El 28 de diciembre de 2019, en vísperas de un año nuevo, llegó la tormenta con el grito de los proyectiles de grupos armados que se disputan el territorio en la comunidad de El Naranjo, municipio de Chichihualco. A las 6:00 dio inicio la balacera, que duró 8 horas. El resultado fue el asesinato de Sair López Salgado, de 17 años de edad.
El viernes 27 de diciembre de 2019 un grupo armado de Tlacotepec incursionó en la comunidad de El Carrizal cuando sepultaban a doña Lucia Trujillo Guzmán, desplazada por la violencia, en Chichihualco. Murió de un derrame cerebral. No importa el dolor de las familias desplazadas, son más los intereses económicos y las disputas territoriales de los grupos delincuenciales que se imponen en la región serrana.
Nada hacen las autoridades estatales y federales. La violencia sigue tragándose vidas y desplaza a personas. De acuerdo con el Centro Regional Integral de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, hay más de 300 familias y 120 niñas y niños desplazadas desde el 11 de noviembre de 2018, de las comunidades de Los Morros, Campo de Aviación, Filo de Caballos, El Carrizal, La Escalera y El Izote (de los municipios de Leonardo Bravo y Heliodoro Castillo). Varias familias han tenido que refugiarse no sólo en la cabecera municipal de Chichihualco sino en Cuernavaca, la Ciudad de México y al menos 10 familias han tenido que cruzar la frontera hacia los Estados Unidos.
En la serranía de Guerrero los conflictos se dirimen con la ley de las balas. En 2010 se agudiza la violencia “pensando en que es por la siembra de amapola”. Recientemente dos grupos civiles armados mantienen el asedio y el control de las comunidades serranas. Por un lado, los autonombrados “policías comunitarios”, aliados y el grupo armado de Tlacotepec, operado por Onésimo Marquina. Por el otro lado, Isaac Navarrete (el Señor de la I) con el Cártel del Sur que opera en Chichihualco. La geografía de la violencia –en cuanto a los policías comunitarios de Tlacotepec– abarca parte de Petatlán, pasa por la presa de El Caracol, Apaxtla, Iguala de la Independencia, Zumpango y llega Chilpancingo, más de 27 comunidades (las más grandes serían Tlacotepec, Xochipala, Mezcala, Filo de Caballos, Zumpango, Puerto del Varal, Huerta Vieja, Corral de Piedra, Huerto Verde Rico, Corralitos, Campo de Aviación, Los Morros Tres Cruces, Mirabal, La Laguna, entre otras) de los municipios de Heliodoro Castillo, Leonardo Bravo, Zumpango y Chilpancingo. Mientras, el Cártel del Sur sólo controla Chichihualco, El Naranjo, Yextla, El Carrizal de Bravo, El Palmar, Jalapa y Chilpancingo. Las fronteras entre comunidades o municipios son efímeras en un conflicto bélico donde el gobierno de Guerrero está ausente, más aún cuando trata de inclinar la balanza hacia un lado por parentesco familiar o compadrazgo. El aliado de Onésimo Marquina puede llegar a las altas esferas del Ejecutivo del estado de Guerrero. Sus alianzas se extienden a Apaxtla, Tierra Caliente (con el Pez), y también con Los Dumbos de Xaltianguis con Xavier Marquina, hermano de Onésimo, y el Carrete, detenido por el Caso Ayotzinapa. “Era quien financiaba la guerra en la sierra porque se dedicaba a secuestrar”, dice una fuente que debemos mantener bajo reserva. Otra alianza la mantiene con el Señor de los Caballos de Cuernavaca. Esta correlación de fuerza del grupo armado de Tlacotepec, los supuestos sociales y la oralidad de las personas sierreñas apunta a la tesis de que la policía estatal está involucrada. ¿Verdad o mentira?
¿Cuál es el detonante en la férrea disputa de los grupos de la delincuencia organizada? Pueden ser los yacimientos minerales, empezando por las mineras de Carrizalillo y Mezcala, la explotación de madera y la siembra, trasiego y la comercialización de la droga. En realidad es más complejo, porque es todo eso y también el negocio del trasiego y venta de armas.
Hablar de violencia es pensar en el desplazamiento como una de sus consecuencias. Máximo, uno de los desplazados, relata que por miedo salió de su pueblo. Desde 2013 estaba inconforme con la violencia que azotaba su comunidad, tenía la idea de “denunciar con el gobierno, con los derechos humanos, hasta con la PGR [la entonces Perocuraduría General de la República]” porque no somos personas de armas, sólo protejo a mi familia”.
Continúa: “Nosotros nos dedicábamos a la agricultura, a la siembra de maíz, frijol, plantas frutales y siembra de amapola. La pobreza nos lleva a sembrar esa droga, ya que el gobierno no nos apoya con proyectos productivos. Un campesino que siembra poca amapola viene sacando unos 3 kilos. Cuando tenía buen precio, su valor era de 20 a 25 mil pesos el kilo de goma. El trabajo de peón era de 200 pesos al día. Los compradores llegaban a las comunidades, no sabíamos de dónde venían. Nada era seguro, como todo agricultor esperamos el tiempo y el agua, en este caso se sumaba que en ocasiones venía helicópteros del gobierno a fumigar. Siempre se sembraba maíz y frijol de todas maneras porque no había seguridad de que fuéramos a cosechar.
“Yo empecé trabajando cuidando los chivos de mi papá, pero se fueron terminando y empecé a sembrar maíz y frijol. Después miré que no alcanzaba el dinero para mantener a una familia de cuatro integrantes. Muchos sembraban la amapola y me animé para tener e irla pasando. Porque de todas maneras aunque no sembraba, el vecino sí y cuando venía la fumigación también fumigaban mi maíz. Fueron 8 años. No hay otra fuente de trabajo. La amapola tarda 4 meses desde que la siembras hasta la cosecha, el riesgo está latente hasta que se vende.
“Al principio sí pensábamos que la violencia era por los territorios, por la siembra, el trasiego y la distribución en los mercados. Pero ahora vemos que no del todo, porque muchos ya dejaron de sembrar la amapola porque ya no vale, ya la desmancó el fentanilo. Y muchos ejidos y comunidades están viendo que el problema va más allá de las drogas, tiene que ver más con los minerales, la madera y las huertas de aguacate.”
La violencia, la marginación y la pobreza se conjugan conspirando contra las y los desplazados. La pesadilla sigue. En las comunidades no hay maestros ni doctores porque no se brinda seguridad. El problema es un cáncer que sigue contagiando la vida social y comunitaria. Si este tren de la violencia no se detiene, más pueblos serán desplazados.
Don Máximo piensa que el control de la sierra lo tomarán las comunidades, pues ya no encuentran otra forma de parar la guerra de despojo. “Lo único que queremos es que otras familias inocentes no sufran lo que nosotros estamos padeciendo. No queremos agarrar las armas porque estamos apostándole a los derechos humanos, pero con mucha desesperación y sufrimiento llegará el día que se tomarán las armas. Entonces, responsabilizamos al gobierno de lo que pueda ocurrir”.
La violencia escaló exponencialmente en los últimos años. El 28 de diciembre de 2019 la comunidad de El Naranjo quedó bajo las balas de los grupos armados. El tiempo se detuvo con el terror infundido, pues acostumbran a violar a las mujeres y matar a los hombres. A las más jóvenes se las llevan. Nunca más se vuelve a sabe de ellas. y cuando no les sirve las matan o las desaparecen. La rapiña de los grupos armados no tiene límites para la imaginación humana. Se ha llegado a un terrorífico clímax.
El hecho más reciente tuvo lugar a las afueras Chichihualco cuando los desplazados protestaban en un lugar llamado Guardaganado, para que la Guardia Nacional brindara seguridad ante el asedio de los grupos armados. Sin embargo, la policía estatal respondió con represión, encañonando y cortando cartucho. El director del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Manuel Olivares, y Teodomira Rosales fueron retenidos por 40 minutos. El uso excesivo de la fuerza y su letalidad deja a la vista la irracionalidad de las corporaciones policiacas, máxime cuando deben seguir protocolos apegados a los derechos humanos.
Isael Rosales Sierra*
*Integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
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