El llamado de Peña Nieto para que el Congreso expida una ley de seguridad interior, exigida por los generales y almirantes del alto mando de las Fuerzas Armadas, se ha presentado como una necesaria revisión de los instrumentos jurídicos con los cuales el Estado combate a la delincuencia. Pero, si hacemos memoria, es exactamente la misma canción que la de Felipe Calderón cuando atropelló varios derechos humanos mediante sus intromisiones en el texto constitucional.
El esquema planteado es el mismo: crear un Estado de policía como respuesta supuestamente eficaz a una delincuencia organizada impetuosa e incontrolable.
Para combatir al narco no se necesitan nuevas leyes. Eso es magia. No es serio. Producción y tráfico de drogas, homicidio, desaparición, robo, secuestro y extorsión, que ahora realizan las mafias del narcotráfico y asociados, siempre han sido delitos. Por más que hayan aumentado las penas, manipulado los tipos penales, agravado ciertas conductas, atropellado derechos fundamentales y proclamado inclemencia para algunos delincuentes, los actos dañosos que realiza esa clase de criminales son perseguibles y punibles como lo eran antes. En cuanto a las investigaciones, la policía ya las puede hacer desde hace años.
Lo que se busca es dar facultades inconstitucionales a las Fuerzas Armadas. Ese proyecto de ley, que según Osorio Chong, ni siquiera debería estar a discusión (¡!), se deriva del fracaso de las estructuras de seguridad pública y procuración de justicia del país, las cuales están dirigidas por los gobernantes, pero, por lo visto, también de las militares, pues ya tenemos más de 10 años en “guerra” y estamos peor.
Al margen del hecho de que las Fuerzas Armadas a veces ejecutan a presuntos, lo cual es un delito que no debería solaparse, con una nueva ley de “seguridad interna” se perpetuarían las funciones policiales del Ejército y la Armada, pero no se daría paso alguno en la dirección de controlar el delito, en especial los ilícitos que cometen los grupos de la delincuencia organizada y sus asociados. No se ha demostrado que la intervención de las Fuerzas Armadas en la persecución de los narcos haya tenido grandes resultados en algún momento de los últimos 60 años, que es el tiempo que aquéllas tienen persiguiendo al narcotráfico con el declarado fin de acabar con este negocio, el cual es más fuerte y diversificado ahora que hace apenas 5 años, cuando terminó el sexenio de Calderón, el ridículo declarante de la “guerra”.
No se quiere analizar la incorporación a la delincuencia de jóvenes procedentes del amplio espectro del resentimiento social, quienes carecen de expectativas de mejoramiento y superación. La mayoría de la juventud mexicana actual no vive ni espera vivir mejor que la generación inmediata anterior, es decir, sus padres. Peña Nieto, como sus antecesores, no ha aumentado el porcentaje de estudiantes de educación superior respecto del total de la población en edad de acceder a ella. Estamos prácticamente igual que hace 30 años. Esto es un desastre nacional.
Pero en lugar de analizar este y otros problemas que se encuentran en el fondo de la actual crisis de violencia, lo que Peña nos propone es ceder ante la exigencia de mayores atribuciones policiales a las Fuerzas Armadas. Por esa vía, los militares tendrían que gobernar algún día de estos porque los civiles son unos perfectos inútiles, aunque, en verdad, las Fuerzas Armadas tampoco han resuelto el drama de la violencia criminal, por lo que, para justificarse, se quejan de falta de facultades.
Pero lo que en realidad ha hecho falta para encarar la criminalidad es un Estado organizado sin la actual estructura de corrupción que le caracteriza, con política social y con política criminológica avanzada, con proyecto policial, con suficiente autoridad que pueda ser ejercida en todo el territorio y con objetivos concretos para que cada uno de sus pasos sean el antecedente directo del siguiente. Lo que quiere hacer Peña es lo mismo que Calderón: palos de ciego en un asunto que no se quiere entender y frente al cual los gobernantes han sido impotentes y se echan la culpa unos a otros.
Si en el Ejército y en la Armada privara el conocimiento de los fenómenos sociales y no sólo la postura institucional, tendríamos unos generales y unos almirantes aconsejando a Peña para que deje de dar tumbos en esta materia y se elabore una nueva política y un programa integral que hagan frente a la crisis de violencia, pero sin basarse en las Fuerzas Armadas porque éstas no han sido hechas para ese efecto. Lo que Peña Nieto busca es elevar a ley la deformación de la milicia en cuerpo policial para hacerla permanente, orgánica y estructural. Esta es la peor opción posible porque en lugar de resolver problemas va a crear más.
No son otras leyes las que se necesitan. Es otra política, necios.
Pablo Gómez
