El Departamento del Tesoro sancionó a tres instituciones financieras mexicanas por “presuntamente” haber colaborado con cárteles del narcotráfico para lavar dinero. Los casos son CIBanco, por 31 transferencias de 2.1 millones de dólares; Intercam, 307 transferencias por 14.4 millones de dólares, y Vector, con al menos 41 transferencias por más de 43 millones de dólares. Todo lo anterior sin pruebas fehacientes y sustentado por “información no pública”. La respuesta de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público fue contundente: de contar con información se actuará con todo el peso de la ley. La Junta de Gobierno de la CNBV decretó la intervención gerencial temporal de dos de las tres empresas acusadas: CIBanco e Intercam Banco. Esta ascción de EU se suma a los desencuentros con México tras el fracaso en Irán.

El 25 de junio de 2025, el gobierno nacional trumpista (John Saxe dixit) a través del Departamento del Tesoro sancionó a tres instituciones financieras mexicanas “presuntamente” vinculadas a cárteles del narcotráfico que, “presuntamente” traficaron precursores de fentanilo.

Bondi mencionó: “No seremos intimidados y mantendremos a Estados Unidos a salvo gracias al liderazgo del presidente Trump. No solo de Irán, sino de Rusia, de China y de México. De cualquier adversario extranjero. Ya sea que estén tratando de matarnos físicamente o mediante la sobredosis de drogas a nuestros hijos”.

El embajador estadunidense en México, Ronald Johnson (exboina verde, experto en operaciones especiales, exasesor del Comando Sur y conocedor de tácticas contrainsurgentes en Centroamérica), subió a sus redes sociales una foto con Anna Morris, subsecretaria interina del Departamento del Tesoro.

El centro del asunto fue el “compromiso de Donald Trump para desmantelar a los cárteles narcoterroristas. Su trabajo contra el lavado de dinero es fundamental para desarticular las redes criminales que amenazan a los ciudadanos de nuestras dos naciones”.

Este es el marco en el que, en un día, tres miembros del gobierno estadunidense presionaron una vez más a México. Sin embargo, es importante revisar qué es lo que menciona de fondo el Departamento del Tesoro con respecto a las designaciones contra CI Banco, Intercam y Vector, de lo cual, claramente, el target político es Alfonso Romo, quien fuera cercano a Andrés Manuel López Obrador.

Aplicación extraterritorial de la ley

Como ha mencionado el Observatorio Lawfare, la aplicación extraterritorial de la ley es una de las expresiones del imperialismo judicial que aplica Estados Unidos al mundo. Es, además, una de las formas que adquiere el lawfare internacional contra los enemigos del imperio y forma parte también de una arquitectura institucional multilateral como se muestra en la Figura 1.

Ante esta situación de aplicación de la ley de forma extraterritorial por parte de Estados Unidos hacia México, merece la pena revisar los tres casos para conocer qué leyes son las que se están invocando por parte del gobierno de Trump y extraer una serie de hipótesis del por qué está ejerciendo nuevamente presión sobre México.

Según la información del Departamento del Tesoro, las sanciones de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, la similar a la UIF en México) no bloquean la propiedad ni suspenden todas las actividades globales en dólares de las empresas mexicanas (como sí hacen otras sanciones del Tesoro, por ejemplo, las de la OFAC). Sin embargo, sí prohíben las transacciones estadunidenses con sus sucursales en México y las excluyen del sistema financiero de Estados Unidos.

Por otro lado, el comunicado del Tesoro menciona que las sanciones contra Vector, CI Banco e Intercam están de conformidad con la Ley de Sanciones sobre Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, las cuales “proporcionan al Tesoro autoridades adicionales para combatir el lavado de dinero asociado con el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos, incluso por parte de los cárteles”.

Además de estas dos leyes, para el caso de Intercam, se invoca la sección 311 de la Patriot Act, la cual faculta al Departamento del Tesoro designar “jurisdicciones, instituciones financieras o tipos de transacciones extranjeras como de preocupación principal en materia de lavado de dinero”.

En estos casos, se está vinculando a tres instituciones financieras mexicanas con el blanqueo de capitales y las asocian al tráfico de fentanilo mediante dos leyes. Destaca la Ley FEND Off Fentanyl, porque mediante esta ley el gobierno estadunidense declaró el tráfico internacional de fentanilo como una emergencia nacional -con lo cual puede hacer uso de otro tipo de leyes, como la IEEPA-. Pero también porque dicha ley exige al presidente de Estados Unidos que “sancionará a las organizaciones criminales transnacionales y a los miembros clave de los cárteles de la droga involucrados en el tráfico internacional de fentanilo y permite al presidente utilizar el producto de los bienes decomisados y sancionados de traficantes para impulsar iniciativas de aplicación de la ley. Por último, permite al Departamento del Tesoro priorizar las transacciones sospechosas relacionadas con el fentanilo.

Bajo este marco, se sancionaron a tres instituciones financieras. Pero más allá de la sanción administrativa, al revisar la información que publicó el Departamento del Tesoro, destaca el hecho de que las sanciones están basadas en su mayoría en “información no pública”.

La pregunta que resalta es ¿de dónde proviene esa “información no pública” y por qué el Departamento del Tesoro decide publicar esta información justo el mismo día que en México se discute una reforma para fortalecer a la UIF en lavado de dinero y cuando está cercano el acuerdo establecido previamente en materia de seguridad con Estados Unidos?

Tiene sentido entonces lo que destaca el comunicado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 25 de junio: “Queremos ser claros: de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley, sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna información en este sentido”.

En la conferencia de prensa del 26 de junio, la Presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la UIF “investiga a estas empresas chinas que supuestamente son las que están asociadas con un presunto lavado de dinero y se encuentra que tienen comercio con México desde hace muchos años y muchísimas interacciones a través de otros bancos, con 300 empresas mexicanas que no muestran que hay algo malo, sino al contrario, que hay un comercio entre China, y México muy activo”.

El 26 de junio, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y la  Comisión Nacional Bancaria y de Valores publicaron un comunicado conjunto en el que señalan que “Con fundamento en el artículo 129 de la Ley de Instituciones de Crédito y con el fin de proteger los intereses del público ahorrador y acreedores, la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores decretó la intervención gerencial temporal de dos instituciones bancarias: CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, e Intercam Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, Intercam Grupo Financiero”.

Caso Vector

Quizá el más importante de todos por el vínculo con dos target, uno de ellos, Alfonso Romo, quien fuera jefe de la Oficina de la Presidencia de la República con Andrés Manuel López Obrador y enlace con privados.

Pero también, -indirectamente- está el actual secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador, que, según la propia página de internet, menciona que trabajó en Vector Casa de Bolsa. Varios medios de comunicación resaltan esta información que es cierta, pero su participación fue entre 1994-1995.

La información que dio a conocer el Departamento del Tesoro destaca que Vector ha sido “fundamental” en el procesamiento de transferencias de fondos a empresas con sede en China, que se sabe enviaron precursores químicos a México con fines ilícitos.

En los tres casos destacan las fechas que mencionan. En el caso Vector, el Tesoro menciona que desde 2019 “se sabe que más de 20 empresas con sede en China” realizaron al menos 41 transferencias por más de 43 millones de dólares.

Entre 2018 y 2023, una empresa con sede en China recibió 12 transferencias internacionales por más de 300 mil dólares de cuatro empresas con sede en México, a través de Vector.

Entre 2022 y 2023, otra empresa con sede en China recibió 18 transferencias internacionales por más de 700 mil dólares de cinco empresas con sede en México, también a través de Vector.

Entre 2020 y 2023, una tercera empresa con sede en China recibió 10 transferencias internacionales por más de 70 mil dólares de al menos dos empresas con sede en México, a través de Vector.

“Probable” vínculo con cárteles de Sinaloa, del Golfo y con García Luna

El documento consultado por Contralínea destaca que “con base en información no pública, la FinCEN ha identificado varias transacciones que involucran a Vector y afiliadas del Cártel de Sinaloa”.

Con esa información no pública, la FinCEN destaca: entre 2013 y 2016, el Cártel de Sinaloa transfirió más de 1.5 millones de dólares a Vector. Entre 2019 y 2021 otra transferencia por 500 mil dólares a Vector a través de una empresa con sede en Estados Unidos.

El Departamento el Tesoro confirma, una vez más, que el secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón estuvo vinculado al Cártel de Sinaloa. El documento de FinCEN menciona que Vector participó en varias transacciones del Cártel de Sinaloa, en donde estuvo involucrado García Luna.

Entre 2013 y 2019, García Luna utilizó a Vector para transferencias por 40 millones de dólares. En el caso del Cártel del Golfo, destaca el Departamento del Tesoro que en el primer trimestre de 2023 “un blanqueador de dinero afiliado al Cártel del Golfo, presuntamente utilizó a Vector como un mecanismo seguro y confiable”.

Intercam

En este caso, la ley que ampara las sanciones es la sección 311 de la Ley Patriota. Al igual que el caso Vector, “con información no pública”, la FinCEN considera que dicha empresa “es una preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides a través de su prestación de servicios financieros que facilitan el tráfico ilícito de opioides por parte de organizaciones delictivas con sede en México, incluido el CJNG”.

La triangulación en el caso Intercam fue con intermediarios en Alemania y China que, según el documento del Departamento del Tesoro, “probablemente facilitaron un envío de clorhidrato de hidroxilamina a través de una empresa mexicana para un intermediario de precursores químicos afiliado al CJNG, basándose en acuerdos similares previos”.

Con 100 transferencias y por más de 8 millones de dólares entre 2021 y 2024, Intercam envió recursos a navieras en Singapur y Hong Kong. Destaca otras 25 transferencias por 700 mil dólares entre 2023 y 2024.

La FinCEN también menciona la triangulación de recursos con China entre 2016 y 2024: 50 transferencias por más 850 mil dólares. 12 transferencias más entre 2022 y 2024, por fondos del orden de 925 mil dólares. Por último 120 transferencias internacionales por 4 millones de dólares.

CI Banco

Este caso está amparado bajo la Ley FEND Off Fentanyl y al igual que los dos casos anteriores, la información que hizo pública el Departamento del Tesoro es “con base en información no pública”, pero también con información pública. Las transferencias fueron más de 31 entre 2020 y 2024:

De diciembre de 2021 a octubre de 2022, los clientes de CIBanco originaron más de 10 transferencias de fondos por un total de más de 600 mil dólares a una empresa ubicada en China.

De diciembre de 2022 a enero de 2023, los clientes de CIBanco originaron al menos nueve transferencias de fondos por un total de más de 935 mil dólares a una segunda empresa ubicada en China.

De diciembre de 2020 a octubre de 2024, los clientes de CIBanco originaron al menos 12 transferencias de fondos por un total de más de 600 mil dólares a una tercera empresa ubicada en China.

¿Mega causa judicial como disuasión integrada?

Es de destacar que el gobierno de Estados Unidos sigue la doctrina de la Disuasión Integrada, marco de referencia para la seguridad nacional estadounidense dentro de las guerras híbridas ampliamente estudiadas por Andrew Korybko.

Dicha estrategia de disuasión, según palabras de Charles Q. Brown Jr., titular del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Aérea, implica “aprovechar todos los poderes de nuestra nación; alinear nuestras políticas, inversiones y actividades; y adaptar nuestros esfuerzos a competidores específicos como estrategia de disuasión holística”.

¿De dónde proviene esa información no pública que sustenta toda la información y la designación contra las instituciones financieras y por qué sacar esta información cuando en México se legisla sobre el lavado de dinero y que eliminó la figura de terrorismo?

De esta pregunta, una línea de investigación implica no perder de vista que en Estados Unidos se encuentran varios implicados en casos ligados al narcotráfico, desde más de una treintena de dirigentes de grupos del narcotráfico hasta Genaro García Luna. Varios de ellos han rendido declaraciones y algunos han colaborado con las autoridades estadunidenses.

En los casos de lawfare, hay tres variables que lo conforman: el timing político, porque como mencionó el expresidente López Obrador “política es tiempo”; el target político, sea un funcionario, institución o gobierno, y por último, los medios de comunicación que manufacturan consenso para deslegitimar gobiernos progresistas, como de hecho pasó ya con la campaña mediática de narcopresidente y narcocandidata en 2024.

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