A mitad del sexenio deben ponerse en la balanza de logros y pendientes una serie de eventos que, como la pandemia del Covid-19, resultaron inesperados tanto para México como para el resto del mundo.

Puede explicarse por ello la ralentización del cambio de un modelo económico a otro que dejó una herencia de más de seis administraciones donde se acumularon y enraizaron males como la corrupción y el crecimiento desmesurado de la deuda pública que a finales del gobierno de Enrique Peña Nieto llegó a casi 9 billones de pesos.

La crisis de salud que ha golpeado en todos los sentidos a nuestro país, sumando medio millón de muertos por la pandemia –de manera extraoficial–, puso al descubierto el abandono absoluto de los gobiernos neoliberales a la infraestructura hospitalaria y exhibió la terrible brecha que existe entre ricos y pobres. Evidencia del inequitativo reparto de la riqueza.

Así, mientras un reducido grupo social ha podido atenderse en hospitales privados pagando cuentas millonarias, la inmensa mayoría de los mexicanos –a los que ahora se suman 4 millones más de pobres–, ha deambulado con sus enfermos a cuestas por los diversos hospitales públicos en busca de un espacio.

Ahora que lentamente las aguas vuelven a tomar su nivel, el escenario económico y social que enfrentan las mayorías es por demás preocupante: miles de pequeñas y medianas empresas que daban trabajo a millones de mexicanos se fueron a la quiebra, tras la extensión por meses de medidas como el Quédate en Casa.

El regreso a clases está mostrando otro doloroso efecto de la crisis. Miles de niños quedaron huérfanos y otros tantos perdieron el apoyo económico del padre que era el sostén de la familia, motivo por el cual la deserción escolar es palpable. Y en muchos casos, ante la ausencia de un trabajo seguro, no hay dinero para la compra de uniformes y útiles.

El escenario se presenta, así, bastante complejo para la segunda mitad del sexenio, sobre todo si se considera que las cepas del Covid experimentan de forma acelerada mutaciones que hacen el virus más contagioso y letal.

La clase trabajadora en su conjunto necesita apoyos encaminados a recuperar los empleos perdidos, como también a resarcir injusticias que se vienen arrastrando desde el periodo neoliberal como son los casos de los trabajadores despedidos de Mexicana de Aviación y los 44 mil electricistas del SME que fueron lanzados a la calle por el Decreto de Extinción de Luz y Fuerza del narcopresidente, Felipe Calderón Hinojosa, en octubre del 2009, violando de paso los derechos adquiridos de 22 mil jubilados.

La titubeante aplicación de las nuevas reglas laborales no ha podido erradicar los viejos esquemas donde se guarecen los intereses creados de grupos de poder económico, lo que ha permitido que el sindicalismo corporativo, mejor conocido como charrismo sindical, no sólo se mantenga incólume sino, ahora, como en el caso del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la Republica Mexicana (SUTERM), aparezca como aliado de funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), tal y como en su momento lo fueron de manera abierta con el gobierno de Calderón.

El discurso oficial parece transitar en contrasentido a los hechos como lo demuestra la aprobación en la pasada legislatura federal del pago de pensiones en Unidades de Medida Administrativa (Umas) y no en salarios mínimos, lo que ha reducido los montos hasta en un 40 por ciento, afectando de manera severa los ingresos de gente de la tercera edad.

Otro ángulo doloroso que dejó la pandemia es el retiro de diversas cantidades en sus fondos de ahorro que millones de trabajadores debieron hacer de sus cuentas individuales, para evitar el hambre, al quedar sin empleo. Esta reducción en sus cuentas complicará a futuro el poder obtener una pensión digna y, en muchos casos, terminará anulando este derecho.

Son varios los ajustes que deberá hacer la actual administración para evitar que el deterioro de la clase trabajadora vaya en aumento, no descartando el recuperar el control del manejo de las pensiones para arrebatar a los banqueros el manejo discrecional de los millonarios fondos que no ha reportado los beneficios prometidos con la reforma de Ernesto Zedillo, en 1997, al desaparecer el sistema solidario.

Otro elemento que está complicando el escenario son las lluvias torrenciales –producto del cambio climático– que afectan a zonas rurales marginadas y colonias populares en las principales ciudades y municipios conurbados del país donde vive la población de menores ingresos. Ahora, además de los estragos de a pandemia de Covid y el desempleo, miles de familias lo están perdiendo todo. Y de nueva cuenta, son los pobres quienes resienten las consecuencias de los desastres naturales.

Es momento de que las políticas públicas vuelvan la vista a las organizaciones sociales, indígenas, campesinas y sindicatos independientes para encontrar fórmulas que permitan sacar adelante al país con proyectos que impulsen la economía social a través de las cooperativas.

En las zonas rurales son las remesas las que han evitado un colapso social porque los modelos de producción agrícola siguen secuestrados por las grandes empresas de alimentos y las trasnacionales. Los jornaleros también deben ser amparados por las nueva Reforma Laboral para sacarlos de su eterna explotación a la que han contribuido, para variar, sindicatos corporativos.

Su lucha iniciada hace un par de años debe tener el acompañamiento de las autoridades para librar a este sector, como a otros tantos, de las viejas componendas que han impedido a estos trabajadores gozar de salarios dignos y prestaciones de ley.

Estos y otros muchos temas serán observados con detenimiento por las organizaciones sociales y sindicales para establecer si realmente hay un cambio de rumbo en la actual administración, porque si bien debe reconocerse el impulso y fortalecimiento de los programas sociales en favor de los que menos tienen, es necesario acompañarlos con la recuperación del estado de derecho para hacer justicia en todos los sentidos a la clase trabajadora.

Martín Esparza*

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas