La ventaja de tener mala memoria es que se goza muchas veces con las mismas cosas.

Nietzsche

Entender la complejidad del presente requiere rememorar hechos históricos fundamentales. En el caso de Chile y el regreso de la ultraderecha pinochetista, de la mano de José Antonio Kast Rist, no es la excepción. Por ello es importante recordar el triunfo del “no” en el plebiscito de octubre de 1988, que significó un rotundo éxito para la política de oposición concertacionista, en especial para la Democracia Cristiana (DC). Ello, porque les permitió capitalizar una larga y costosa lucha que habían dado los sectores más consecuentes contra la dictadura de Augusto Pinochet. Precisamente, fue la DC quien condujo y hegemonizo, a última hora, el triunfo electoral de octubre (1988).

La izquierda quedó neutralizada por su propia ambigüedad y falta de un proyecto de largo aliento (Partido Comunista, PC), pese a que las evidencias fueron múltiples y reiteradas. Lo único que se ha logrado, es que en los hechos se agudicen los debates dentro y fuera, y entre los partidos revolucionarios, llegando a quiebre, divisiones y éxodos masivos (PC, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, Frente Patriótico Manuel Rodríguez), frente a su incapacidad de llegar a acuerdos sobre cómo enfrentar la nueva situación y la apertura del espacio político electoral. Incluso la idea de rebelión popular se mira con temor y se impone la tesis del ‘esperismo’, profundizando el vacío político y, a la vez, generando el licenciamiento del movimiento popular, llevándolo a la inactividad e inacción.

En el fondo, las cúpulas políticas de izquierda no han tenido una política de desarrollo de la autonomía popular, asumiendo como única alternativa el formato de la transición impuesto por la Concertación (DC).

Esto agudiza el desfase y el conflicto de representatividad entre la lucha política, reducida a la confrontación electoral y a negociaciones por arriba, y la lucha social de las organizaciones populares, las cuales no encuentran expresión en los partidos de la izquierda tradicional, que al parecen están más preocupados de alianzas y candidatos (y ahí los ‘renovados’ cosechan frutos). Así, la militancia de base empieza a emigrar o a conformar diversas orgánicas de carácter contestatario e insurreccional, que están quedando fuera del control de las clases políticas dirigentes si bien es imposible vaticinar su futuro.

Así, y a contracorriente de la retórica de los transitólogos y concertacionistas renovados, el objetivo de las asambleas callejeras y marchas sectoriales, que culminaron con barricadas y apagones en gran parte del territorio nacional (en este otro septiembre), fue propagar y reorganizar las bases de la organización popular, dejando muy en claro que se oponen a tranzar la sangre de los asesinados y desaparecidos y que no pretenden claudicar frente a los que ayer apoyaron y gestaron la dictadura (la derecha y la DC, sumada a la irresponsabilidad de los dirigentes del  Partido Socialista –PS– y de su secretario general en 1973, Carlos Altamirano Orrego),[2] quienes que hoy manejan los hilos de la transición democrática.

Mientras los políticos debaten en televisión y continúan a todo vapor con sus campañas electorales, las organizaciones populares y de trabajadores, a pesar de los pesares, buscan caminos de lucha y expresión a través de huelgas y marchas. Obviamente, estos hechos no aparecen en prensa alguna.[3]

En Concepción, los obreros del carbón y sus familias van a la huelga; en Lumaco y Collipulli, al sur de la provincia de Malleco, por la recuperación de sus tierras, los campesinos mapuches hacen frente a la represión, con el consabido saldo de heridos, otros tantos detenidos y torturados por carabineros y agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI). Incluso al interior de la iglesia católica no escapan de los conflictos: en la Fundación MISSIO, enfocada a ayudar en casos de represión, su presupuesto fue rigurosamente recortado y se despidió a parte importante del personal. En la empresa ABASTIBLE, frente a los despidos y reducción de salarios, los obreros respondieron con la toma de local y huelga.

Pequeñas, pero numerosas manifestaciones (que trascienden las jornadas de Paro Nacional), en donde a diario las organizaciones de base intentan reconstruir los lazos poblacionales, organizacionales y sindicales, despedazados durante estos años por la dictadura militar.

Si bien ellos saben de antemano que no tendrán apoyo de las dirigencias políticas y sus adláteres, quienes siguen con el boom electoralista y no pondrán en riego su tan preciada ‘transición’ y menos aún van a permitir que las masas, el pueblo, participe en la construcción de su propio camino, el desarrollo de las organizaciones populares tiene –por lo mismo– el objetivo reconstruir lazos de sociabilidad, esencialmente democráticos y participativos, y para ello un elemento de vital importancia lo constituyen los grados de unidad.

Unidad no entreguismo ni claudicación; unidad que permita la convergencia de objetivos que incluso consientan articular las orgánicas barriales de defensa político-militar. Unidad que tampoco debe ser confundida con la configuración o alzamiento de referentes cupulares a través de la suma de siglas, para desde allí llamar al pueblo –a la gente– a movilizarse.[4]

Precisamente este accionar práctico es lo que ha llevado a mirar con mayor atención el proceso que se está viviendo al interior de las organizaciones populares, sobre todo en sectores con trayectoria y cultura de izquierda, y que no deja de preocupar a las cupulas partidarias y a los intelectuales institucionalizados (orgánicos) quienes ven con preocupación que, a nivel de las bases, están siendo sobrepasado por los acontecimientos.

Frente a esto los democratacristianos, y la Concertación de Partidos por la Democracia, han adoptado fórmulas para contener las demandas populares que ya se perfilan con fuerza. Por un lado, minimizan el conflicto, pero entregan su más ‘irrestricto apoyo solidario’, prometiendo que tal o cual situación (derechos humanos: trabajo, salud, educación, juicio y castigo)[5]  se revisará una vez asumido el nuevo gobierno, en el caso de ganar Patricio Aylwin A. ¿Y si no? …

Por otro, la opción más efectiva parece ser el pecado por omisión. Es decir, en prensa, giras y campañas de los candidatos opositores no se menciona, ni se habla de estas movilizaciones y conflictos, salvo honrosas excepciones, como si no pasara nada. Lo que sí les inquieta y preocupa por decir lo menos, son las tan acertadas y oportunas declaraciones del general, declaraciones que provocan carreras balbuceos, flujo e indigestión en algunos candidatos, sólo que todo esto es un juego, un juego y nada más que un juego.

Sumado a lo anterior, otra de las preocupaciones centrales de la Concertación en materia económica consiste en no poner en peligro los sacros factores macroeconómicos del modelo dictatorial, como reiteradamente declaran a El Mercurio los señores Carlos Ominami o Alejandro Foxley, avalando las políticas implementadas por la dictadura la década anterior: privatizar recursos y servicios públicos (salud, educación), flexibilizar el trabajo, achicar el Estado y abrir mercados externos. Eficaces mecanismos para reforzar el esquema de las ‘ventajas comparativas’ sobre la base de bienes primarios.

Si bien desconocida por el público en general, esta ‘lógica’ de política económica se explica fácilmente. Muchos personeros de la Concertación (DC), de la derecha y de los renovados de izquierda, están vinculados con los cárteles económicos criollos y transnacionales: Zaldivar Larraín con el grupo neozelandés Cartel Holt Harvey y con el grupo Angelini, Valdez Subercaseaux con el grupo Matte en papelera Arauco (junto a otros personeros políticos de ‘oposición’ que ocultan muy bien este tipo de vínculos), por ello maniobran con destreza para valerse de las fuerzas populares: porque ‘en la coyuntura electoral, mientras sea necesario mantendremos alianza con los sectores renovados de la izquierda’ señala Saldívar, y, ‘de ser necesario, consolidaremos más tarde alianzas con la centro derecha democrática’.

Por eso para Eugenio Tironi Barrios, en su fase terapéutica de revisión y pragmatismo, ‘la izquierda y las bases populares deben ser controladas porque pueden llegar a ser antisistema, no solo para el régimen militar, sino para la Concertación’.

Por lo mismo, ‘la izquierda debe tener claro que el sometimiento al juego electoral no es gratis’, debe, una vez más, ‘pagar su precio’, lo cual entre otras cosas significa renovarse y abandonar su ambigüedad y violencia.

El precio que la dictadura y la ‘oposición política’ (DC, Socialistas Renovados y el Partido por la Democracia, PPD) le ponen a la izquierda, ‘para alcanzar una transición democrática justa y ordenada’ es, en primer lugar, rebajar el programa de lo plausible; certificado de buena conducta y que los sectores que sean aceptados en la Concertación se olviden de todo intento por cambiar la sociedad o estructura dominante. Por lo mismo, renuncia tajante a la lucha armada, descalificación de todo intento de reivindicación extra-electoral. Sumado a lo anterior, se debe aceptar, en todo aquello que significa, la administración y la tutela de las fuerzas armadas.[6]

Estos son los acuerdos y el programa de la transición. Acuerdos que se mantuvieron en estricto secreto, al límite solo para el conocimiento de unos pocos dirigentes de las esferas partidarias,[7] y que quedaron establecidos en el seminario internacional convocado por el PSOE, la Fundación Pablo Iglesias y la Internacional Socialista en Madrid, en el año 1983. Fue allí cuando se definió el rumbo de la transición política. En estos seminarios participaron los mismos políticos que hoy la liberan: Patricio Aylwin Azocar, Erick Schnake, Ricardo Lagos Escobar, Hernán Vodanovic, Andrés Zaldívar Larraín: Gabriel Valdés Subercaseaux, Jorge Lavandero Illanes, Manuel Antonio Garreton, Alejandro Foxley y otros que han optado por no aparecer en el listado público. Estos acuerdos marcan la ruta a seguir: salida pactada, presión vía movilización social y, posterior consenso pacífico.[8]

Por consiguiente, llama la atención que entre 1983 y 1989, sea el periodo en donde más se insista en la movilización popular y también (el ciclo de las protestas), en donde la represión se hizo cada vez más brutal en contra los sectores populares: allanamientos y detenciones masivas, relegación a zonas inhóspitas del país, tortura, muertes y desapariciones.[9] Además, son los años en que fortuitamente empiezan a retornar del exilio figuras de alto perfil político (agosto de 1983).

Así las cosas, el PC sigue en ‘espera’ y continúa sin cuestionar seriamente el alcance y los rigores de la nueva situación política después del plebiscito, porque, al límite, ‘la ropa sucia se lava en casa’. Mientras, en el discurso, sigue llamando a la reactivación nacional de la movilización en lo que resta para las elecciones del 14 de diciembre, pero sin base programática alguna, sin una correlación de fuerza y desarrollo orgánico, menos aún sin estructura militar adecuada al momento, y todo ello sumado a los reiterados vicios de organización.

Pero los viejos revolucionarios, militantes comunistas de base y el pueblo no olvidan, y saben que los demócratas de hoy fueron los cómplices y asesinos de ayer.[10]

Referencias:

[1] Apuntes de una ‘historia no oficial’ mientras fui corresponsal de prensa para el DRS de la ex–RDA (1988-1992).

[2] En el libro Altamirano (1989), que se desprende de la entrevista de la periodista Patricia Politzer a Carlos Altamirano Orrego en París (1987, 1988), éste señala que la UP se había equivocado, pues de lo que se trataba era de ‘humanizar y el capitalismo’. Con esta pirouette, Altamirano acepta la economía de mercado y la necesidad de la renovación socialista. Es decir, abandonar todo intento por sustituir el modelo capitalista por la vía estatal y revolucionaria, estableciendo el distanciamiento –del socialismo– con las tesis marxistas ortodoxas y pavimentando el camino programático para la Concertación de Partidos por la Democracia. He de recordar que Altamirano Orrego, como secretario general del Partido Socialista durante el gobierno de Salvador Allende. G, era el líder del sector más radical y rupturista de la izquierda y quería incendiar todo Chile con la revolución …

[3] Nota post scriptum: Una de las estrategias de las dictaduras militares que asolaron la región de América latina en las décadas de los 60 y 70, fue la de exterminar, anular y silenciar, o ‘cooptar’, a los medios de prensa. En Chile, entre los medios que apoyaron o fueron cooptados por la dictadura, destacan los periódicos: El Mercurio, La tercera; Revistas Qué Pasa, Ercilla, Vea; TV y Radios: Canal 13 de la Pontificia Universidad Católica de Chile; Televison Nacional de Chile y la Radio Agricultura). Si bien la resistencia fue clandestina, destaca el apoyo de los boletines de la Vicaría de la Solidaridad y de las Revistas Apsi y Hoy; estas últimas eliminadas definitivamente por la Concertación democrática durante el gobierno de Patricio Aylwin A.

[4] Históricamente, en América latina y en Chile, desde las primeras luchas sociales y obreras por la obtención y reconocimiento de los derechos y luego, durante la resistencia en contra de las dictaduras militares, las luchas se articularon bajo la noción clásica de ‘pueblo’. Sin embargo, en Chile la campaña del NO (ideada por el renovado y arrepentido publicista, Eugenio Tironi B.), sustituyó de forma deliberadamente ideológica esa semántica/lenguaje e instalo el aséptico e impoluto concepto de ‘gente’, y esto constituye un significativo giro no solo de la narrativa circunstancial, sino también del sentido del proyecto político de la transición.

[5] Nota post scriptum: Al respecto, es dable puntualizar que, si bien en el programa de la Concertación de los Partidos por la Democracia, se hablaba de el esclarecimiento de la verdad y la justicia en materia de derechos humanos, una vez que Patricio Aylwin A. ocupó la presidencia de la República, rebajó sus pretensiones con la célebre fórmula de verdad y justicia en la medida de lo posible, lo que implicaba un reconocimiento limitado del atropello a los derechos humanos y, a la par ocultar su complicidad en los hechos.

[6] Un dato no menor: entre el 11 de mayo de 1983, fecha de la primera protesta nacional y diciembre de 1984, se desarrollaron 11 protestas de carácter nacional convocadas por las organizaciones sindicales, con un saldo de más de 100 muertos, sobre 1000 heridos y más de 10.000 detenidos: trabajadores, estudiantes, profesionales, mujeres, jóvenes y niños. En la cuarta protesta nacional (11 de agosto de 1983), la más dura y mortífera de todas las realizadas, el recién designado Ministro del Interior, Sergio Onofre Jarpa, desplegó 18.000 efectivos del ejército en Santiago. El 6 de noviembre de 1984 la dictadura impuso el Estado de sitio para frenar movilizaciones y protestas.

[7] La primera ve que escuché ‘rumores’ sobre estos acuerdos fue en 1983, en el marco de las asambleas estudiantiles para democratizar las federaciones universitarias; en1986 tuve la confirmación.

[8] Casualmente, ese mismo año (1983) se crea la Alianza Democrática (AD), conglomerado integrado por los partidos Demócrata Cristiano (DC), Partido Republicano, Partido Radical (PR), Partido Socialista (PS), Partido Social Demócrata (PSD) y la Unión Socialista Popular (USP). Paralelamente, la izquierda histórica crea el Movimiento Democrático Popular (MDP) conglomerado que nuclea al Partido Comunista (PC), Partido Socialista fracción Almeyda (PS), el Movimiento de izquierda Revolucionario (MIR) y algunas facciones del Movimiento de Acción Popular (MAPU).

[9] ECO Educación y Cultura (1989). Talleres de Análisis de Movimientos Sociales y Coyuntura, N° 1 – 4 – 5 – 6, Santiago, Chile, enero 1988, diciembre 1989 (circulación restringida).

[10] Informe Hinchey (1975 – s/f). Las actividades de la CIA en Chile, Washington, EE. UU.