La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) propuso un presupuesto de 1 mil 650.8 millones de pesos, equivalente a 9.28 por ciento nominal, respecto de los 1 mil 819.8 millones aprobados para el ejercicio de 2026.
De acuerdo con el organismo, el proyecto presupuestal enviado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y actualmente en manos del Congreso contempló un ajuste que se concentra principalmente en el gasto destinado a servicios, por lo que, aseguró, no va a comprometer sus funciones sustantivas.
Al considerar la inflación estimada de 3 por ciento establecida por Hacienda en los Pre-Criterios Generales de Política Económica, la CNDH calculó que la reducción equivaldría a una disminución real de entre 12 y 13 por ciento, aproximadamente 223 a 225 millones de pesos.
La propuesta forma parte de una transformación administrativa emprendida desde 2020, cuyo objetivo ha sido reducir estructuras burocráticas y orientar una mayor proporción de los recursos públicos hacia la atención, protección y defensa de los derechos humanos, señaló el organismo.
Indicó que sus niveles de gastos ejercidos en el rubro de Servicios Personales, durante los últimos años han sido inferiores a los montos autorizados. Asimismo, reportó una reducción de su plantilla. En 2019 contaba con 1 mil 926 personas, entre 1 mil 770 servidoras y servidores públicos y 156 plazas contratadas mediante outsourcing, actualmente, opera con menos de 1 mil 500 personas.
Pese a la reducción de personal, la CNDH afirmó que entre 2020 y 2026 los salarios acumularon un incremento de 43 por ciento para el personal operativo y 30 por ciento para las personas visitadoras adjuntas.
La CNDH sostuvo que la reducción presupuestal no implica una disminución de su capacidad institucional. Por el contrario, afirmó que durante la actual gestión se han alcanzado los niveles más altos de emisión de recomendaciones y acciones de inconstitucionalidad en su historia.
También señaló que su modelo busca privilegiar la prevención de violaciones a derechos humanos y el acompañamiento permanente a las víctimas, además de mantener la emisión de recomendaciones como una herramienta de defensa.
La propuesta presupuestal deberá ser analizada y, aprobada por el Congreso de la Unión.
La comisión aseguró que el ajuste no afectará sus labores de protección, defensa, observancia, promoción y divulgación de los derechos humanos y busca consolidar un modelo de defensa centrado en las víctimas y en un uso más eficiente de los recursos públicos.
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