Las demandas que mantiene México contra empresas armamentistas tanto en la Suprema Corte como en la Corte de Distrito de Arizona son una parte importante para derrotar a la poderosa industria, culpable en gran medida de la violencia en México por equipar a los cárteles de la droga. Pero la estrategia que debe acompañar es ganar la narrativa: que los bastos argumentos expuestos por el gobierno mexicano no se distorsionen en comentarios poco comprobados, y que podrían afectar a las decisiones de las y los jueces. Así manifiesta su preocupación el exconsultor jurídico a Contralínea. El actual equipo en Relaciones Exteriores ha barajado la idea ampliar la demanda, luego de que se designara como terroristas a seis cárteles mexicanos.

Segunda y última parte. El combate al tráfico ilegal de armas fue un punto nodal en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, heredero de un gran problema de violencia en México. Un río contaminado que se debía atender desde su desembocadura: las prácticas negligentes de la industria armamentista, con sede en Estados Unidos.

Si el gobierno se hubiera enfocado en otras acciones –como intercambios de información o retenes de vehículos estadunidenses– hubiera incrementado el decomiso, pero la falta de controles seguiría, explica el maestro Alejandro Celorio Alcántara, exconsultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

De tal manera se explica el juicio iniciado contra empresas fabricantes y distribuidoras de armas que interpuso el gobierno ante las cortes de distrito en Massachusetts (agosto de 2021) y Arizona (octubre de 2022). Pero, así como se espera que las y los jueces den la razón a México en sus argumentos, también destaca la importancia de ganar a nivel narrativo.

“Nuestra estrategia era jurídica y narrativa. Es muy importante la narrativa porque los jueces son seres humanos y escuchan”, puntualiza Celorio Alcántara. México va a perder, advierte, si la narrativa es que las armas vienen de Ucrania o que son robadas al Ejército mexicano, como han sugerido congresistas estadunidenses, y no se insiste en que el 74 por ciento de las armas recuperadas vienen de Estados Unidos, como señala un informe de ATF de enero.

“La forma de enfrentarnos al poder tan profundo que tienen la industria de las armas en Estados Unidos, es modificando la narrativa en los Estados Unidos”, país donde su sociedad desconoce que en México hay una legislación estricta sobre la posesión de arma, solo hay una tienda para adquirirlas y, entonces, no deberíamos tener tal cantidad, explica.

Considera que en los seis años del expresidente López Obrador “la mesa se equilibraba y pusimos a Estados Unidos a la defensiva”. No obstante, siente que últimamente no se ha hablado del tema como antes. “Íbamos bien, pero de pronto se le metió freno”. No le sorprendería, añade, que esto haya ocurrido a partir de las negociaciones entre los gobiernos de México y Estados Unidos luego del anuncio del presidente Donald Trump sobre los aranceles.

“Puede ser una idea de decir ‘bájale, bájale, ya no hables de armas, eso lo vamos a resolver de otra forma, pero ya no hables’, [y] me parece equivocado, porque tendríamos que seguir insistiendo”, menciona a Contralínea, y subraya que tiene una responsabilidad grande Pablo Arrocha, actual consultor, para mantener el mismo tono que se había impreso.

Armamentistas, cómplices de cárteles: una opción a futuro

Luego de que el presidente Donald Trump firmara la Orden Ejecutiva 14157, y que el Departamento de Estado designara –el pasado 20 de febrero– seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, se barajó entre el gobierno mexicano ampliar, en consecuencia, el litigio contra las empresas armamentistas.

Esta designación la rechaza México por ser arbitraria, politizada y contraria al derecho internacional, enfatiza el actual consultor jurídico Pablo Arrocha Olabuenaga, y retoma que, debido a que la demanda se interpone ante cortes estadunidenses, con aplicación de sus leyes, “lo que sí puede cambiar es que el análisis ya no se centre solamente en la ley PLCAA”, sino “la figura de poder ayudar o contribuir [las armamentistas] al crimen organizado”.

En cuanto las narrativas, la presidenta Claudia Sheinbaum zanjó desde que se conociera la noticia, que “tendríamos que ampliar la demanda en Estados Unidos porque, como ya reconoció el propio Departamento de Justicia, que el 74 por ciento de las armas de los grupos delictivos vienen de Estados Unidos, pues entonces ¿cómo quedan las armadoras y distribuidoras frente al decreto? […] tal vez pueden ser cómplices, ese es uno de los temas que estamos viendo”, como reconoció en su conferencia matutina de mediados de febrero.

Por instrucciones de la primera mandataria, la Consultoría ya ha explorado, junto con sus abogados, cuál podría ser la ampliación de las demandas, y el país está listo para hacerlo, señala Pablo Arrocha; aunque, “por el momento las cosas se mantienen como están”.

Se trabaja, de igual manera, para “eventuales resultados que se puedan dar con las decisiones de las cortes [Suprema o Arizona]”, así como iniciar otros posibles procesos y en qué otras entidades. “Primero veamos cuál es el avance y los logros que obtenemos en estos procesos y a partir de ahí podemos tomar una decisión informada sobre qué hacer a futuro”.

La representación de abogados estadunidenses para llevar el caso mexicano está encabezada por Steve Shadowen y Jonathan Lowy, expertos en litigios civiles contra la industria de las armas y la ley de Estados Unidos. Doctores, además, en derecho por las universidades de Georgetown y Virginia, respectivamente. Y hasta activistas en organizaciones que buscan frenar las malas prácticas de estas empresas.

No se combate la Segunda Enmienda

México ha sido cuidadoso en diferenciar a los responsables específicos que provocan el tráfico de armas, y no enfrentarse a una cultura arraigada de las armas en la sociedad del vecino país del norte, como explica Jorge Antonio Sánchez-Cordero Dávila, doctor en Derecho por la Universidad de París Panteón-Assas. “Viene desde la época de la independencia […] y nosotros tenemos que ser muy respetuosos” de su Constitución, agrega.

El 15 de diciembre de 1791, dos años después de que entrara en vigor la primera Constitución estadunidense, fue adoptada la Segunda Enmienda en el vecino país del norte, que otorga desde entonces el derecho, sin que pueda ser infringido, a las y los ciudadanos de poseer y portar armas.

Precisamente la demanda mexicana aclara que no se acusa a la Segunda Enmienda, sino en específico a las empresas negligentes y su falta de controles que provocan que las armas, a través de diversos métodos de compraventa, lleguen al mercado ilegal y, posteriormente, a grupos criminales en México.

“Esas no son las pretensiones de México. Las pretensiones de México son: que bajo los procedimientos que Estados Unidos defina a nivel nacional, puedan fortalecer los controles de su venta de armas desde la fabricación hasta la venta, para evitar esta negligencia que” desde hace años ha provocado que “México sea quien pague el precio del sufrimiento del trasiego de armas”, desarrolla Pablo Arrocha.

Aclara que es importante la precisión para evitar comentarios tales como “México se está metiendo con asuntos internos de Estados Unidos, México se está metiendo con nuestra constitución, o que México está teniendo una disputa interestatal […] queremos evitar la respuesta de decir ‘¿y quién eres tú, México, para decirme cómo tengo yo que aplicar mi derecho a poseer armas?’”

“México está respetando el marco normativo de Estados Unidos y lo único que pide es: ‘pon los controles suficientes y limita la negligencia porque aquí el problema principal es la venta negligente, para que estas ventas que seguirán ocurriendo ocurran de manera más responsable, más controlada, y evitando el trasiego de armas al país’, eso es todo”, continúa.

Demanda mexicana: entre violaciones legales, recuperaciones y daños

Al momento en que se presentó la primera demanda (en Boston, Massachusetts) el gobierno exponía que, de todas las armas –usadas en crímenes y– recuperadas en México, el 47.9 por ciento provenía específicamente de las ocho empresas acusadas, cifra que subía hasta 68.4 por ciento al tomarse en cuenta todas las que llegaban desde Estados Unidos.

En el documento de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) de 2025, el porcentaje llega hasta 74 puntos, aun cuando se estima una disparidad de 18 (o hasta 41) armas traficadas por cada incautada.

Este ha sido uno de los argumentos esenciales que se presentó ante las y los juzgadores federales tanto de Boston como en Arizona. “Son argumentos muy finos”, reconoce el doctor Sánchez-Cordero Dávila, quien también ha participado de este litigio a través de un escrito amicus curiae en torno al derecho al acceso a la justicia de las personas mexicanas en tribunales estadunidenses.

En las 272 fojas que comprenden ambas demandas (la otra en Arizona), otras acusaciones principales mencionan: si no fuera por las prácticas negligentes de las empresas demandadas, “habría muchas menos armas en México, y muchas menos armas en manos de los cárteles”, quienes con menos armamento “podrían ser controlados y detenidos con mucha más facilidad y eficacia”.

Tan solo en 2019 era “más probable que un arma fabricada en Estados Unidos fuera usada en un asesinato de un ciudadano mexicano (17 mil) que en un ciudadano estadunidense (14 mil). Y México solo tiene el 40 por ciento de la población de Estados Unidos y solo una tienda de armas”.

Pero, al contrario, “diseñan, comercializan, distribuyen y venden armas de formas que saben que arman rutinariamente a los cárteles de la droga en México”; usan prácticas de venta peligrosas e ilegales, aprovechadas por las organizaciones criminales; las diseñan “para que sean fácilmente modificadas para disparar automáticamente”; las hacen atractivas a los cárteles; y aunque saben cómo fabricar y vender sus armas para evitar el comercio ilegal -gobierno y jueces estadunidenses les han dicho-, hacen caso omiso para continuar con su actual modus operandi.

Incluso hacer caso omiso a las advertencias de venta que pueden terminar en un uso criminal debe llevar a la culpabilidad de una empresa y marcar su participación intencionada de esas conductas ilegales, alega el texto. No pueden escudarse de responsabilidad con el argumento de ignorar que suministran el tráfico de armas a delincuentes en México.

Por lo que se considera que las fabricantes y distribuidoras no son actores accidentales o involuntarias, sino “participantes deliberados y dispuestos”, con prácticas que han aportado al asesinato de niños, niñas, jueces, periodistas, policías y ciudadanos en México, así como a la comercialización de drogas como fentanilo.

En el caso de las distribuidoras demandadas en Arizona, México señala que “cada demandado creó y participó en una cadena de distribución tortuosa y clandestina para vender sus armas a organizaciones dedicadas a actividades ilícitas y recibir ganancias ilícitas como pago por sus productos, mientras ocultaba sus actividades a las autoridades de los Estados Unidos”.

A manera de ejemplo, se narra: en septiembre de 2019, las autoridades estadunidenses arrestaron a dos hombres con al menos 40 armas para traficar hacia México, de las cuales 15 pistolas habían sido vendidas por Ammo AZ; tres pistolas, 1 rifle de asalto AK-47 y 60 rifles de asalto por Diamondback Shooting Sports; y cuatro pistolas por SnG Tactical.

Prácticas desleales

Estas empresas han hecho tales acciones a pesar de haber sido advertidas en muchas ocasiones por agencias estadunidenses, como la ATF, así como medios de comunicación, investigadores u organizaciones civiles. Tan solo desde 2001, el gobierno de Estados Unidos instó a las empresas “a monitorear, supervisar y establecer condiciones razonables en sus sistemas de distribución para evitar el suministro de armas criminales”, recuerda la demanda.

También un juez de Jack Weinstein consideró, en 2003, medidas a implementar, como seguros de responsabilidad civil; limitación de ventas en ferias de armas, de ventas múltiples, de la manera de hacer transacciones por parte de los clientes; educación y formación de distribuidores; y supervisión periódica.

Incluso en el año 2000, el gobierno de Estados Unidos había llegado a un acuerdo con Smith & Wesson para implementar una serie de medidas para dificultar el tráfico ilícito, pero la empresa nunca las aplicó. Se había sugerido, entre otras cosas, aplicar tecnología para que las armas se dispararan solo al identificar al tirador; incluir un segundo número de serie, oculto, en sus productos, con el fin de rastrearlas si el otro fuera borrado; aplicar restricciones de venta y fabricación de sus productos.

No lo han hecho, y resulta no solo en una violación a sus obligaciones, sino que se han beneficiado a partir de ello por más de 170 millones de dólares, según estimaciones mexicanas con base en el precio original de venta de las armas. Por tanto, también han aumentado las armerías en la frontera. En 2010 había 8 mil 354 distribuidores con licencia entre California, Texas, Nuevo México y Arizona, y para 2019 había 9 mil 923.

Ello a partir de publicidad atractiva para los cárteles de la droga, asociada a lo militar y “probados” en batalla; sin números de serie o fácil de borrar; y con diseños de fábrica de tal manera que sean convertibles fácilmente en armas automáticas o que acepten cartuchos múltiples, como ha exhibido México, en particular de los rifles tipo AK-47 o M-16.

Por lo cual han roto algunas leyes como la de Protección al Consumidor de Massachusetts, Fraude al Consumidor de Arizona, Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO, en inglés), Reforma del Control de las Exportaciones (ECRA), así como el Código de los Estados Unidos en su Título 18, secciones 932, 933 y 1956.

Específicamente, el texto ejemplifica que la empresa Barret, fabricante del rifle de francotirador calibre .50, anuncia este producto, y lo vende sin restricciones, como “que puede derribar helicópteros y penetrar vehículos ligeramente blindados y vidrios a prueba de balas”. El Ejército mexicano recuperó, de 2018 a 2018, 554 armas de fuego calibre .50, de las cuales 496 eran rifles (227 fabricados por Barret, es decir, en el 40.9 por ciento de los casos).

Además, exhibe que Diamondback ha alojado un curso que enseña respuesta táctica con rifles de combate. Con costo de 600 dólares, en la descripción a este se lee: “¡Ya sabes cómo disparar tu rifle o subfusil, déjanos enseñarte cómo LUCHAR con él! Este curso es mucho más avanzado que otro curso de rifles al que puedas acudir […] cada alumno sale de esta clase con cargadores vacíos, el rifle al rojo vivo y una sonrisa de oreja a oreja”. Así lo constató Contralínea en la página web de Tactical Response, establecidos desde 1996.

En general son argumentos muy sólidos, considera Pablo Arrocha, “bien planteados y bien estructurados […] si no fuera el caso, estas demandas desde 2021, 2022 ya hubieran terminado, ya hubieran muerto. Si siguen vivas, si siguen siendo analizadas, si han sido procesos de apelaciones, si han llegado a la Suprema Corte de Estados Unidos y si han podido llegar a una etapa probatoria, creo que es prueba suficiente que las demandas están bien planteadas, bien estructuradas y tienen argumentos sólidos”.

Daños multifacéticos en México

La ATF ha advertido de ciertas ventas de armas que, por sus patrones, terminarían probablemente en el tráfico ilegal hasta México, entre ellas las ventas de paja o a prestanombres (la más común), ventas caseras, a granel; compras diversas de un mismo cliente en pocos días; robo; armas fuera del inventario.

El texto incluso hace referencia a los estándares de la Fundación Nacional de Deportes de Tiro (NSSF, por sus siglas en inglés): “si la sospecha crece, es más prudente seguir el principio precautorio de rechazar cortésmente la venta para protegerte del riesgo de contribuir a una posible transacción ilegal”.

Por lo anterior, el gobierno de México enumeró una serie de daños que se ha causado al país debido a la violencia provocada por las armas de fuego, como: menor disponibilidad de fondos para otros servicios; aumento en costos sanitarios, médicos y de salud mental; de formación de militares y policías; más costos judiciales por aumento de seguridad, personal; pérdida de eficiencia y población trabajadora; disminución en el valor de la propiedad de ciertas comunidades; menor actividad económica; aumento de gasto público para frenar la violencia.

El ejército y la policía también han sufrido la violencia de las armas estadunidenses, advierte la demanda. “De 2006 a 2021, las armas fueron usadas para asesinar al menos a 415 miembros de la Policía Federal mexicana o Guardia Nacional, y herir al menos 840 más [… Y] de marzo de 2009 a marzo de 2021, las armas originarias de Estados Unidos fueron usadas para asesinar 25 miembros del ejército mexicano y herir otros 84”.

Ello a pesar de que México solo tiene una tienda legal, la Unidad de comercialización de Armamento y Municiones, controlada por el ejército, y que en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos -creada en 1972- “prohíbe la posesión de determinadas armas, incluidas las clasificadas como exclusivamente para uso militar”, así como a traficantes “y a aquellos que los ayudan y los instigan, a introducir cualquiera de las armas” al país. En su artículo 55, se establece que el tráfico ilegal hacia México “conlleva una pena de prisión de hasta 10 años” y 30 si son de uso exclusivo militar.

Decisiones estratégicas

La fortaleza en los argumentos de México y la estructura que ha acompañado a el litigio es la mejor explicación de que la demanda siga en pie en los juzgados estadunidenses, reconoce Pablo Arrocha; si no, ya la habrían tirado desde su comienzo, continúa.

Para lograr que ningún cabo estuviera suelto, la Consultoría Jurídica realizó todo un proceso de análisis y decisiones estratégicas en diversas áreas, explica Alejandro Celorio, quien agrega que incluso tenía, junto con un equipo cercano, una “matriz de argumentos” con hipotéticos alegatos que harían las empresas demandadas, para así trabajar en posibles contestaciones.

“Me parece que [de las decisiones] más importante fue ver qué se había hecho antes. Se hizo un análisis muy profundo de demandas similares […] estudiar las demandas contra la industria tabacalera, contra la industria de los opiáceos, para armar este argumento que es muy novedoso: que todo lo que hacen y lo que dejan de hacer nos causa un daño”.

Pero antes de interponer las demandas, también se pensó en qué cortes se iban a presentar. En el caso contra las empresas distribuidoras, el problema más grave de tráfico proviene de Texas, “pero es un terreno muy complejo por los jueces [conservadores] que operan ahí”; por lo que se decidió iniciar el juicio en Tucson, Arizona, con jueces si bien no tan liberales como antes, pero sin una visión conservadora, resalta Celorio.

También habían pensado en hacer demandas en diversas cortes de distrito, “pero hay un principio en el Judicial estadunidense que [dice], ‘si muchas demandas son similares en cuanto a los actores o los hechos, las demandadas pueden optar porque se lleve el asunto en una sola Corte. Entonces, ¿qué hubieran hecho las empresas demandadas? Nos llevan a Texas, con jueces más conservadores. Entonces fuimos muy cautos en una sola demanda”, narra.

En cuanto a la primera demanda, en la Corte de Massachusetts, el diplomático señala que el juez Dennis Saylor “está a punto de retirarse, entonces nosotros pensábamos que”, por esa circunstancia, “podía tomar una decisión más a favor de las pretensiones de México en el sentido de […] una persona ya a esa edad se pudiera retirar habiéndole dado la razón a México”.

Una vez que terminó la primera audiencia en Boston, “tomo la decisión de avanzar con la demanda en Tucson”, continúa Alejandro Celorio, y agrega que se interpone en octubre de 2022 “porque en ese verano se tipificó el tráfico de armas como delito federal, entonces la excepción a PLCAA es mucho más clara: […] estás incurriendo en una de las excepciones al facilitar este delito que es tráfico de armas”.

Por otra parte, cuando otros países escucharon que México iba a demandar a estas empresas armamentistas, preguntaron por unirse al litigio. Y ahí toma la Consultoría una nueva decisión importante.

“Si otros países se hubieran sumado –precisa el exconsultor–, habríamos llevado el argumento de la defensa a decir ‘esto es una cuestión de política exterior’, y hay una doctrina judicial estadunidense que establece que las cortes estadunidenses no se pueden pronunciar sobre cuestiones que le corresponden únicamente al Ejecutivo, que serían las relaciones exteriores”.

Es entonces que México negocia con los gobiernos extranjeros y les pide unirse específicamente a través de un documento amicus curiae. Así también trabajaron para apoyarse de los fiscales de distrito y procuradores estatales de Estados Unidos.

“Los escritos de amigos de la corte no es usual que se presenten en la primera instancia [del juicio]; pero lo que hicimos fue ganarle la narrativa a las demandadas porque teníamos fiscales de distrito diciendo: ‘el tema del tráfico de armas es una problemática estadunidense porque las armas van a México y después regresan a nuestras calles. Entonces todos estos elementos fueron bien analizados, bien estudiados”.

En 2022, asimismo, el gobierno mexicano solicitó una opinión consultiva respecto a la negligencia, venta de armas y el impacto en derechos humanos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y esperan que se emita antes del fallo de la Suprema Corte estadunidense.

En palabras del consultor Pablo Arrocha, “eso también va a contribuir para ver cuál es la visión de un tribunal internacional”. Y la esfera de los derechos humanos en cuanto a las empresas, completa Alejandro Celorio, aunque admite que a Estados Unidos no le interesa mucho lo que diga la CIDH, “ni es vinculante”.

Complicado intercambio en la Suprema Corte

Ante la Suprema Corte estadunidense, en una audiencia el pasado 4 de marzo donde ambas partes del litigio presentaron sus alegatos y respondieron a las y los jueces, las empresas demandadas Smith & Wesson e Interstate Arms centraron sus argumentos en “que no hay una proximidad del nexo causal entre el fabricante y dónde termina el arma y el daño”, cuenta Pablo Arrocha, uno de los presentes en el alto tribunal aquel día.

Dijeron: “hay muchos pasos de intermediación entre la fabricación de una pistola y que termine siendo usada de manera ilegal en México, entonces no pueden hacer responsable, ustedes corte, al fabricante cuando él no puede ser el responsable directo porque el fabricante se lo pasa a un comercializador, que a su vez lo distribuye en puntos de venta, que a su vez son compradas por un particular, que a su vez lo desvía en el mercado negro, cometen delito en México; entonces yo estoy muy lejos en esta cadena’”, recuerda el consultor.

México negó esto, pues “todo el proceso del ciclo de arma es uno solo” y todos los involucrados son igual de responsables “por la simple y sencilla razón de que todos y cada uno de ellos está consciente y tiene conocimiento del resultado final. Entonces, si tú tienes conocimiento del resultado final desde que produces el arma, tu defensa no puede ser ‘sí pero antes hubo siete pasos más adelante donde yo no tengo nada que ver’”.

El juez presidente John Roberts sugirió que el litigio podría generar la percepción en la ciudadanía estadunidense que México demanda de manera unidireccional, porque Estados Unidos no hace lo mismo en México por el crimen organizado.

Esto es una falsa equivalencia, dice Arrocha Olabuenaga. “México está sometiéndose a la legislación de Estados Unidos, a sus leyes, a su sistema jurídico para decir, ‘conforme a tus reglas, quiero que analicemos esto’”. Lo mismo podría hacer alguien de aquel país en México, bajo estas reglas. No se trata de un señalamiento injusto del gobierno, continúa. “México tiene todo el derecho y con justa razón” reclama el daño que padece.

Mayoría conservadora

Durante su primera administración, el republicano Donald Trump colocó a tres jueces en la Suprema Corte. Junto con otros tres que prevalecen desde el gobierno de George Bush (entre ellos el presidente John Roberts), son seis jueces conservadores, contra solo tres consideradas liberales, electas dos con Barack Obama y una con Joe Biden.

Ello ha hecho dudar sobre la resolución a diversas personas activistas y conocedoras del caso; sin embargo, el doctor en derecho Sánchez-Cordero Dávila, considera que todos y todas “son jueces de amplia experiencia y tienen muy buena reputación”.

Pablo Arrocha acepta que “puede haber visiones personales o políticas” en cualquier persona o tribunal, pero en la audiencia del 4 de marzo notó que “había un interés de la Corte por entender y analizar el caso. Los jueces hicieron preguntas muy difíciles […] para ambas partes. Las preguntas sobre la interpretación y aplicación de la ley [PLCAA] me parece que fueron igualmente duras para las dos partes en el litigio. Lo cual nos habla de un genuino interés de tomarse este caso con seriedad”.

Son conservadores, la mayoría de seis, en el sentido de un menor control de armas, reconoce Alejandro Celorio, “pero no porque estén a favor del comercio irresponsable”. Incluso menciona que “algunos analistas han establecido que incluso es conveniente para México que sean conservadores […], harán una lectura conservadora de la ley, no creo que se pongan a innovar. La PLCAA es muy clara: si hay una violación a la ley, no son inmunes”.

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