El dictamen de impactos ambientales –hecho por el gobierno de López Obrador– revela que Calica, filial de la estadunidense Vulcan Materials, es responsable de daños irreversibles a la biodiversidad en los municipios de Solidaridad y Cozumel, Quintana Roo, dentro y fuera de la extensión concesionada para explotación de roca caliza (1 mil 251.43 hectáreas), por lo que el impacto medioambiental superaría las 2 mil hectáreas. Ello causó afectaciones a 883 especies de flora y fauna –194 de ellas, en peligro de extinción–, así como al sistema hidrológico subterráneo del área –al destruir tres cenotes, y contaminar parcial o totalmente el agua en otros 14–; y contaminación de los suelos con 14 metales pesados causantes de cáncer. El diagnóstico estimó que la restauración de la zona, localizada en un corredor biológico que se extiende hasta Campeche, superaría los 7 mil millones de dólares, monto que tendría que cubrir la empresa. Esta semana, luego de que el CIADI adelantó que su fallo no reconocía la mayoría de las exigencias de Vulcan Materials tras el cierre de operaciones ordenado en el sexenio pasado, la presidenta Sheinbaum subrayó que la trasnacional debe resarcir a México por el daño ambiental causado

Afectaciones a 883 especies de flora y fauna, de las cuales 128 se encuentran en riesgo y 66 en categoría CITES (como la tortuga caguama, el tucán pico canoa y el mangle rojo); pérdida de selva con grado medio de madurez, de germoplasma típico de selvas, y de hábitat de especies en riesgo (como mono aullador, mono araña, hocofaisán, ahan-ché, amapa y palma nakás); fragmentación del corredor biológico de especies bandera (entre ellas, el jaguar, actualmente en peligro de extinción); y disminución de zonas de captura de carbono, son algunos de los peores impactos medioambientales que la estadunidense Vulcan Materials causó en más de 2 mil hectáreas localizadas en los municipios de Solidaridad y Cozumel, Quintana Roo.

La extensión de 1 mil 251.43 hectáreas se divide en cuatro predios localizados en esa entidad federativa, considerada como una de las más ricas en biodiversidad en el mundo. Dicha propiedad de la filial Calica (Calizas Industriales del Carmen, SA de CV, hoy denominada Sac-Tun) presenta 80 por ciento de deforestación en el predio Corchalito; 82 por ciento de área deforestada en el predio La Rosita; modificación del perfil costero en la zona portuaria (predio 3); y área ciento por ciento conservada en el predio La Adelita, de acuerdo con una investigación interinstitucional elaborada durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El diagnóstico estima que los daños causados a la biodiversidad, a los cuerpos de agua y al suelo de la región –que se han extendido más allá de los terrenos de Vulcan Materials, pues afectarían más de 2 mil hectáreas– ascienden a unos 7 mil millones de dólares que tendría que pagar la trasnacional al Estado mexicano.

Y es que ese diagnóstico reporta que Calica (o Sac-Tun) también es responsable de impactos irreversibles en el sistema hidrológico subterráneo dentro y fuera de la extensión (de 1 mil 251.43 hectáreas) que le fue concesionada en 1986, por el gobierno de Miguel de la Madrid, para explotación de roca caliza. Dichos impactos incluyen la destrucción de al menos tres cenotes y, en otros 14, la contaminación parcial o total del agua por polvos, exposición de manto freático a cielo abierto, mezcla de aguas salinas y dulces, fracturas de roca caliza en zonas aledañas, elevada presencia de nitrógeno de nitritos y otros compuestos, así como cambio de flujos subterráneos por diferencias de presión.

Los informes científicos apuntan que en el área existe una interrupción del flujo regional subterráneo por los grandes almacenamientos de agua al interior de Calica; lo cual fue verificado por la caída del nivel freático del acuífero en cenotes costeros. En estos últimos, se reporta un deterioro en la calidad del agua atribuible directamente a la actividad minera.

Sobre los impactos fuera del terreno propiedad de la trasnacional estadunidense, se indica que la modificación de flujos regionales generó subsidencia, grietas y depresiones a lo largo de la carretera 307 frente a Calica, que en zonas cársticas pueden producir socavones.

Acerca de la contaminación, el diagnóstico especifica que no sólo fue detectada en el agua, sino también en los suelos dinamitados y destruidos para la extracción de la roca caliza. Basado en pruebas científicas, el reporte demuestra que hay presencia de 14 metales pesados, asociados a enfermedades terminales como cáncer y deficiencias renales. Estos son: bario, cromo, cobalto, aluminio, cobre, hierro, potasio, magnesio, manganeso, plomo, sodio, níquel, titanio y vanadio.

Además, apunta que “se verificó la alteración y destrucción de cavernas y paisaje cárstico al interior del predio”; y que “los cuerpos de agua artificialmente creados al interior del predio constituyen una retención de agua subterránea muy por encima de lo autorizado en las concesiones otorgadas por la Conagua. […] Con lo anterior, se evidencia que la empresa SAC-TUN (antes CALICA) ha incurrido en una apropiación ilegal de los recursos hídricos, al existir volúmenes de agua no declarados y al no existir constancia de pagos de cuotas de garantía, que ascienden a 136.87 millones de pesos al día de hoy [2022]”.

Tribunal internacional dio la razón a México

El desastre ambiental que dejó la trasnacional en Quintana Roo see convirtió en el fondo del arbitraje internacional al que recurrió la propia Vulcan Materials, el 18 de mayo de 2020. El tribunal internacional – Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial– ante el cual demandó al Estado mexicano por supuestas afectaciones a su actividad empresarial –demanda que amplió en mayo de 2022, luego de que el gobierno de López Obrador, a través de la Profepa, clausurara sus actividades– evaluó que la empresa no tiene argumentos para continuar extrayendo roca caliza en el área devastada.

La conclusión del arbitraje internacional se deriva de que México, a través de sus instituciones federales, logró demostrar que los impactos negativos contra el medioambiente y la salud humana se derivan de las actividades extractivas de Calica en la zona, que incluyeron explotación ilegal de roca caliza por debajo del manto freático, actividad que nunca le fue autorizada.

Durante el proceso de alegatos, la administración federal pasada incluso realizó un recorrido en helicóptero por la zona devastada para que los representantes del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones observaran directamente las más de 2 mil hectáreas devastadas por Calica. Fuentes consultadas por Contralínea revelan que, previamente, los árbitros del CIADI ya habían visto imágenes y videos aportados por México, pero quedaron impactados al observar directamente los “cráteres” formados por las explosiones que, de forma recurrente, hacía la filial de Vulcan para extraer más material pétreo del autorizado.

Por ello, en su fallo final –emitido el pasado 27 de julio–, el CIADI es contundente contra la empresa extractivista: de acuerdo con la Secretaría de Economía, se desestimaron todas las reclamaciones de Vulcan Legacy LLC –filial de la trasnacional que encabezó este arbitraje internacional, en el marco del TLCAN–, salvo una medida relacionada con la clausura de un predio de Calica, ocurrida en enero de 2018, explicó. En un comunicado de prensa, la dependencia federal agregó que “esta medida representa menos del 1 por ciento del monto original reclamado”. Ello, porque México deberá pagar sólo 15 millones de dólares, de los 1 mil 700 millones de dólares que exigía la trasnacional.

Acciones legales futuras contra Vulcan

Tras este relevante fallo internacional, el gobierno federal podrá emprender acciones legales contra Vulcan Materials por los graves e irreversibles daños causados al medio ambiente, en consonancia con lo anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Y es que en su conferencia matutina del pasado 28 de julio, la primera mandataria afirmó que la trasnacional debe resarcir a México por las afectaciones ambientales. Aunque adelantó que todavía no se pueden dar detalles del caso, hasta que el CIADI oficialice su fallo final.

El reclamo económico de nuestro país a la empresa podría alcanzar los 7 mil millones de dólares, monto que la investigación interinstitucional elaborada durante el gobierno de López Obrador estimó como costo de los daños. Ese diagnóstico –que lideró la Semarnat, junto con instituciones como la Conanp, el IMTA y el INECC– evaluó que los impactos en la biodiversidad requieren ese fondo multimillonario para restaurar parcialmente las más de 2 mil hectáreas afectadas, pues hay daños que son irreversibles.

Por ejemplo, se concluyó que en el caso de la vegetación devastada se requerirían más 300 años para su recuperación; en cuanto a la pérdida de suelos orgánicos, la investigación multidisciplinaria indica que su restauración requiere “miles de años”; y en el caso de los mantos freáticos, ni siquiera se tiene una estimación en años.

La gran devastación de Calica

El desastre ambiental en Quintana Roo atribuido a Vulcan Materials –por el cual perdió el arbitraje internacional y ahora deberá resarcir a México– es, ante todo, violatorio del derecho humano a un medio ambiente sano, refiere el análisis federal elaborado en 2022 y consultado por Contralínea. La devastación se deriva no sólo de la explotación de roca caliza que le fue autorizada en el periodo neoliberal, sino también de actividades que la propia Semarnat determinó, desde hace 4 años, que eran ilegales. En particular, porque Calica extrajo roca caliza por debajo del nivel freático, lo que nunca le fue autorizado.

El informe explica que para la extracción y aprovechamiento de roca caliza por debajo del manto freático primero se procede al desmonte y despalme de la selva, lo que causa la deforestación. Luego se realizan barrenos, lo que modifica o interrumpe el flujo regional subterráneo, deteriora la calidad del agua y la contamina, además de generar grietas y depresiones.

También implica carga con explosivos, voladuras y extracción del material pétreo, actividades asociadas a esos mismos impactos en los mantos freáticos y cenotes, y a la destrucción y contaminación de suelos. A ello se suma que este tipo de “aprovechamiento” de la roca caliza requiere de transporte, trituración, cribado, selección de materiales y lavado de los mismos, lo que contribuye a contaminar agua y suelos. Finalmente se procede a su almacenamiento, embarque y distribución.

La deuda económica de Vulcan con México

Es por todo ello que en el sexenio pasado, la Semarnat y otras instituciones federales –incluida la Conagua– estimaron que Vulcan Materials debía resarcir a México, por estos daños, los 7 mil millones de dólares. Ello, para restaurar en lo posible el corredor biológico afectado.

Tan sólo en el caso de la restauración de suelos, se determinó que el costo económico por hectárea ascendía a 60 millones 658 mil 181.82 pesos (a valor de 2022), sin incluir los cuerpos de agua artificiales. “Se ha calculado que el costo social para la restauración de la zona impactada por la actividad minera de Calica, hoy Sac-Tun, asciende a 34 mil 650 millones 986 mil 364.68 pesos”, establece el Dictamen de impactos ambientales derivados del proyecto de extracción industrial de roca caliza a cargo de la empresa Calica (hoy Sac-Tun) en los municipios de Solidaridad y Cozumel, Quintana Roo.

Lo anterior, porque “de 1985 a 2022 se han transformado 926.71 hectáreas de vegetación primaria de selva mediana subperennifolia (73.6 por ciento) y subcadocifolia (25 por ciento) en los predios El Corchalito y La Rosita del complejo industrial Calica, hoy Sac-Tun. El impacto que presentan los predios de CALICA, atribuido directamente a la remoción de suelo, ha sido de tal magnitud que es técnicamente imposible la regeneración de su cobertura vegetal”.

El diagnóstico agrega que “se pueden impulsar labores de restauración para una recuperación parcial de las condiciones del suelo que, eventualmente, puedan permitir algún nivel de recuperación de algunas funciones y servicios ambientales en la zona, aunque se reitera que el daño ambiental producido es prácticamente irreversible”.

Otra estimación que ofrece se refiere a la pérdida de la selva. Al respecto, apunta que “la devastación de la vegetación en la zona de estudio ha significado también una disminución en el potencial de secuestro y almacenamiento de carbono, con los impactos económicos y sociales que esto implica. Hay una pérdida potencial de ingresos anuales por la totalidad de toneladas de carbono que no pudieron evitarse y que pudieron entrar a mercados de carbono, calculado en 1.6 millones de dólares”.

Agrega que “la cobertura vegetal existente en la zona de estudio previo a 1985, correspondiente a selvas subperennifolias, tenía un potencial de explotación de recursos maderables y no maderables que pudo haber sido extraído bajo esquemas de aprovechamiento forestal sustentable. Se estima que en el polígono de los predios de Calica se pudo aprovechar una superficie anual de 116.51 hectáreas, con una producción potencial anual de 24 millones 855 mil 579.66 pesos. Esta actividad hubiera generado beneficios económicos y sociales locales y hubiera permitido la conservación de los diferentes servicios ambientales de la zona”.

Área protegida

El 23 de septiembre de 2024, y como una de sus últimas acciones para la protección de la biodiversidad, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador emitió en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se declara área natural protegida Felipe Carrillo Puerto, con la categoría de área de protección de flora y fauna, la superficie de 53,227-07-02.37 hectáreas, ubicada en los municipios de Solidaridad, Cozumel y Tulum, estado de Quintana Roo”.

El área protegida desde entonces abarca el terreno propiedad de Vulcan Materials, como parte de una estrategia ambiciosa que buscaba blindar la región, en caso de que el CIADI fallara contra México y a favor de la trasnacional.

Entre otras cosas, el decreto señala que el sitio Felipe Carrillo Puerto alberga 1 mil 63 especies nativas: siete procariontes, 31 protoctistas, 437 plantas vasculares, 170 invertebrados y 418 vertebrados, cifra equivalente al 15 por ciento de las especies registradas en Quintana Roo. “Dentro de esta riqueza se registran 85 especies endémicas, 112 especies en categoría de riesgo conforme a la ‘Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo’, publicada en el DOF el 30 de diciembre de 2010 […]”.

Asimismo, establece que el área protegida presenta nueve tipos de vegetación: selva alta o mediana subperennifolia, selva alta o mediana subcaducifolia, selva baja subcaducifolia, selva baja espinosa perennifolia, sabana, selva baja subperennifolia (selva sabanera), manglar, palmar y matorral costero. “La conservación de estas comunidades vegetales es relevante al proteger ecosistemas que son característicos de la región Neotropical. Además, de que dicha cobertura vegetal forma un continuo de selvas características de la Provincia Biogeográfica Península de Yucatán”.

Otra de las características que se buscaba proteger y conservar con la declaratoria de ANP es la de los humedales costeros: “la sabana y el manglar, que proveen servicios ambientales al ser zonas de alimentación, refugio y crecimiento de larvas de invertebrados y de peces, actúan como sistemas naturales de control de inundaciones y como barreras contra huracanes e intrusión salina, controlan la erosión, mejoran la calidad del agua al funcionar como filtro biológico, mantienen procesos de sedimentación y sirven de refugio de flora y fauna silvestre. Asimismo, las sabanas contribuyen aproximadamente con el 30 por ciento de la productividad primaria neta terrestre y junto con las selvas tropicales, son uno de los ecosistemas con mayor biodiversidad de plantas”.

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