Prosperidad compartida. Hablar de economía significa identificar las formas y funciones que componen la capacidad de una economía nacional para satisfacer sus necesidades de reproducción de la vida colectiva. Si bien es verdad que a nivel mundial vivimos bajo el influjo de las ganancias especulativas, también es verdad que las sociedades no pueden prescindir de la producción para la subsistencia. De hecho, esta es una de las fortalezas del capitalismo, condicionar la reproducción social a la producción de ganancias privadas.

No es lo mismo producir para la vida colectiva que exclusivamente para las ganancias; en esta pequeña diferencia estriba el notable contraste entre un sistema económico dedicado a la acumulación –la llamada valorización capitalista­–, y un sistema económico en busca de mayor eficiencia para aumentar las capacidades que satisfagan las necesidades de la sociedad.

La elección no es una cuestión técnica sino política, y dependiendo de la respuesta dará paso a una sociedad con riqueza hiperconcentrada o con una distribución alternativa. El principio de “prosperidad compartida” está enmarcado, desde este punto de vista, como una apuesta a lograr otra distribución a la experimentada bajo el neoliberalismo.

Economía mixta

Pero cómo es posible identificar si una economía nacional cae en una u otra definición. La clave se encuentra en el análisis de las interacciones entre las tres partes del sistema económico: a) el sector estatal, b) el sector privado y c) el sector social. Estas tres esferas se encuentran en constante interrelación, no sólo en el sentido de su funcionalidad, sino también a nivel de la lucha en tanto poderes que representan intereses de clase.

La combinación específica entre estas fuerzas es a lo que denominamos una economía mixta, es decir, la coagulación del poder instaurada en determinado momento histórico, el estatus que guarda la lucha entre estos componentes. Este resultado se expresará, además, en un tipo de forma estatal, es decir, un país podría, derivado de esta lucha, funcionar como una monarquía, una oligarquía o una república. Alterar este equilibrio es el objetivo de un gobierno de izquierda, pero, para lograrlo, es necesario ir a la distribución nuclear: la forma de propiedad.

Valga la siguiente advertencia: cuando hablamos de propiedad desde la economía política, no nos referimos al término jurídico, sino a la forma concreta que socialmente permite que la riqueza sea controlada por unos cuantos o por colectividades. El tema de la propiedad se trata de una forma de distribución, no del ingreso –como es común enunciar– sino del acceso a las condiciones para producir.

El principio “prosperidad compartida” supone la posibilidad de encontrar una distribución alternativa al del dominio privado, pero antes es necesario identificar las tres principales formas existentes: a) la propiedad privada corporativa, b) la propiedad privada personal y c) la propiedad social. La primera se refiere al poder corporativo financiero, es decir, al poder de las trasnacionales que dominan el mercado global; la segunda, la propiedad privada personal, permite la conversión del propio trabajo en riqueza para la reproducción material de la vida. Y, por último, la tercera propiedad, la social, incluye las formas cooperativas producidas por el sector público y por el sector social, cuyas estructuras no se instauran bajo la lógica de la ganancia privada sino sobre el beneficio mutuo.

En este caso, la “prosperidad compartida” aparece como el momento en el que las distintas formas de propiedad coinciden en un programa estratégico para el desarrollo del conjunto. Durante el neoliberalismo, el modelo garantizaba un dominio del sector privado sobre los demás sectores, durante el modelo alternativo post-neoliberal, de lo que se trata, en un primer momento, es de constituir al sector público como dominante a través de la planificación.

El sector privado en la transformación

Desde la visión tradicional de la izquierda, el Estado aparece solo como un agente al servicio del sector privado, pero esta reducción deriva, desde mi punto de vista, de la falta de distinción entre las diferentes formas estatales, entre las que podemos destacar, por un lado, una pseudo república, debido a que no dominan los poderes formales –ejecutivo, legislativo y judicial– sino una oligarquía y, por el otro, una república social emanada del poder popular y con pretensiones de liberación del dominio privado absoluto. Es decir, no se trata de disolver al sector privado por acto de magia sino disolver su poder unilateral, su dominio sobre lo público.

Para comenzar a profundizar en este análisis es necesario recordar que el sector privado no es un ente homogéneo, sino que entre sí existen diferencias sustanciales que debemos tener en mente: de acuerdo con la clasificación del tamaño de las empresas por el número de trabajadores, siendo micro de uno a 10; pequeñas, de 11 a 50; medianas, de 51 a 250 trabajadores; y grandes, de 250 o más. Cabe destacar que el 99.8 por ciento del sector privado son pequeñas y medianas empresas. A este segmento le debemos la creación del 78 por ciento del empleo formal.

Desde este punto de vista la mayor parte de sector privado es, en realidad, la propia sociedad buscando la reproducción de la riqueza colectiva, aun cuando sea en términos de un mercado hecho a la sombra de la propiedad privada corporativa. Aun así, no olvidamos que, aunque las trasnacionales signifiquen un porcentaje menor, su fuerza sigue siendo imperante en la estructura general del mercado.

Pero la pregunta es: ¿cuáles son las posibilidades reales de romper con la inercia privada? Precisamente la respuesta se encuentra en la estrategia de recuperación de la forma de la propiedad social, es decir, el avance de lo público en la economía, comenzando, por ejemplo, por la restitución de la participación de empresas públicas en sectores estratégicos, como es el caso de la reintegración vertical de Pemex o con el 54 por ciento de participación estatal en la electricidad, o como la canalización de la inversión extranjera directa en los polos del bienestar, respetando el nivel salarial y el pago de impuestos, núcleos que comprometen al sector privado a respetar los objetivos y características del plan nacional de referencia.

O bien, como ha sucedido recientemente en materia financiera, en la octogésima octava convención de la Asociación de Bancos de México en la que el gobierno federal signó un acuerdo para elevar 3.5 por ciento anual el acceso al crédito para las Pymes, toda vez que México se encuentra en los últimos lugares de cobertura de crédito de esta naturaleza, con un 33 por ciento con respecto al PIB, en comparación con un 72 por ciento de Brasil, un 82 por ciento en Alemania o un 192 por ciento en EU, con lo que se busca que el sector financiero, sin duda, poderoso dentro de la economía nacional, resuelva este faltante en la materia en función de los objetivos que persigue el Plan México.

El nuevo sector privado implica un nuevo sector social

Así como se ha planteado la separación entre el poder político y el poder económico, también es necesario enunciar el fortalecimiento organizativo del sector social en su relación con el sector privado, de esto se trata el aumento del salario mínimo, la reducción de la jornada laboral, el reconocimiento y ejercicio de la democracia sindical, la ley silla, la eliminación del outsourcing, entre otras medidas, pero además tiene que ver con la responsabilidad del propio sector privado en la inversión tecnológica que permitan una mayor eficiencia en los procesos.

La noción de productividad anclada en mano de obra barata debe superarse con la visión de una red cooperativa que combine diferentes tipos de propiedad en torno a un plan coherente con sentido estratégico a mediano y largo plazo.

Toda vez que la construcción de una república social es una interacción permanente entre distintos sectores y formas económicas, es necesario seguir profundizando en el análisis de las paradojas. Es necesario abrir una agenda cada vez más amplia de derechos del trabajo colectivo, no solo en materia de horas de jornada laboral, de por sí ya de gran relevancia, sino también la calidad de los trabajos y su sentido de realización personal y colectivo. Desde mi punto de vista, el principio de prosperidad compartida deberá fortalecerse por medio de la recuperación del sector social, es decir, promover redes de combinación distintas de las formas empresariales hasta ahora dominantes. Debe proyectarse un nuevo tipo de sector privado, pero también un nuevo sector social para la nueva economía mixta.

Oscar David Rojas Silva*

*Economista (UdeG) con estudios de maestría y doctorado (UNAM) sobre la crítica de la economía política. Académico de la FES Acatlán (UNAM). Director del Centro de Estudios del Capitalismo Contemporáneo y comunicador especializado en pensamiento crítico en Radio del Azufre y Academia del Azufre.

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