Cuando en diciembre de 2019 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el congelamiento de las cuentas bancarias de Genaro García Luna, el Estado mexicano tomó una medida contundente frente a un caso que exhibía los vínculos más oscuros entre poder y criminalidad. Se trató de una acción de cooperación internacional, derivada de una investigación por lavado de dinero, iniciada por la DEA [Agencia Antidrogas], en Estados Unidos.
García Luna impugnó la decisión mediante un juicio de amparo. Su defensa exigía que se levantara el bloqueo, alegando que la UIF no había cumplido con los requisitos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El caso llegó a mi tribunal en materia administrativa y, como magistrada, me tocó elaborar el proyecto de sentencia.
Propuse mantener el congelamiento de las cuentas. Lo hice convencida de que las personas juzgadoras debemos ser garantes del equilibrio entre el respeto a los derechos fundamentales y la eficacia del Estado en la persecución de delitos complejos, como el lavado de dinero. Fue una decisión valiente, por ir en contra de la Suprema Corte, pero al mismo tiempo bien argumentada, con técnica judicial.
El máximo tribunal había señalado que la UIF sólo puede congelar cuentas si actúa en cumplimiento de compromisos internacionales y existe una “solicitud expresa” de colaboración extranjera. Yo opté por una interpretación más amplia, que reconciliara el rigor técnico con la realidad operativa de la cooperación internacional.
Mi planteamiento fue que esa “solicitud expresa” no debía entenderse de manera literal. Porque bastaba con que una agencia internacional, como la DEA, solicitara apoyo para una investigación financiera, y que el congelamiento fuera una consecuencia lógica y proporcional.
Y así había ocurrido en este caso. El 6 de diciembre de 2019, la DEA solicitó formalmente el apoyo de la UIF. Meses después, reiteró la necesidad de mantener el bloqueo. Además, la medida estaba respaldada por la Convención de Palermo, la Convención de Mérida y las recomendaciones del GAFI, que obligan a los Estados a colaborar activamente en la prevención de flujos financieros ilícitos.
La decisión del Tribunal, que confirmó mi proyecto, fue relevante no sólo por el personaje involucrado. Su importancia radicó en que propuso una visión institucional del derecho que no se queda atrapada en formalismos, sino que reconoce que el Estado mexicano forma parte de un entramado internacional en la lucha contra el crimen organizado. Mi intención fue evitar que la forma se impusiera al fondo, sin renunciar a la legalidad ni a la protección de los derechos.
Lamentablemente, tiempo después y en un caso similar, la administración actual de la Suprema Corte adoptó el enfoque opuesto. Estableció que esa “solicitud expresa” debía entenderse en sentido estricto, como una petición que mencione literalmente el congelamiento de cuentas. Esta postura formalista debilita los mecanismos de cooperación internacional, impone cargas innecesarias al intercambio entre agencias y abre puertas a la impunidad.
Soy una juzgadora convencida de que la justicia debe tener sentido social. Las personas juzgadoras tenemos la responsabilidad de interpretar con perspectiva y compromiso institucional. El caso de García Luna fue un ejemplo de cómo es posible hacerlo, defendiendo el debido proceso, pero también la capacidad del Estado para actuar eficazmente frente a redes de corrupción y delincuencia trasnacional.
Mi participación en este asunto refleja la filosofía judicial que defiendo. Una que apuesta por una justicia con equidad, sensible a los contextos sociales y con plena conciencia de su responsabilidad institucional. Porque la ley no puede ser un refugio para los poderosos, ni la Corte un espacio indiferente ante los desafíos de nuestro país. Por eso quiero ser ministra, para seguir construyendo una justicia al servicio del pueblo, que permita recuperar la confianza ciudadana en el Poder Judicial.
Ana María Ibarra Olguín*
*Magistrada de Circuito; licenciada, maestra y doctora en derecho. Candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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