Cuando se habla de rapiña contra el patrimonio de Petróleos Mexicanos (Pemex) inmediatamente se piensa en el flagelo del robo de combustibles, que tan sólo en enero pasado ascendió a 414 mil barriles; así como en los llamados moches o diezmos, que son los sobornos que empresarios pagan a algunos funcionarios de la petrolera para ganar contratos.
Mientras Función Pública exime a empleados de filial de Pemex declarar patrimonio, Inai determina que los negocios de la petrolera –por más de 500 mil millones de pesos– vinculados a empresas offshore no son sujetos de la Ley de Transparencia
De enero a diciembre de 2016, los mexicanos le habremos pagado al líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Carlos Romero Deschamps, al menos 1 millón 565 mil 320 pesos.
Setenta y siete compañías privadas conforman la red empresarial paralela de Pemex: 37 de ellas son offshore. Residen en México y el extranjero, incluidas Islas Caimán y Bahamas. Petróleos Mexicanos, sin embargo, afirma no tener negocios en paraísos fiscales
Ningún empresario, grande o pequeño, y en sus cabales, aceptaría mantener un proceso de producción que le representara pérdidas o exiguas ganancias, insuficientes para cubrir sus obligaciones elementales como el pago a sus proveedores. Por tal razón, los mexicanos debemos plantearnos si vale la pena seguir extrayendo petróleo a un precio incosteable y analizar si no sería mejor opción dejarlo en los pozos hasta que los precios internacionales garanticen una verdadera utilidad.
Las autoridades mexicanas han mantenido en la impunidad, al parecer de manera deliberada, a todos los actores políticos y empresariales ligados a Oceanografía, la contratista favorita de los panistas Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa.
Desde hace varios sexenios el gobierno federal, a través de la empresa PMI (Petróleos Mexicanos Internacionales), filial de Pemex y que se maneja y administra como si se tratara de una empresa privada, se ha especializado en ocultar dinero público en paraísos fiscales producto de la comercialización internacional de crudo y otros productos derivados del petróleo (gasolinas), así como operaciones financieras diversas para la compra y contratación de bienes y servicios para la industria petrolera nacional, además de participar con acciones en empresas extranjeras como la refinería Deer Park en Estados Unidos o Repsol en España. Todo esto lo ha hecho con empresas de papel constituidas por servidores públicos en paraísos fiscales del Caribe y de Europa.
La ruinosa situación a la que han llegado Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) busca ser justificada como consecuencia directa de factores como la devaluación del peso frente al dólar y la acumulación de sus pasivos laborales, evitando por todos los medios tocar asuntos medulares como la corrupción, opacidad y la inducida “quiebra técnica” puesta en marcha desde hace más de 1 década para dar cumplimiento a lo establecido en acuerdos internacionales como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que buscaba la privatización de las empresas estratégicas del sector energético.
Las asignaciones a ATG sólo entre 2006 y 2009 superaron los 52 mil millones de pesos. No hubo control de calidad ni combate a la corrupción. Fue el proyecto de mayor monto de inversión en la historia de la administración pública federal. Hoy estamos ante el colapso económico petrolero más grande del mundo. Jamás se habían derrochado tanto en beneficio de funcionarios y empresas extranjeras
Para hacer frente a la mala calidad del aire no es suficiente que se conmine a los ciudadanos a dejar sus autos al reforzar el programa “Hoy no circula”. Tampoco es suficiente que las autoridades delegacionales suspendan todo tipo de obras en vía pública que generen polvo o emisión de partículas contaminantes. Hace falta llegar al fondo del problema pero poco se está haciendo. Las gasolinas y las fábricas sin regulaciones ambientales adecuadas son el principio. Presidencia de la República difundió que el jefe del Ejecutivo se reunió con el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano Alamán, con el jefe de la Oficina de la Presidencia, Francisco Guzmán Ortiz, con el coordinador General de Política y Gobierno, Andrés Massieu Fernández y con el subsecretario de Planeación y Política Ambiental, Rodolfo Lacy Tamayo. Todos ellos tienen la encomienda de establecer normas emergentes para mejorar la calidad del aire.
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