La política migratoria de Estados Unidos opera como mecanismo de control racial, laboral y social, y –desde el 11 de septiembre de 2001, cuando ocurrió el atentado a las Torres Gemelas– criminaliza cada vez más a las personas en situación de movilidad, sin importar que el gobierno sea de extracción demócrata o republicana. La migración indocumentada es funcional para el capitalismo estadunidense –pues abarata la fuerza de trabajo–, y se refuerza mediante muros, detenciones y deportaciones masivas. En este contexto, el miedo al migrante se convierte en una herramienta política en momentos de crisis interna

Cuarta y última parte. Desde 2001, Estados Unidos se conformó como un Estado de excepción, al modificar su estructura –desde la Ley Patriota (2001), la Ley Posse Comitatus (1878), hasta la restructuración del Comando Norte (2002), la Homeland Security Act (2002) y el John Warner Defense Authorization Act (2007)–, y eso impactó la política migratoria, que opera como mecanismo de control racial, laboral y social, y criminaliza cada vez más a las personas en situación de movilidad.

Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, al siguiente año y mediante la Ley de Seguridad Nacional, se creó un departamento ejecutivo que combinó distintas agencias federales enfocadas a la seguridad nacional. De esta forma, en 2003 el antiguo Servicio de Inmigración y Naturalización fue transferido al nuevo Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security), que contó en su interior con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS); Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) y Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Es así como el Departamento de Seguridad Nacional es una creación surgida de medidas de excepción, y estableció varios mecanismos para contrarrestar el fenómeno de la migración; entre ellos, la militarización –una vez más– de las fronteras más transitadas del mundo, y por donde circulan enormes cantidades de mercancías.

Como se mencionó en las entregas anteriores, la migración está profundamente ligada a los ciclos de crisis del capitalismo estadunidense, cada vez más recurrentes. Fue así en 1980, década de profundas transformaciones del capitalismo; volvió a ocurrir en la década de 1990 ante la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN); y después, en 2008, cuando estalló la burbuja financiera en Wall Street, crisis económica que tuvo proporciones mundiales.

En entrevista para Contralínea, Ana María Aragonés –investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)– explica que a partir de la década de 1970 se vivió un “reacomodo de fuerzas laborales, de fuerzas de migración, pero después hay un problema importante porque viene la globalización neoliberal y habría que recordar que, si bien se habla de libertad de los flujos de mercancías, libertad de comercio libre de los capitales, sin embargo, ponen un freno a los trabajadores”.

La migración como fenómeno internacional implica –entre otras cosas– la expulsión de mano de obra de países incapaces de absorberla y la recepción en otros. Sin embargo, la migración no autorizada, o indocumentada, implica que en ese proceso social y económico se pague por debajo de su valor la fuerza de trabajo. En entrevista, el doctor Raúl Delgado Wise explica que “es una política de Estado en la que hay incluso una división racial del trabajo”.

En su momento, este fenómeno también fue analizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en su texto CEPAL: impacto social, económico y cultural de la migración es notoriamente positivo para los países de origen y destino. El análisis expone que, entre el periodo de 2000 a 2015, el 38 por ciento de la escasez de mano de obra en Estados Unidos fue cubierto por inmigrantes latinoamericanos. De ese porcentaje, ocho de cada 10 trabajadores eran mexicanos y centroamericanos.

Para dimensionar los cambios demográficos en Estados Unidos, entre 1980 y 2022 la edad media de la población estadunidense aumentó de 30 a 38.9 años, y 17 estados tenían una edad media superior a 40 años en 2022. Además, de 2021 a 2022, el ritmo de crecimiento de la población considerada blanca –según datos del Buró del Censo de Estados Unidos–fue del 0.1 por ciento; en cambio, la hispana aumentó en 1.7 por ciento en el mismo periodo.

Migración, un tema de seguridad nacional

El tema de la migración para la nación estadunidense es de seguridad nacional. Tan sólo en la administración de Barack Obama (enero 2009-enero 2017) se crearon tres categorías de inmigrantes indocumentados que fueron el objetivo de la política de deportaciones: los que eran una amenaza para la seguridad nacional (sospechosos de terrorismo, espionaje, miembros de bandas criminales o con delitos y/o ordenes penales); recientemente ingresados de forma ilegal y; los que eludieron los controles de inmigración, una o más veces.

Por otra parte, con el primer mandato de Donald Trump (2017-2021) las prioridades se difuminaron haciendo de todos los migrantes indocumentados la prioridad para la deportación, según la Orden Ejecutiva Enhancing Public Safety in the Interior of the United States (Mejorar la Seguridad Pública en el Interior de Estados Unidos).

Mientras que con Joe Biden (2021-2025) se intentó regresar a la política de Obama sobre la definición de prioridades con la Orden Ejecutiva Revision of Civil Immigration Enforcement Policies and Priorities; el Memorandum de entendimiento del Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security), de enero de 2021, definió de nuevo tres tipos de amenazas de la inmigración sin documentos: uno, la seguridad nacional; dos, la seguridad fronteriza; y tres, la seguridad pública.

De Obama a Trump, la continuidad contra la migración

Las políticas públicas estadunidenses referentes a la migración prácticamente no han variado, sin importar que el gobierno quede en manos de demócratas o republicanos. En 2012, el gobierno del demócrata Barack Obama creó la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) para permitir que los inmigrantes indocumentados que habían sido traídos a Estados Unidos cuando eran niños, solicitaran periodos renovables contra la deportación. No obstante, su mandato se caracterizó por una alta tasa de expulsiones.

En 2014 se publicó la Acción Diferida para Padres de Estadunidenses y Residentes Permanentes Legales (DAPA). Pretendió ofrecer un estatus de acción diferida renovable y permisos de trabajo para padres de niños que eran ciudadanos estadunidenses o residentes legales; sin embargo, en 2015 este programa tuvo varias demandas que bloquearon su aplicación. Y, en 2017, Donald Trump rescindió el programa.

En 2016, el presidente Obama propuso la Norma para Emprendedores Internacionales. Tenía por objetivo ayudar a emprendedores extranjeros a permanecer en Estados Unidos mientras expanden sus empresas. Y al señalar estos actos, cabe resaltar que las “expulsiones”, o deportaciones, de mexicanos muestran un incremento desde 2005 hasta su pico más alto en 2013.

Desde ese entonces, las expulsiones han caído hasta 2023 (dato parcial del año fiscal de octubre a mayo). Barack Obama fue el que más expulsó migrantes: en sus ocho años de gobierno, 2.2 millones de migrantes mexicanos.

Si se comparan los últimos cuatro años de Obama con los últimos cuatro años de George Bush, y el primer gobierno de Trump, fue el demócrata Obama el que más expulsó (poco más de 1 millón y en todo su periodo poco más de 2.2 millones). Con Bush se registraron 784 mil 132, con Trump 776 mil 976. Aunque también es importante mencionar que entre 2020 y 2021 por la pandemia de Covid-19 hubo una anomalía.

Respecto a la continuidad de acciones emprendidas por gobiernos estadunidenses, con Trump se eliminaron algunas políticas impuestas por Barack Obama, entre esos el DACA, el programa Estatus de Protección Temporal (TPS en inglés), el programa de Acción Médica diferida que permitió a migrantes con problemas graves de salud permanecer hasta dos años después de la conclusión de su visa. Aunque, sin duda, la política más polémica fue la construcción –expansión– del muro fronterizo, que tampoco era nuevo.

En el contexto de la pandemia, Trump impuso el Título 42 para prohibir la entrada de extranjeros por razones de salud, ligados a la seguridad nacional. A ello, se sumaron la política de “tercer país seguro” con países como Guatemala, El Salvador, Honduras y acuerdos con Panamá. Para México el programa fue “Quédate en México”.

Ya bajo la administración Joe Biden hubo varias estrategias y políticas para volver al modelo establecido con Obama. Sin embargo, una de las estrategias que articularon políticas en torno a la migración fue la Declaración de Los Ángeles de 2022, en la que se estableció: promover la estabilidad y la asistencia para las comunidades de destino, origen, tránsito y retorno; promover vías regulares para la migración; la gestión humana de la migración; una respuesta coordinada ante emergencias; enfoque común para reducir y gestionar la migración irregular.

Respecto al título 42, la administración Biden lo mantuvo hasta 2023, pues debido a la crisis que exacerbó la pandemia de Covid-19, los flujos migratorios hacia su país aumentaron. Por lo anterior, en 2023 se establecieron el Fortalecimiento del plan humanitario conjunto sobre migración; Programa de Migración Regional del Hemisferio Occidental; Colaboración hemisférica de EU, Guatemala y México y; Diálogos de Alto Nivel en materia de seguridad con México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Colombia, Panamá y Ecuador.

Según datos del gobierno estadunidense, se han incrementado los “encuentros” de la patrulla fronteriza con mexicanos desde 2017. Como acotación metodológica, en 2021 y 2022 hay una sobreestimación por los reencuentros. La tasa de reencuentro –quienes trataban de cruzar la frontera en dos ocasiones o más– en 2022 fue 26 por ciento mayor con respecto a 2021. De los 2.3 millones de encuentros, 1.7 millones son encuentros únicos de un año, es decir, personas que no se habían encontrado previamente en el año anterior.

Fuente: Oficina de Estadísticas de Seguridad Interior

Deportaciones y encuentros

Con el tiempo, las administraciones en Estados Unidos han cambiado la denominación de personas sin documentos legales en su país. Actualmente se les llama ‘ilegales’, explica el doctor Jorge Santibáñez, y critica que “tú no puedes decir de una persona que es ilegal. Puedes decir que cometió un acto ilegal, pero no que es ilegal, ninguna persona es ilegal”.

Incluso el término de indocumentados está mal “porque sí tienen documentos, tienen pasaporte, tienen matrícula consular. En muchos estados tienen licencia”, tras tampoco aplicar el término de personas que entraron al país sin ser inspeccionadas, se ha quedado un consenso sobre la definición de ‘no autorizados’.

Fuente: estimaciones de la población inmigrante no autorizada que reside en los Estados Unidos: enero 2018-enero 2022, Buró del Censo de EU. *Revisado para ser coherente con las estimaciones derivadas del censo de 2010 (U.S. Census Bureau, 2011). **Revisado para mostrar el impacto de la metodología actualizada.

Como se observa en la gráfica anterior del Buró del Censo, la estimación de población mexicana no autorizada ha disminuido desde su pico más alto en 2008 (coincidente con la crisis económica). De 2019 a 2022, los primeros cuatro años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador la disminución fue de alrededor de 600 mil. En contraste, en la administración de Peña Nieto, en sus primeros cuatro años la reducción fue de 480 mil.

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