó el 29 de junio de 2021, y se determinó que los artículos 56, 57 y 58, contenidos en el Capítulo VI “De la Educación Indígena”, así como los artículos 61 a 68, contenidos en el Capítulo VIII “De la Educación Inclusiva”, del Título Tercero de la Ley General de Educación, publicada el 30 de septiembre de 2019 eran no válidos, porque no se consultó a esos grupos previo a la expedición de la ley.
Y el 16 de noviembre de 2021, el Pleno de la Suprema Corte declaró, por unanimidad, la inconstitucionalidad del artículo décimo tercero transitorio del Decreto de reformas legislativas del 7 de junio de 2021 en materia de justicia federal, que ampliaba por dos años el periodo del entonces presidente de la SCJN –Arturo Zaldívar– y de las y los consejeros de la Judicatura. La declaratoria, se dijo, se basaba en “los principios de supremacía constitucional, división de poderes y de autonomía e independencia judicial”.
Guerra judicial contra la 4T
Pero la guerra judicial de la Corte contra la cuarta transformación fue más allá. El 23 de agosto de 2023, se llegó al extremo de que el ministro Aguilar Morales presentó en la Segunda Sala un proyecto de sentencia del expediente 386/2023, que buscaba separar del cargo al presidente López Obrador –y de última hora retiró–. Este señalaba que, en materia de cumplimiento de ejecutorias de amparo, la Constitución Federal establece que la autoridad que desacata debe ser separada del cargo, incluido el presidente de la República.
Otra expresión de esa guerra judicial es el hecho de que jueces, magistrados y ministros permitieron la liberación, en algunos casos de forma definitiva, a presuntos delincuentes de cuello blanco, como el abogado de Carlos Salinas de Gortari, Juan Collado Mocelo; a la exsecretaria de Estado en el sexenio peñista, Rosario Robles, quien fue investigada por la llamada estafa maestra; y a Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Pemex, implicado presuntamente en hechos de corrupción, como el caso Odebrecht y AgroNitrogenados. Esto frena las acciones contra la corrupción y genera impunidad.
Además, han liberado bajo medidas cautelares como prisión domiciliaria a actores clave del caso Ayotzinapa: el exprocurador Jesús Murillo Karam y ocho militares presuntamente vinculados a la desaparición de los 43 normalistas rurales. El entorpecimiento de la investigación del caso no sólo genera protestas sociales, sino que impide que se sepa la verdad y propicia que los culpables sigan impunes.
Además, la guerra del Poder Judicial ha llevado a la liberación de decenas de integrantes del crimen organizado, lo que contribuye a la generación de violencia extrema. Al respecto, una revisión hecha por la reportera de Contralínea Anahí del Ángel arrojó que jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación han beneficiado con liberaciones y diversos amparos –por ejemplo, para evitar extradiciones a Estados Unidos– a integrantes del crimen organizado. “Entre 2022 y julio de 2024, “el grupo más favorecido es el Cártel Jalisco Nueva Generación, del que incluso el segundo al mando fue puesto en libertad. Por ejemplo, se les dictó libertad a dos hermanos del líder del CJNG, apodado Mencho: Abraham –Don Rodo– y Antonio –Tony Montana– Oseguera Cervantes. A la lista se sumaron: Erick Valencia Salazar, cofundador del Cártel; Ramón Álvarez Ayala, el Moncho o R1; así como el exmagistrado Isidro Avelar Gutiérrez, destituido por presuntamente mantener nexos con esa organización. El Cártel de Sinaloa figura como el segundo más favorecido, y otras agrupaciones –como el Cártel del Golfo, Cártel Santa Rosa de Lima, Guardia Guerrerense– también recibieron beneficios de este tipo” [4].
Ése es parte del contexto que llevó a una mayoría abrumadora a votar por el llamado Plan C de AMLO. El 2 de junio de 2024, más de 32 millones de personas dieron su aval a la coalición Morena-Verde-PT en el Congreso, y se logró la mayoría calificada. Además, la presidenta Sheinbaum obtuvo casi 36 millones de votos frente a los 16 millones de votos que respaldaron a Xóchitl Gálvez, la candidata de Claudio X y el PRIAN.
Con estas condiciones, en septiembre de 2024, las cámaras de Diputados, Senadores y congresos estatales aprobaron la reforma judicial. Para el 5 de noviembre del año pasado, Norma Piña buscó que la SCJN torciera aún más la ley, y echara abajo la Constitución para evitar que el PJF se democratizara. En el colmo del exceso, impulsó que, con seis votos, se echara abajo la nueva Carta Magna, pero perdió. Y ahora, este 1 de junio, asistiremos a un capítulo sustancial de nuestra historia, a elegir por voto popular a las y los juzgadores federales.
Referencias:
[1] Así se estableció en la versión oficial del Análisis de la iniciativa de reforma al Poder Judicial en México. Problemas asociados con la iniciativa de reforma constitucional del Poder Judicial presentada el 5 de febrero de 2024, elaborado por el Centro de Estudios Constitucionales de la SCJN y diponible en: https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/sites/default/files/page/files/2024-06/Ana%CC%81lisis%20de%20la%20iniciativa%20de%20reforma.%20Problemas%20asociados_final.pdf
[3] https://contralinea.com.mx/interno/semana/norma-pina-y-poder-judicial-aceleran-guerra-contra-la-cuarta-transformacion/ , https://contralinea.com.mx/interno/semana/de-facto-suprema-corte-decide-el-regimen-politico-de-mexico-ministra-lenia-batres/ , https://contralinea.com.mx/interno/semana/por-mandato-del-pueblo-plan-c-en-marcha-se-reformara-al-poder-judicial/ , https://contralinea.com.mx/interno/semana/de-facto-suprema-corte-decide-el-regimen-politico-de-mexico-ministra-lenia-batres/
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