Durante los gobiernos de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, se han presentado 29 quejas ante la Organización Internacional del Trabajo contra el Estado mexicano por violaciones a la libertad sindical. La cifra es un atisbo de la situación real de abusos cometidos por la administración federal en contra de los sindicatos, señalan especialistas. Con un gobierno considerado “antisindical”, la presencia de México en el Comité de Libertad Sindical –instancia encargada de resolver las querellas– resulta una “paradoja”
De las 38 quejas que se han presentado ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en contra del gobierno mexicano, 29 se han interpuesto en la última década, es decir, durante los gobiernos de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa.
Las querellas corresponden a violaciones a la libertad sindical, amparada por el Convenio 87, que México ratificó desde abril de 1950.
En éstas se acusan impedimentos para organizar sindicatos independientes o para ejercer su derecho a la negociación colectiva, negativas de la autoridad de reconocer a organizaciones sindicales o a otorgarles la Toma de Nota a sus directivos, violaciones a los contratos colectivos de trabajo, injerencia de los empleadores en la vida sindical, agresiones a trabajadores y sindicalistas y actos de intimidación para evitar la afiliación de trabajadores a un sindicato.
De las 29 quejas que se han presentado de enero de 2001 a la fecha, cuatro casos siguen pendientes de resolución por parte del Comité de Libertad Sindical (CLS), instancia encargada de analizar las querellas. Otros dos casos se encuentran “en seguimiento”, de acuerdo con la información publicada en el portal electrónico de la OIT.
Se trata de las quejas 2478 y 2679. La primera fue presentada en marzo de 2006 por la Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas y el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana. Acusaban actos de violencia, amenazas de muerte y el homicidio de sindicalistas, la destitución del comité ejecutivo del Sindicato y el establecimiento de un Sindicato paralelo por parte de la empresa y las autoridades gubernamentales.
La otra queja corresponde a la que el Sindicato de Agentes Vendedores de Seguros en General en el Estado de Jalisco y la Unión Nacional de Trabajadores llevaron al organismo internacional en noviembre de 2008, alegando despidos antisindicales de dirigentes y afiliados al sindicato, así como la cancelación del registro de la organización a petición de empresas del sector como táctica para atemorizar a los trabajadores.
En noviembre de 2009, a un mes de que el gobierno federal decretara la extinción de la empresa Luz y Fuerza del Centro, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) presentó su queja ante la OIT. Su demanda es por la violación a los convenios 87 y 98, relativos a la libertad sindical y a la negociación colectiva, respectivamente.
La solicitud sigue pendiente de admisión en el CLS, pues se pidió al SME ampliar la información para sustentar las violaciones aludidas. De aceptarse, se trataría de la décima queja por violaciones a la libertad sindical interpuesta en lo que va de la administración calderonista.
En opinión del director del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), Luis Bueno Rodríguez, la cifra de las quejas presentadas ante la OIT es apenas “la punta del iceberg” de una situación mucho más grave de violaciones a la vida sindical en el país, que no es vislumbrada en su dimensión real porque no todos los abusos son denunciados ante dicha instancia, ya sea por desconocimiento o por desconfianza en la efectividad de sus resoluciones.
El presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Manuel Fuentes Muñoz, coincide con el señalamiento de que el número de quejas es mínimo comparado con la cantidad real de violaciones, cometidas no únicamente por el gobierno federal, sino también por las autoridades locales.
Pero además, acota el abogado, la cifra ni siquiera representa el volumen real de reclamos interpuestos ante la OIT, pues a las quejas llevadas al CLS habría que sumarles las reclamaciones hechas al Comité de Expertos, otra instancia creada en el seno de la OIT que revisa casos de otra índole.
Entre ellos, se encuentra la reclamación hecha en 2004 por las modificaciones al Contrato Colectivo de Trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social, que derivó en la desaparición de salarios íntegros a trabajadores jubilados. El Comité de Expertos también revisó la reclamación del caso de la minera Pasta de Conchos, en la que se acusó la violación al Convenio 155, relativo a la inspección del lugar de trabajo.
Antisindicalismo, política heredada
Fuentes Muñoz, quien ha participado en la elaboración de algunas de las quejas llevadas a la OIT, aclara que los agravios a la libertad sindical tampoco pueden considerarse exclusivos de los gobiernos panistas. En su opinión, se trata más bien de la continuidad de prácticas de usanza priista, en las que eran sistemáticas y reiteradas las negativas a otorgar registros sindicales, a desconocer huelgas y a preferir sindicatos corporativos, entre otros agravios.
Bueno Rodríguez apunta que si bien las acciones “antisindicales” del gobierno han prevalecido sin importar el partido político en el poder, ahora las organizaciones sindicales independientes están comenzando a ver este tipo de quejas como un recurso que, sin ser nuevo, les resulta novedoso.
Ello se debe a que en el pasado no se le prestaba atención “justamente porque el propio sindicalismo corporativo no iba a recurrir a este tipo de instancias frente a sí mismo”, comenta el director del CILAS. “Hubiera sido como una autoacusación”.
Si bien los especialistas reconocen que los abusos cometidos contra organizaciones sindicales no se han dado únicamente con las administraciones panistas, ambos cuestionan la pertinencia de que México actualmente forme parte del CLS.
Aunque los estatutos de la OIT indican que un país no puede participar en las resoluciones sobre casos de su propio Estado, Fuentes Muñoz considera que México “tampoco es un agente calificado para señalar si se viola o no la libertad sindical en otros países”.
Bueno Rodríguez califica de “paradójico” el que México, al ser uno de los países donde más se viola el derecho a la libertad sindical, forme parte del Comité de Libertad Sindical. “De entrada, significa tener pocas expectativas para que los casos que sean tramitados ante este Comité tengan un futuro halagüeño”.
Además, considera que la abstención de la representación mexicana en casos que le competen al país “no es suficiente como para garantizar un trato imparcial frente a las quejas que se presenten”.
OIT, instancia sin dientes
La mayoría de las quejas contra el gobierno mexicano presentadas al CLS se encuentra como “caso cerrado”, dado que dicha instancia ha emitido sus recomendaciones al respecto.
Sin embargo, tales recomendaciones no son de cumplimiento obligatorio por parte de los Estados o sindicatos aludidos, lo que limita la efectividad de su trabajo en la defensa de la libertad sindical.
Además, Fuentes Muñoz señala que hay una enorme dilación en los procesos, lo cual es, en parte, atribuible a la falta de profesionales en el Comité de Libertad Sindical para atender todos los casos.
Pero el retraso en la resolución de las quejas también se debe a que el gobierno mexicano “ha aprendido a dilatarse, a estar posponiendo alguna información o a plantear cuestiones que puedan ser muy complicadas de estudio y que pueda motivar un escenario más largo de análisis”, considera el abogado laborista.
Otra situación que entorpece el trabajo de la OIT, a decir de Fuentes Muñoz, es la “labor de lobby” del gobierno mexicano, que se traduce en mantener una presencia constante y diligente en la OIT, mientras que las organizaciones sindicales han estado ausentes debido a su falta de experiencia en este tipo de escenarios.
“Eso puede tener repercusiones muy importantes en la resolución de las quejas. Todavía es un escenario en el cual las organizaciones sindicales no hemos trabajado”, reconoce.
En opinión de Bueno Rodríguez, aun cuando los resolutivos de la Organización Internacional del Trabajo lleguen a ser favorables, no se puede depositar total confianza en que tengan alguna repercusión.
Señala que la ambigüedad con que se mantiene la condición jurídica de las recomendaciones de la OIT permite que los gobiernos evadan su cumplimiento, aun habiendo ratificado los convenios en los que se sustentan.
Gobierno mexicano, “antisindicalista”
La Confederación Sindical Internacional (CSI) señaló, en su Informe anual sobre violaciones de los derechos sindicales 2010, que en América persisten “brutales violaciones” de los derechos sindicales, entre ellos el asesinato de sindicalistas y activistas pro derechos laborales, “lo que convierte a las Américas (sic) en el continente más mortífero del mundo”.
De acuerdo con el documento, publicado en junio de 2010, México ocupa el cuarto lugar en la región en el número de homicidios de sindicalistas en 2009, con seis casos registrados.
Cuatro de ellos fueron de miembros del sindicato minero, quienes “perdieron la vida en el transcurso de una larga acción de huelga”, mientras que los otros dos dirigentes sindicales fueron asesinados en incidentes separados. Uno de ellos fue asesinado junto con su familia, refiere la CSI.
El Informe también da cuenta de que algunos gobiernos del continente “utilizaron la crisis como pretexto para debilitar aún más los derechos sindicales y de los trabajadores imponiendo medidas de flexibilidad laboral”, además de que “empleadores hostiles” a la organización de sindicatos recurrieron a “tácticas antisindicales”, como los despidos, el acoso y las listas negras. En el caso mexicano, se destacó el uso de los contratos de protección como una de las tácticas empleadas.
Los señalamientos de la CSI apuntaron, en suma, a que, en México, “persiste la estrategia antisindical del gobierno”.
Conclusiones similares fueron emitidas por el Tribunal Internacional de Libertad Sindical (TILS), que se reunió en abril de 2010.
En su declaración final, el TILS refirió que “la política antisindical del Estado mexicano conjuga prácticas que conducen a muchas autoridades a ser parte de una red de corrupción con empresarios y supuestas organizaciones que niegan, por la vía del corporativismo, de la simulación, de la ilegalidad o a través del uso de la violencia, los derechos fundamentales del trabajo”.
Tales “anomias institucionales” conducen a la “utilización abusiva” tanto de las instituciones como de las disposiciones legales, como el registro sindical y la Toma de Nota, “que contradicen el derecho laboral internacional para servir a intereses privados”.
