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La matanza de campesinos a manos de policías estatales en el vado de Aguas Blancas, Guerrero, aceleró los preparativos para la insurrección del EPR. Antes y después del hecho, la fuerza guerrillera realizó acciones armadas contra militares y policías. Aunque el número de milicianos crecía, las diferencias al interior del EPR se volvían irreconciliables
La actividad insurgente –que incluyó trabajo de alfabetización, formación teórica, adiestramiento, propaganda, emboscadas y expansión del movimiento– comenzó un ascenso vertiginoso a partir de 1988 y se consolidó en 1994. En ese tiempo el PDLP se fusionó con el PROCUP y recibió críticamente la noticia del levantamiento del EZLN. Los guerrilleros guerrerenses, a diferencia del Comité Central, se identificaron inmediatamente con las demandas de los pueblos indígenas
La lucha armada en Guerrero se reactivó bajo las siglas del PDLP. El joven Jacobo Silva Nogales recibió la encomienda de reactivar los contactos de Lucio Cabañas en la Sierra de Guerrero. Ellos serían la base de las filas del PROCUP-PDLP, después el EPR y luego del ERPI. Jacobo dio el salto definitivo a un camino que pensó sería de no retorno: el de la clandestinidad
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Los tres hombres más ricos de México: Carlos Slim Helú, Alberto Baillères González y German Larrea Mota-Velasco han conformado parte de su riqueza de la extracción de minerales preciosos como el oro y la plata. Una industria que tiene más de 31 mil concesiones y que deja a su paso conflictividad social y despojo
La presencia de las compañías mineras en comunidades de San Luis Potosí, Oaxaca, Michoacán y Guerrero, entre otros, ha detonado en conflictos sociales, ya que éstas llegan sin consultar a las comunidades –la mayoría de ellas indígenas–, explotan los recursos y deterioran el medio ambiente
Más de 31 mil concesiones mineras se encuentran en manos de trasnacionales. De éstas, 5 mil fueron otorgadas en los últimos 2 años de la administración de Felipe Calderón, revelan padrones oficiales.
En el sexenio de Calderón, la Presidencia de la República ordenó directamente cómo contratar la publicidad del gobierno federal, cuyo costo para el erario ascendió a 32 mil millones de pesos. Ahora, las secretarías de la Función Pública y de Hacienda investigan el uso del dinero público en campañas publicitarias que beneficiaron a los medios de comunicación electrónicos e impresos afines al calderonismo. Las primeras irregularidades detectadas son en las secretarías de Salud –con un sobregiro de 317 millones de pesos–, Desarrollo Social y Turismo
Combatientes islamistas secuestran niños para arrojarlos al frente de las batallas. Informe de Amnistía Internacional documenta que también las viudas corren peligro ante ciertos grupos de muyahidines. Autoridades sólo brindan consuelo a las familias desechas
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