Adán Augusto López Hernández y Andrés Manuel López Beltrán no son investigados hasta ahora por la Fiscalía General de la República por el caso de huachicol fiscal, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien señaló que corresponde a la autoridad ministerial determinar si los testimonios que mencionen a otras personas tienen sustento.

Durante su conferencia matutina, la primera mandataria explicó que existen varias líneas de investigación relacionadas con la introducción y comercialización ilegal de combustibles, entre ellas una que surgió a partir de la detección de un buque en Tampico que declaró transportar naftas, pero cuyo contenido resultó ser diésel.

De acuerdo con la titular del Ejecutivo federal, la irregularidad fue detectada cuando autoridades aduaneras solicitaron un análisis del cargamento. El estudio determinó que el buque transportaba diésel y no naftas, lo que habría permitido introducir combustible al país bajo una clasificación distinta y evitar el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

La investigación se vinculó con indagatorias que la FGR ya tenía abiertas y derivó posteriormente en la detención de dos personas que pertenecían a la Secretaría de Marina.

La presidenta señaló que tanto la Marina como la Fiscalía cuentan con información sobre una red que, según las investigaciones, introducía combustible principalmente desde Estados Unidos sin cubrir los impuestos correspondientes y posteriormente lo distribuía en distintas gasolineras.

Recordó además que el entonces secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, presentó una denuncia ante la FGR durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. A partir de esas indagatorias, dijo, se fueron integrando diferentes investigaciones y se realizaron detenciones.

La primera mandataria explicó que otra de las investigaciones está relacionada con ferrotanques que ingresaban combustible por las fronteras terrestres, particularmente por Piedras Negras y otras aduanas.

Según su explicación, algunos de estos tanques declaraban transportar sustancias distintas, aunque en realidad contenían gasolina o diésel. En esta línea se encuentra la investigación que involucra a la empresa Ingemar, mencionada por la FGR en relación con la importación ilegal de combustibles y que derivó en la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel.

Una tercera línea corresponde al robo de combustible dentro del país, incluido el extraído de instalaciones de Petróleos Mexicanos o de ductos.

En este sentido, Sheinbaum Pardo indicó que distintas dependencias participan actualmente en las acciones para investigar y contener estas actividades, entre ellas el Servicio de Administración Tributaria, la Secretaría de Energía, Pemex, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Ejército y la Marina.

Además, señaló que su administración ha reforzado medidas para impedir la entrada ilegal de combustibles, entre ellas restricciones a la importación temporal de determinados productos químicos.

Sobre las menciones que han surgido en torno a Adán Augusto López Hernández y Andrés Manuel López Beltrán, sostuvo que una persona puede haber mencionado a alguien durante un testimonio, pero corresponde a la Fiscalía determinar si esa declaración tiene valor probatorio y si existen elementos que la respalden. “Eso ya le corresponde a la Fiscalía informarlo”.

Sobre el senador Adán Augusto López Hernández, quien fue secretario de Gobernación durante el gobierno de López Obrador, la presidenta dijo que hasta donde tiene conocimiento no existe una investigación en su contra relacionada con este caso.

En cuanto a Andrés Manuel López Beltrán, señaló que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno puede investigar a servidores públicos, pero precisó que él no ocupa un cargo público.

La primera mandataria dejó abierta la posibilidad de que la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, informe en caso de que sea necesario sobre alguna investigación relacionada con servidores públicos.

Finalmente insistió en que la información sobre las indagatorias corresponde a la Fiscalía General de la República, que deberá determinar cuáles testimonios cuentan con sustento y qué personas podrían estar involucradas en las distintas redes de introducción o robo de combustibles.

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