Una sociedad sin información no tiene una participación política eficaz, por lo que toda forma que reprima la libre expresión se convierte en un mecanismo que coarta el derecho a la información de los hombres y mujeres del planeta. Sin embargo, una tendencia se afianza en algunos países de América Latina, entre ellos México: la judicialización del ejercicio periodístico y la “asfixia” económica contra medios críticos
Tan sólo en 2008, el periodismo mexicano sufrió 223 actos contra reporteros y medios informativos. Esa cifra contrasta con los ataques que un año antes sufrieron los comunicadores y sus empresas, cuando se consignaron 113 casos. La Fundación Manuel Buendía revela en su Informe Buendía 2008 la fragilidad del derecho a la información y el acoso al que está sometida la libertad de expresión en la actualidad; además, cataloga a 2008 y al primer semestre de 2009 como “los periodos más violentos y con mayor número de ataques para el periodismo mexicano en los últimos tres lustros”.
Una expresión cada vez más frecuente en América Latina para coartar la libertad de expresión es la judicialización del periodismo, a través de demandas y denuncias de autoridades y particulares contra la información periodística. Miguel Julio Rodríguez Villafañe, abogado y presidente de la Asociación Iberoamericana del Derecho a la Información y la Comunicación (AIDIC), manifiesta que “es gravísimo judicializar la opinión. Como abogado defensor de periodistas digo: ¡no nos van a amedrentar!”
Agrega que, desafortunadamente, esa creciente judicialización genera autocensura y, al mismo tiempo, obliga a los periodistas a pensar demasiado si deben decir la verdad. Esto no es justo para el periodismo, pues “al periodismo hay que pedirle seriedad, no heroísmo, aunque hay periodistas heroicos”.
Perla Gómez Gallardo, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, aborda el caso de las demandas que particulares y autoridades han impuesto contra medios de comunicación mexicanos. También se observa la escalada en la intolerancia contra el ejercicio periodístico, desde los factores reales de poder, que promueve la judicialización de la libertad de expresión a través de leyes anacrónicas que aún permiten que los periodistas sean demandados por daño moral. Leyes que se aplican por jueces incapaces, que, incluso, desconocen el alcance de esas normas.
Como ejemplo, cita el caso de las demandas contra las revistas Proceso y Contralínea, “en las que se viola el interés público a la información”; así como el juicio contra todos los participantes en el libro La sosa nostra, que es parte de una fórmula para sumergirlos en un juicio largo y costoso. De esa manera se utiliza ahora a la ley contra el bien común a favor de unos cuantos.
Rodríguez Villafañe propone que, para hacer frente al acoso contra la libertad de expresión, la sociedad debe exigir el derecho pleno a la información. Que la sociedad civil no sea indiferente porque la respuesta es de todos y el periodista no es uno solo, “es nuestro representante implícito para acceder a esos derechos humanos”. La sociedad necesita del periodista, y para ser participativa y democrática debe respetar el trabajo y la persona del periodista, por lo que las nuevas leyes que se elaboran sobre medios deben dar prioridad al aporte social, dice.
Ilustra este abogado su reflexión con la ley para la radio y televisión que actualmente se debate en Argentina. Explica que en el borrador de esa iniciativa legal “no hay un lugar especial para la mujer y el hombre que cumplen su función de comunicadores”, dejando de lado el acto humano que es la información.
Rodríguez subraya que esa concepción es errónea porque queda claro que en esa norma legal el periodista no necesariamente tiene el apoyo de su propia empresa, que lo precariza en muchos casos, sobre todo cuando se trata de medios electrónicos. En este caso, destaca una práctica usual llamada loteo, en la cual el periodista carece de independencia: tiene que conseguir la publicidad y cobrarla para, después, supuestamente hacer un “producto informativo serio”. “Todo eso es preocupante y debe serlo aún más para la propia sociedad”.
Apunta que en el debate sobre la libertad de expresión hay aspectos que analizar y de los que no se habla, como que la sociedad se gobierna desde dos posiciones: por la ley o por el miedo. En el primer caso, explica el defensor de periodistas, gobernar por la ley a la sociedad sería lo aspirable, pero últimamente, cuando estructuras corruptas han cooptado al Estado, y cuando el delito organizado es parte del poder estatal, se tiene la sensación de que el problema se transforma en algo más grave y difícil de transformar.
En el segundo caso, gobernar a la sociedad por el miedo, dice Villafañe, que es la práctica más común: miedo a salir por un asalto, miedo a la gripe H1N1, miedo al desempleo, al futuro inseguro, etcétera, y con ese temor los ciudadanos deciden encerrarse en su casa y llegan a pensar: “Mientras me den seguridad, no me roben y tenga televisión y celular, hagan lo que quieran”, y es entonces cuando las personas abandonan el espacio público, apocan sus requerimientos cívicos y los medios de comunicación terminan siendo cómplices de eso.
El presidente de AIDIC comenta que el jefe de noticiarios de un canal importante de televisión expresó que esa emisora ya no se ocupa de informar, sólo se ocupa de “entretener y emocionar”. Ante esa expresión, Rodríguez manifiesta su sorpresa y acota que no descalifica el entretenimiento, pues es parte de un derecho humano, pero observa en esa tendencia un criterio creciente a no profundizar en los temas fundamentales de la vida de los ciudadanos.
“Todo se maneja con criterio de ondas mediáticas e indudablemente no ayuda a construir en lo más mínimo conductas cívicas ni la posibilidad de forjar una participación democrática en equidad ni en igualdad ni justicia.”
Por lo tanto, insiste en que esos temas se deben abordar de forma cotidiana así como refrendar desde todos los ámbitos el compromiso con la libertad de expresión y el derecho a la información, ambos “son faroles que iluminan. Tenemos la obligación de dar esperanza”, concluye.
Por su parte, el vicepresidente del Tribunal de Ética de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión de Perú, Gustavo Romero Unga, manifiesta la urgencia por promover un nuevo pacto social y político, pues actualmente resulta paradójico que se avance más en el terreno económico mientras se retrocede en algunos derechos fundamentales, entre ellos la libertad de expresión y el derecho a la información.
Estima “realmente absurdo” que luego de que se había avanzado en esos temas, al paso de los años “nuevamente tengamos que volver a la defensa de estos derechos”; considera que sólo se tendrá éxito en la medida en que los medios se acerquen con la sociedad, pues en el momento actual hay un divorcio mutuo y eso permite estos problemas.
Ante el cotidiano recuento de daños que se acumulan contra los comunicadores mexicanos y de la región, la Fundación para la Libertad de Expresión dio a conocer el documento titulado Compromiso con la libertad de expresión, que contempla el derecho a la libertad de expresión como la esencia de todas las libertades.
Los integrantes de la fundación –que preside Armando Prida Huerta y de la que son consejeros, entre otros, Jorge Carpizo Mac Gregor, Elena Poniatowska, René Avilés Fabila y Miguel Badillo– reafirmaron en el preámbulo del documento, que se hizo público el 17 de agosto, que la libertad de expresión es trascendente por cuanto rebasa incluso el ámbito personal para constituir sociedades más libres, plurales, democráticas y respetuosas.
Criminalizar el trabajo de los periodistas para acallar su pensamiento, asesinarlos, desaparecerlos o violentar sus derechos es parte de las agresiones que sufren los periodistas en México; a ello se suman el acoso fiscal y la inequidad publicitaria, expresa Armando Prida. Dice que el compromiso con la libertad de expresión se verá reflejado en la sociedad en su conjunto y en beneficio del país.
Jorge Carpizo, exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México y quien como servidor público demandó a periodistas, admite que en el país “tenemos problemas serios, entre ellos, los asesinatos de los comunicadores que están en la impunidad”. Advierte que no puede haber libertad de expresión si un comunicador se autolimita porque peligra su existencia.
El periodista paraguayo Benjamín Fernández Bogado manifiesta que el compromiso por la libertad de expresión es el “grito abierto, cierto y valiente” en medio de un país que tiene esa cifra tan nefasta de muertos y que no se compara ni con la tradición ni con la cultura que México ha cultivado y que ha proyectado hacia América Latina de manera constante y por muchos años.
Afirma que el compromiso se redactó con base en que no hay mejor manera de buscar solución a los conflictos que a través del debate, la discusión y la profundización a través de palabras y argumentos, porque cuando no es así surge la violencia como la única manera que tiene para responder “aquel que cree que su idea es la única válida”.
