Los excesos de ministros y ministras del máximo tribunal de México “indican que no tenemos una Suprema Corte [de Justicia de la Nación] subordinada a la Constitución, sino una Constitución subordinada a la Suprema Corte, al grado que se escucha entre litigantes decir: ‘¿y qué dice la Constitución al respecto? Lo que indique la Suprema Corte’”, criticó la ministra Lenia Batres Guadarrama.

Durante la ceremonia de investidura en el Pleno de la Corte este 4 de enero de 2024 –en la que le fue impuesta la toga por parte de la presidenta Norma Lucía Piña Hernández–, la nueva juzgadora señaló que “la Suprema Corte no puede seguir tomando decisiones anticonstitucionales amparada en que sus decisiones son inatacables. Es cierto que los juicios deben tener una instancia de cierre, pero eso no quiere decir que los acuerdos generales o las jurisprudencias que dicta la Suprema Corte puedan estar por encima de la Constitución o de las leyes mexicanas. Por eso me he atrevido a hablar de excesos”.

Batres Guadarrama –quien se dijo halagada por ser nombrada la ministra del pueblo– acusó que “una cosa es que la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura [Federal] tengan facultades reglamentarias para facilitar, vía acuerdos generales, la impartición de justicia, y algo muy distinto es que sus acuerdos tengan validez general y se conviertan o funcionen como ‘Ley Suprema de la Unión’”.

En su “Yo acuso”, Lenia Batres advirtió que esta Suprema Corte se ha extralimitado: “el carácter inimpugnable de sus decisiones la ha llevado a confundir jerarquía de la Constitución con jerarquía de la instancia”.

Como ejemplo, citó que el tribunal constitucional “se ha colocado por fuera y por encima del trabajo que realiza la Auditoría Superior de la Federación, impidiendo efectuar auditorías de desempeño”. Asimismo, observó que “ejerce poderes que están expresamente vedados en la ley, como el otorgamiento de suspensiones en casos de acciones de inconstitucionalidad, en contravención con el artículo 64, último párrafo de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Incluso, la nueva ministra advirtió que la SCJN “ha creado instancias, como la etapa ante los Tribunales Colegiados de Circuito en el incidente de inejecución de sentencias que no tiene sustento constitucional y prolongan los procesos. Se ha adjudicado facultades para legislar y determinar la reviviscencia de normas expresamente derogadas por el Congreso de la Unión”.

Al respecto, añadió que “Hans Kelsen calificó a los tribunales constitucionales como legisladores negativos, pero la Suprema Corte ha asumido una función de legislador positivo, pues define normas que prevalecerán posteriormente como una acción de inconstitucionalidad, invadiendo la esfera del Poder Legislativo que fue electo democráticamente”.

La crítica de la nueva ministra fue más allá y apuntó a sus ahora pares. Desde la tribuna de la propia Suprema Corte, acusó que desde hace 14 años se “ha incumplido el artículo 127 constitucional, que fija como límite para la remuneración de las personas servidoras públicas la establecida para el presidente de la República. Disposición que no fue impuesta ni por el actual mandatario [en referencia a Andrés Manuel López Obrador], ni por las mayorías parlamentarias actuales, sino que entró en vigor en 2010. La insistencia en este tema no responde a una política o a ideales de una cierta visión partidista, simplemente considero que nos corresponde acatar la Constitución”. Por ello, recordó que la jurisprudencia únicamente es una interpretación de la ley, “no puede estar por encima de ésta y menos de la propia Constitución”.

La ministra Lenia Batres Guadarrama también indicó que para el disfrute de la seguridad ciudadana, México requiere políticas, normas y mayor armonía entre las acciones de los tres Poderes de la Unión hacia el combate de la incidencia delictiva.

También se requiere, dijo, de la garantía de los derechos identificados como garantías penales, presunción de inocencia, derecho a recibir sentencia y a contar con tribunales independientes e imparciales ante los que se pueda acudir fácilmente para obtener una justicia pronta y expedita.

Y aclaró: “no tenemos un problema ideológico, sino una responsabilidad de Estado para proporcionar a la sociedad mexicana seguridad ciudadana, investigación de delitos y sentencias justas. Si algunos elementos de las policías preventivas, ministeriales o de la Guardia Nacional cometen errores en el llenado, por ejemplo, del famoso informe policial homologado, los juicios deberían tener algún momento procesal para subsanar estos errores. Es decir, para cooperar con la suplencia de la queja en favor de las víctimas en vez de generar impunidad en la persecución de los delitos”.

Ante la violencia delictiva que calificó como el principal problema del país, consideró que se esperaría una Corte sensible y con un fuerte activismo judicial. Lejos de ello, dijo, “tenemos una Corte enfocada en casos que tienen fuertes implicaciones políticas, que incluso involucran afectaciones al orden público y al interés social, como la declaración de invalidez de leyes o de normas que buscan proteger los bienes nacionales: el caso de la Ley de la Industria Eléctrica, o distribuir el poder como la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales [el Plan B]”.

En este tema, la ministra Lenia Batres expuso: “por cierto, tanto en el caso de carpetas de investigación como en las reformas de ley declaradas inválidas, que consideran únicamente errores de procedimiento y no estudian el fondo de los asuntos, es decir, su presunta inconstitucionalidad, la Constitución prevé en el artículo 17 que las autoridades deben prever la solución de los conflictos sobre los formalismos procedimentales. El Poder Judicial no lo está cumpliendo”.

Por ello, llamó a la autocrítica a ese Poder de la Unión: “en una reflexión seria y mesurada, la Suprema Corte tendría que concluir que debe autolimitarse y someterse a la auténtica jerarquía normativa de nuestro país”.

Visión crítica

Tras mostrarse contenta la nueva ministra de la Corte vio varias reivindicaciones derivadas de su nombramiento: “la llegada de la paridad, o casi, de las mujeres; la llegada de personas tangibles, terrenales, con problemas comunes; la llegada de visiones distintas a las predominantes del constitucionalismo mexicano; la llegada de visiones críticas de este Poder Judicial”.

Además, aprovechó para reivindicarse como ministra del pueblo: “quien crea que pueda ridiculizarme por prevenir de este pueblo mexicano, no sabe la fuerza y la grandeza que me está atribuyendo. Fuerza y grandeza que recibo con esa dignidad. Ministra del pueblo me han dicho y es un enorme halago, una misión grande que acepto con honor y con la responsabilidad que merece”.

Derechos invisibles para la Corte

En su discurso, la ministra Batres Guadarrama reconoció avances en los criterios de la Suprema Corte respecto de algunos derechos, como “garantizar la no discriminación por razones de origen étnico, color, idioma, religión y opinión política, entre otras. Así como para hacer posible el ejercicio del libre desarrollo de la personalidad de nuestro derecho a fundar una familia y a su diversidad, el derecho a la propiedad; a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, a la libertad de opinión y expresión, a la libertad de reunión y de asociación y a participar en el gobierno por medio de nuestros representantes”.

Sin embargo, dijo, “existen derechos poco desarrollados, tanto legislativa como instrumental y jurisdiccionalmente. Estos derechos corresponden básicamente a dos ámbitos: el de la igualdad y la justicia social, y el de la seguridad ciudadana y las garantías penales”.

Sobre esto, detalló que “el derecho al trabajo, a la seguridad social y al descanso, el derecho a la salud y a la atención médica, a la educación, a la cultura y a la ciencia, a la vivienda, a la alimentación y el vestido, a gozar de un medio ambiente sano, son derechos que requieren también de un bloque de constitucionalidad que coadyuve a su promoción, respeto, protección y garantía”.

Asimismo, Batres Guadarrama consideró que “son millones de mexicanas y mexicanos los que aún se hallan lejos del ejercicio de la dignidad personal que les puede proporcionar el acceso a estos derechos sociales”.

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