En vísperas de la llegada del embajador Ron Johnson al país, el gobierno de Estados Unidos aumentó las presiones hacia México a través de varias agencias y del propio Departamento de Estado. En esa agenda se incluyen temas que van desde una supuesta lista negra de políticos morenistas –que ya fue desmentida–, la suspensión de la visa a la gobernadora de Baja California, la difusión intencional de un mensaje confuso sobre un operativo para desmantelar narcolaboratorios en Sinaloa, la entrega de la familia de Ovidio Guzmán al margen de las autoridades nacionales, hasta el cierre temporal de la frontera a las importaciones de ganado mexicano por el gusano barrenador, y la transmisión en Televisa de un anuncio de la secretaria de Seguridad Nacional –Kristie Noem– contra los migrantes. Desde hace meses, el gobierno estadunidense mantiene una actitud agresiva y grosera con su principal socio comercial, que incluyó la injerencia en la reforma judicial y la captura del Mayo Zambada

Estados Unidos ya demostró que no es un socio comercial confiable y que tampoco es un vecino amistoso. Desde la llegada del presidente Donald Trump, el gobierno de ese país –a través de sus departamentos y agencias– ha intensificado las presiones hacia México, sobre todo en materias de seguridad y comercio, que incluyen el actual cierre de la frontera a las exportaciones de ganado mexicano, bajo el pretexto de evitar la plaga del gusano barrenador.

Más aún, un día antes de la llegada del embajador Ron Johnson –ocurrida el pasado 15 de mayo–, el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) lanzó un mensaje confuso en sus redes sociales –en el cual incluyó una serie de imágenes, entre las que se encontraba una que retrata a agentes estadunidenses a bordo de una camioneta en lo que parece ser un operativo– sobre una operación en Sinaloa, liderada por la Agencia de Investigación Criminal (de la Fiscalía General de la República), en la cual se destruyeron tres narcolaboratorios.

Dicho mensaje propició interpretaciones mediáticas que apuntaban a operaciones de agentes estadunidenses en territorio mexicano, que fueron desmentidas por la propia presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia del 15 de mayo, y por la propia Embajada de Estados Unidos, que aclaró que el ICE no participó, sino que sólo “certifica” a la AIC de la FGR.

Al respecto, la primera mandataria mexicana identificó que ese tipo de mensajes de las agencias estadunidenses se deben a que México no se somete a sus intereses y defiende su soberanía, aunque descartó que puedan tomarse como presiones a su gobierno. “A Estados Unidos no le gusta, o a las agencias, en particular, que no puedan entrar como entraban antes; o sea, ellos quisieran seguir operando como en el periodo del neoliberalismo, en el periodo de [Felipe] Calderón”, comentó, en clara referencia a programas como el operativo Rápido y Furioso.

En su conferencia matutina del pasado 15 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó coacciones a su administración por parte de Estados Unidos: “presión, no. Nosotros tenemos muy claro nuestros principios, lo que representa la ley y nuestro mandato popular. Entonces, no, no hay presión; sencillamente, sí es importante que el pueblo de México siempre sepa esto y que bajo ninguna circunstancia se va a permitir el injerencismo o la violación a nuestra soberanía”.

La actitud agresiva y grosera del gobierno de Estados Unidos no es nueva; viene de gobiernos anteriores, incluido el de Joe Biden, con graves antecedentes, como lo ocurrido con la captura del narcotraficante Ismael Zambada García, alias Mayo, en territorio mexicano y por parte de agentes estadunidenses. Ello, de confirmarse, habría violado la soberanía nacional casi al cierre del sexenio pasado. Al respecto, es importante recordar que, ante el injerencismo estadunidense –que incluyo la intromisión en la reforma judicial–, el presidente Andrés Manuel López Obrador congeló las relaciones con el exembajador Ken Salazar.

Esta actitud del gobierno estadunidense va aparejada de un aparato de propaganda, que busca sistemáticamente “justificar” las decisiones unilaterales y hegemónicas del vecino del norte, con informaciones y desinformaciones que se diseminan no sólo en redes sociales, sino también en corporaciones mediáticas nacionales y extranjeras, como ocurrió en el proceso electoral presidencial de 2024, cuando desde la DEA se filtraron expedientes de investigaciones ya cerradas sobre narcotráfico a ProPública, DW, el think tank InSight Crime y, con posterioridad, al New York Times, en las que la propia autoridad no había encontrado elementos contra AMLO.

Nuevas presiones

A pesar de las mesas de diálogo que sostienen con frecuencia funcionarios de alto nivel de los dos países, el pasado 11 de mayo y de forma unilateral, Brooke Rollins –secretaria de Agricultura de Estados Unidos– anunció el cierre de la frontera para la importación de ganado vivo proveniente de México, para evitar la plaga del gusano barrenador.

Para el 12 de mayo, Julio Berdegué, secretario de Agricultura mexicano, informó en la conferencia presidencial que México había estado dialogando previamente con la autoridad estadunidense y se había informado de las acciones del país para evitar la propagación de la plaga. Incluso, aceptó que México hizo todo lo que Estados Unidos pidió. Pese a ello, se estableció un cierre por 15 días a las exportaciones mexicanas de ganado vivo.

A la par, otra noticia aumentaba la tensión bilateral: el mismo 11 de mayo, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, dio a conocer que el gobierno de Estados Unidos le canceló la visa, al igual que a su esposo. A pesar del perfil político de la afectada, el vecino país del norte se ha negado a informar las razones, al indicar que es un asunto privado.

No obstante, este hecho desató una nueva campaña de guerra sucia mediática, en la que se circuló una lista de 44 nombres de gobernantes –incluida Marina del Pilar–, legisladores y políticos, la mayoría de extracción morenista, a los que supuestamente se les retirará la visa y se les investigará por narcotráfico. Esto se conoció como “la lista de Marco [Rubio]”, y se atribuyó su elaboración al Departamento de Estado. Sin embargo, el pasado 14 de mayo la institución negó la veracidad del listado, al igual que la propia presidenta Sheinbaum, quien aseguró que esa información era falsa.

Como parte de esa misma campaña, se reactivó ProPública y el periodista Tim Golden –quien en 2024 fue calificado como mentiroso por López Obrador–, para advertir que el gobierno de Estados Unidos sí investiga por narcotráfico a los políticos de la lista, y que pronto se sabrá de la cancelación de más visas.

En ese mismo contexto, se ha atribuido que la información de alto perfil político por la cual se habría integrado esa lista –y que, supuestamente, golpeará de forma severa al partido en el poder, Morena, y al propio gobierno federal y las bancadas en el Legislativo, así como a diversas entidades gobernadas por morenistas– provendrá directamente del narcotraficante Ovidio Guzmán López –alias el Ratón y uno de los líderes de la facción del Cártel de Sinaloa conocida como Los Chapitos–, quien está preso en Estados Unidos.

La versión mediática se reforzó luego de que 17 familiares de Ovidio –incluida su madre– se entregaron voluntariamente a las autoridades estadunidenses, el pasado 9 de mayo. Ello, tras las negociaciones que han sostenido los hijos del Chapo Guzmán con agencias estadunidenses, desde hace meses, mismas que también derivaron en el operativo para capturar al Mayo Zambada, el 25 de julio de 2024.

Ovidio Guzmán fue extraditado por México el 15 de septiembre de 2023; desde entonces, dialoga beneficios con las autoridades estadunidenses y, por esas negociaciones, se atribuye que sus hermanos traicionaron al Mayo. Como se recordará, en ese operativo de captura, Joaquín Guzmán López se entregó por su propia voluntad y fue quien supuestamente secuestró a Ismael Zambada.

Al respecto, la presidenta Sheinbaum Pardo cuestionó al gobierno estadunidense, pues ese país decidió equiparar al narcotráfico con el terrorismo y, a pesar de que asegura no pactar con terroristas, las autoridades estadunidenses sí están negociando con la facción de Los Chapitos: “¿cómo se explica…? Primero, si hay acuerdo, tienen que informar; y segundo, si hay acuerdo, ¿cómo es que determinan que esta organización es una organización –de acuerdo con ellos– “terrorista” y se establecen acuerdos?”

En medio de todas estas tensiones, el embajador Ron Johnson arribó a México, el pasado 15 de mayo. Un hecho significativo es que fue recibido por un subalterno del secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente: el jefe de la Unidad para América del Norte, Roberto Velasco, quien ni siquiera tiene rango de subsecretario de Estado. Aunado a ello, la presidenta Sheinbaum confirmó que será el lunes cuando lo reciba en Palacio Nacional para la entrega de cartas credenciales, pero ese mismo día también recibirá a otros diplomáticos de varios países.

La intensidad de estas presiones que se han vivido en los últimos días tiene como precedente inmediato los ataques de Trump en materia comercial: la imposición y retiro de aranceles a México en dos ocasiones previas al llamado “día de la liberación de Estados Unidos”, momento en el que México y Canadá fueron excluidos de los aranceles generalizados, en respeto del T-MEC. No obstante, y como al resto del mundo, sí se aplican aranceles en materia de exportaciones de automóviles (de forma parcial), de acero y de aluminio.

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