La prisión preventiva oficiosa por más de dos años se considera un trato cruel, inhumano y degradante, afirma el abogado Espejel Hernández, del IFDP. Agrega que en el sistema judicial mexicano es fácil darle a la pobreza  una presunción de criminalidad. Ello porque la  prolongación de esta prisión como fenómeno social se da con personas con características indígenas, con mujeres, discapacitados. Como ejemplo están los casos de Verónica y Erick Razo, con más de 11 años de prisión, sin sentencia  y sometidos a tortura

La prisión preventiva oficiosa excedida dos años es en sí un acto cruel, degradante e inhumano, porque es una pena anticipada, y se constituye ya como una presunción de culpabilidad, señala en entrevista el abogado José Luis Espejel Hernández, subdirector de la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos del Instituto Federal de Defensoría Pública. Centenas de personas no han recibido la resolución del fondo de su caso, y tienen que seguir privados de su libertad ante la parsimonia de las fiscalías, las autoridades judiciales o de la propia defensa, señala.

El litigante público observa que la prolongación de dicha prisión preventiva se da  como fenómeno social sobre todo en personas con ciertas características: son pobres,  indígenas, mujeres, discapacitados. Ejemplo de ello es el caso de los hermanos Verónica y Erick Razo Casales, detenidos arbitrariamente el 8 de junio de 2011 en la Ciudad de México por elementos de la extinta Policía Federal, sometidos a tortura y presos en penales de máxima seguridad, acusados de secuestro y delincuencia organizada.

La prisión preventiva oficiosa “es un trato inhumano y degradante, porque el Estado está comprometido a dar una sentencia pronta y expedita. Esto no puede ser la justificación, para decir: ‘como tú estás siendo investigado, tienes que seguir preso, al final te lo descuento de la sentencia’”.

El abogado del IFDP indica que existe un fenómeno ya analizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el que resulta “más sencillo para la autoridad condenarlos, que reconocer que son inocentes, cuando ya pasaron tantos años”.

Respecto de por qué es lo que funciona mal el sistema penal y de justicia en México, indica que en el proceso de prisión preventiva, hay una cuestión de una falsa apreciación de lo que es la justica: “queremos pensar que porque la persona sigue encarcelada se está logrando algo, se avanza en la justicia, cuando en realidad no se hace nada; sólo se lacera la libertad de la persona, pero el proceso está parado, como en el caso de Erick y Verónica [Razo]”.

Agrega que la parsimonia, y la nula pro-actividad para llevar a cabo rápido estos procesos, aunadas a la situación económica de las personas de menos recursos, que son quienes menos se pueden quejar, porque no tienen una exposición pública ni política alientan el retraso en los proceso.

El defensor público indica que “a la pobreza es fácil de darle una presunción de criminalidad, que se le criminalice. Hay procesos judiciales, en los que incluso ya se está asumiendo que son culpables, o se tiene temor a la reincidencia. Pero, si todavía no se tenía el proceso, y ya se presupone que va a reincidir… Esto es un trámite: ya se sabe que es culpable”.

En el caso de los hermanos Razo Casales, el IFDP logró liberar a Erick el pasado 30 de mayo al documentar su inocencia. Hace 11 años, durante el gobierno de Calderón, tras su detención fueron presentados indebidamente hasta después de 24 horas ante un agente del Ministerio Público de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la PGR, donde rindieron su declaración sin presencia de un abogado e inculpándose por los delitos. Tras la detención, la autoridad exhibió ante medios de comunicación a los hermanos Razo y aseguró que eran unos “peligrosos delincuentes”, expuso el IFDP.

En  entrevista a Contralínea, el abogado Espejel Hernández detalla las acciones legales que tomó el instituto para defender a Erick y Verónica Razo. “El punto principal es que se encontraba en una inercia judicial de estancamiento, en la que no se movía por un dictamen que no estaba especificado. La primera cuestión fue meter presión para poder acreditar que no necesario para dar una resolución, no era un dictamen accesorio, sino una evaluación nada más. El punto era que por los cambios administrativos y el personal cambiante, no se había podido dar ratificación. Insistimos mucho al juzgador que no era necesarias este tipo de pruebas para que se dejara de recibir, y ahí también empezar a destrabar el proceso para trabajar en los incidentes. Ingresaron dos incidentes a partir de la solución de la ONU, la 14/2021, en la cual el comité de derechos humanos, había establecido que ellos habían sido víctimas de una detención arbitraria. Con ese documento y con el estado actual en que estaba el proceso, es algo de los trabajos que hemos hecho aquí, vimos que la prisión preventiva en ambos casos, ya excedía de los dos años que marca la Constitución, y empezamos a ejercer presión a través de incidencias en la parte de la cautela, para poder modificarla”.

—En este caso de los hermanos Erick y Verónica Razo Casales, fueron sometidos a diversos tipos de tortura y tratos crueles e inhumanos, por parte de policías federales y otras autoridades que además violaron todo el debido proceso. Acerca de ello, ¿hay responsables?, ¿se puede avanzar en la responsabilidad de aquellas autoridades que no nada más abusaron de su poder, sino que prácticamente cometieron delitos al torturar y hacer que se inculparan estos hermanos?

—Sí, ya existe ahorita una persona que está en forma de prisión, por la tortura, y dos aprehensores a los que señaló Verónica, y se comprobó que cometieron tortura. Esto es sólo una de las órdenes de aprehensión que se cumplirán en posteriores días, sobre por qué fueron tolerantes ante estas acciones. Verónica acabó en el hospital en uno de esos días, y aun así aparece su confesión, casi de manera mágica. Esto no puede continuar así la actividad de la autoridad ministerial, y menos de la judicial. Se tiene que hacer una purga, y esto es un trabajo importante, y ya hay policías en forma de prisión por tortura, y habrá otros más contra policías aprehensores y ministeriales, también.

—Al caso de Verónica, ¿qué tanto sirve este antecedente de que haya sido determinada la inocencia de su hermano Erick?

—Estamos comprometidos con ambos. Nosotros esperábamos que fuera una noticia doble este viernes pasado, sin embargo, no fue así. Este fallo que nos dieron, nos sirve porque da las pautas de lo que no se puede evitar, que es la exclusión probatoria, eso no dará vuelta atrás. Por eso estamos tan seguros en este caso. La actividad de la policía, y el MP en aquella época fue tan clara, que ya está acreditado y aprobado. Entonces el ejercicio que hay que hacer es sólo la parte del recurso ordinario, no es sencillo, pero sí está mucho más depurado, es decir, qué tanto se tenía que excluir. Verónica quedó sometida a una condena que a virtud de una declaración victimaria, y de conocimientos que se efectúan. El punto es que al momento de hacer el recurso, ya hagamos valer que este hecho de la tortura y de los datos, medios de prueba desahogados, y ya están viciados, simplemente decir que no fueron completos, tenían que ser extensivos en toda su totalidad, magnitud, y amplitud para poder demostrar que Verónica es inocente de los que se le imputan.

—Estos hechos no son aislados. Es algo que de manera cotidiana se hizo por muchos años. ¿Tienen noticia de cuántos casos, de este tipo, hay en México?

—No tengo al precisión de cuántos se tienen. Pero, sí hay un alta tasa, sobre todo en la época de 2008, al 2016, en la que sí hubo una amplia actividad policial, excesiva, en la parte de llevarse personas, y obtener confesiones llamadas “entrevistas”, que es donde obtenían la confesión de la persona para que nada más la Fiscalía hiciera algunos cambios, y diera pauta para dar la confesión ministerial.

Te puede interesar: En Santa Martha, casos de tortura, preliberaciones no aplicadas, exceso de prisión preventiva